Iberdrola-Villarejo: 3 directivos citados por el juez y despido de la hija del testigo clave

El día en que Ignacio Sánchez Galán anunció la compra de otra empresa en Estados Unidos por 3.663 millones de euros y la contratación de nuevo del exministro Ángel Acebes como consejero de Iberdrola, la Audiencia Nacional ha citado a tres directivos de la eléctrica en calidad de investigados para declarar sobre las relaciones con el comisario de policía José Manuel Villarejo. Una orden que coincide con el despido por parte de la compañía de la hija de José Antonio del Olmo, el testigo clave que denunció las presuntas irregularidades.

El juez Manuel García-Castellón ha comunicado a Juan Carlos Rebollo, actual jefe de Riesgos y Aseguramiento de Iberdrola, que debe personarse el próximo 3 de noviembre en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional para declarar sobre las facturas supuestamente falsas con que el grupo energético pagó a Villarejo por unos trabajos calificados de “confidenciales”, destinados a investigar a sindicatos, políticos, directivos de la compañía y hasta a Florentino Pérez, y que solo conocían cuatro altos cargos de la eléctrica, entre otros, el presidente Ignacio Sánchez Galán.

Un día más tarde, el magistrado ha citado a Pablo Insunza, director de Administración y Control, que también fue citado en el informe elaborado por Del Olmo en el que advertía de los pagos irregulares al comisario jubilado por más de 450.000 euros. Tras verse implicado en este caso de presunta corrupción, Insunza se querelló contra su antiguo compañero de Iberdrola, encargado de contabilizar las facturas que llegaban desde el área de Seguridad.

El último imputado al que García-Castellón ha llamado a declarar es José Luis San Pedro, el que fuera consejero director general de Iberdrola, el número dos del grupo y la mano derecha de Galán. San Pedro, que ha negado en la investigación interna realizada por la compañía cualquier conocimiento de estas facturas, pero que le ordenó que pagara y se olvidase, trató hace un año de que Del Olmo se echara atrás, rectificase y firmase un documento en el que negaba el informe que denunciaba las irregularidades.

El conocido como testigo clave rechazó este ofrecimiento, principalmente porque el citado documento fue llevado ante notario cuando ocurrieron los hechos y fue firmado por tres personas que también conocían los pagos no justificados. Lo mismo hizo después Uría y Menéndez en nombre de Iberdrola, pero el empleado desoyó sus invitaciones y ratificó en su comparecencia como testigo ante el juez la veracidad del documento.

Más grabaciones

Las declaraciones de estos tres imputados se presentan como clave para el devenir del caso, sobre todo porque la policía tiene grabaciones de algunos de ellos en las que presuntamente conminan a Del Olmo a contradecirse “por su bien” y para evitar represalias por parte de Iberdrola. Una de ellas era el futuro laboral de una de sus hijas, que trabajaba para la eléctrica. Según fuentes internas, la compañía ha comunicado recientemente la ruptura del contrato con esta persona, que había sido partícipe de varios proyectos internacionales en Reino Unido y Alemania.

Sus citaciones fueron fijadas inicialmente a finales del pasado mes de julio, pero el descubrimiento de más pruebas por parte de la Policía Nacional, especialmente varias grabaciones de Villarejo, ha retrasado sus comparecencias ante el juez García-Castellón. Dentro de este nuevo material que cita la policía, se encuentran una "voluminosa documentación" y archivos de audio de reuniones que Antonio Asenjo Martín, exjefe de Seguridad de Iberdrola, también imputado, mantuvo entre 2003 y 2017, periodo que duró la relación contractual entre Cenyt, la empresa de Villarejo, e Iberdrola.

También tendrá que presentarse en la Audiencia Nacional como testigo José María Álvarez Vázquez, exdirector de Patrimonio y que presuntamente fue espiado por Villarejo por encargo de la eléctrica.