García-Castellón denuncia al abogado del exjefe de Seguridad de Iberdrola por injurias

Manuel García-Castellón, el magistrado que investiga las vinculaciones de José Manuel Villarejo con las empresas del Ibex, ha decidido parar los pies al abogado de Antonio Asenjo, exjefe de Seguridad de Ibedrola, imputado por la contratación del comisario jubilado de Policía. Según una providencia remitida al juzgado y un escrito al Colegio de Abogados, García-Castellón denuncia a Manuel Santaella por el vocabulario soez del letrado del directivo de la eléctrica, que de forma reiterada ha criticado la "torticera" postura de un juez "sordo" y "ciego".

El magistrado estima que los términos usado por Santaella "exceden notoriamente del ejercicio al derecho a defensa", por lo que ha enviado un escrito a la Comisión de Deontología del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. El documento ha sido remitido al Ministerio Fiscal con fecha 2 de octubre para que abra diligencias por el comportamiento del letrado, que desde el primer momento atacó a García-Castellón por la presunta indefensión de su cliente.

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El juez enumera una veintena de recursos presentados por Santaella en los que, a su juicio, emplea una terminología intolerable. Por ejemplo, en el último, remitido en septiembre al juzgado número 6 de la Audiencia Nacional donde se investiga la pieza que relaciona a Villarejo con Iberdrola, el abogado expone que "sin perjuicio a los fines manifiestamente espurios que tiene el meritado partido político para haber instado la personación en esta causa", en referencia a Podemos, que desde un primer momento se interesó por el caso.

En otro documento, Santaella dispara con más vehemencia contra García-Castellón, sobre el que dice: “De ahí que se acuse directamente a ese Ilmo. instructor de acogerse a una comodidad que su posición de juez central de instrucción le niega por principio, pues la tranquila instrucción de una causa sin que los investigados vengan a romper la quietud y placidez de la que pretende disfrutar nunca ha de poder alcanzarse a costa de unos derechos fundamentales como los que ese Ilmo. instructor se encuentra violando y vulnerando tan sistemáticamente”.

En abril, el abogado de Asenjo, que en noviembre cumplirá un año de imputación, sostiene que "uno y otros han incurrido, al entender de esta representación letrada, en gravísima e insoslayable responsabilidad penal que tengan a buen seguro que exigirá con la mayor contundencia de la que seamos capaces. Pero ello, no hoy, porque hoy toca trabajar precisamente para defender a quien, por maniobras torticeras, ha permanecido en la más absoluta, abyecta y deleznable indefensión reservada por juzgado y Ministerio Público, para más y mejor repercusión pública de unos logros que escondían indebidamente un as en la manga, que se les acaba de escurrir poniendo de manifiesto un comportamiento que, así pasasen mil años, este letrado no habría siquiera podido imaginar, a pesar de su tendencia al fatalismo".

Santaella no ahorra en vocablos como "el pito del sereno" y "pajolero papelito", y frases como "tribunal que se esconde tras el secreto, no es de fiar"

Santaella no ahorra en vocablos como "el pito del sereno" y "pajolero papelito", y sentencias como "tribunal que se esconde tras el secreto, no es tribunal de fiar" o "juez abusón, perdición", para definir las actuaciones de García-Castellón y a su equipo, al que este verano se refería de la siguiente manera: "No hay más sordo que quien no quiere oír, y un juez no puede ser sordo; a lo sumo, habrá de ser ciego, pero jamás sordo, pues ello constituye una flagrante violación del derecho a la tutela judicial efectiva".

La defensa de Antonio Asenjo ya pidió en febrero la recusación del magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo, basándose en la pérdida de la imparcialidad objetiva que a su juicio ha demostrado el juez durante varios momentos del interrogatorio a su cliente. En abril, presentó una querella contra García-Castellón por tres presuntos delitos de prevaricación de los artículos 446.3, 448 y 449.1 del Código Penal por supuestamente "dictar resoluciones a sabiendas de su injusticia", "negarse a resolver peticiones del querellante" y "retrasar conscientemente decisiones" afectando la defensa del exdirectivo, investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos en la pieza 17 del caso Tándem.