El número dos de Iberdrola pidió al testigo clave pagar las facturas anómalas y olvidarse

José Luís San Pedro, el que fuera número dos de Iberdrola hasta 2014, fue consciente de los trabajos "confidenciales" y las "actividades anómalas" que la eléctrica encargó y pagó a José Manuel Villarejo, según declaraciones del testigo clave. Así consta en el sumario de la causa que investiga la Audiencia Nacional sobre las relaciones de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán y el comisario de policía.

José Antonio del Olmo, el administrador de Iberdrola que alertó en un informe de las supuestas irregularidades en ocho facturas por importe de 351.500 euros abonadas indirectamente a Villarejo, sostuvo en su declaración ante el juez Manuel García Castellón que el documento publicado el 2 y el 3 de diciembre de 2019 es veraz. Más aún, Del Olmo, ya jubilado, presentó en una de sus declaraciones una copia del mismo y explicó que no le resultó posible comprobar si las facturas emitidas a la empresa de seguridad Casesa y que, en realidad, habrían servido para pagar al comisario, fueron o no "correctas debido a las características especiales de los servicios facturados y su carácter confidencial".

El exdirectivo, que se encargaba de visar los pagos a proveedores, aseguró que se sintió presionado para aceptar el pago de las facturas que están bajo sospecha por temor a perder su puesto de trabajo o su cargo en la compañía si se hubiera negado a aceptarlas, según recoge el sumario. Por este motivo, puso los hechos en conocimiento del Director General de Administración, Control y Regulación de Iberdrola en aquellas fechas, José Luis San Pedro Guerenabarrena, que luego fue ascendido a consejero director general o número dos del grupo energético.

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Del Olmo le remitió el citado documento con las presuntas irregularidades, "recibiendo como respuesta que se olvidase de ese asunto porque había que validar esas facturas". El testigo manifestó también que debido a esos temores optó por comparecer ante un notario en compañía de Marcos Peña Díaz, anterior director de Relaciones Externas y Seguridad de Iberdrola, y de Ángel Zarabozo Galán, colaborador del anterior, con objeto de protocolizar en un sobre cerrado el citado documento rechazado por el Director Generar de Administración, Control y Regulación de Iberdrola, junto con las facturas emitidas por Casesa y por Cenyt con su firma de validación, y un documento explicativo de los hechos firmado por los tres comparecientes.

Los tres registraron estos documentos el 20 de diciembre de 2004 ante un notario, al que el juez ahora le ha reclamado el informe para su verificación. Estos tres ya exdirectivos de Iberdrola fueron llamados a declarar en enero por el fiscal, al que ratificaron todos los hechos denunciados en el archivo.

Por el contrario, San Pedro, que pidió en persona a Del Olmo que se retractase el mismo día que El Confidencial publicó los documentos de estas presuntas irregularidades, ha negado cualquier conocimiento de estas actividades. Así lo hizo ante PWC, la consultora que contrató Iberdrola para investigar internamente los hechos. En la entrevista con los responsables de PWC, el anterior número dos del grupo indicó que "no reconoce el documento, del que solo habría tenido conocimiento tras haber sido publicado por El Confidencial; que no recuerda haber recibido una nota o informe de las características del analizado; que ni don José Antonio del Olmo ni ninguna otra persona le remitieron el documento, y; que está convencido de no haberlo visto nunca antes, puesto que, en caso de que le hubiera sido entregado —y fundamentalmente por el contenido de la segunda página del mismo—, lo hubiera puesto en conocimiento inmediato del presidente".

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Un presidente que, según Del Olmo, estaba al tanto de todas estas operaciones, aseveración que provocó que Iberdrola se querellara contra él por injurias. No obstante, en su declaración ante el juez y a petición de la propia Iberdrola, el exadministrador ratificó la veracidad del documento.

Según su declaración, "no tiene conocimiento ni sospecha alguna de que la empresa Casesa realizase pagos a terceros en nombre de lberdrola", en relación con que esta empresa fue usada como presunta tapadera para abonar hasta 251.500 euros a Villarejo por los trabajos de espionaje a políticos locales y jueces de Arcos de la Frontera, los cuales se oponían a la construcción de una central de ciclo combinado en la población gaditana por más de 800 millones de euros.