Nueva polémica en el megacontrato de ingeniería de Madrid por falta de publicidad
El consistorio no puso a disposición de todos los interesados un estudio previo de soluciones para preparar las ofertas en la puja por el contrato de ingeniería para el soterramiento de la A5
El mayor contrato de ingeniería licitado en años por el Ayuntamiento de Madrid vuelve a estar en el ojo del huracán. Después de que el consistorio retrasara la fecha de presentación de ofertas por las protestas del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), que reclamó que los pliegos hicieran referencia específicamente a estos profesionales entre los candidatos a presentar ofertas, un problema de transparencia amenaza ahora con ponerlo en jaque.
Según han denunciado a este medio algunas empresas, los responsables de esta licitación han incumplido la regla de remitir a todos los interesados el estudio previo de soluciones que, según reconocen desde el consistorio, "analizaba fundamentalmente el método constructivo para la ejecución de esta obra".
La Ley de Contratos, en su artículo 70, señala que "el órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la competencia".
Las medidas que cita específicamente la normativa para garantizar la igualdad de condiciones de todos los candidatos son "la comunicación a los demás candidatos o licitadores de la información intercambiada en el marco de la participación en la preparación del procedimiento de contratación o como resultado de ella, y el establecimiento adecuado para la presentación de ofertas", una publicidad que, en este caso, no se dio.
Publicidad de un contrato menor
Este contrato menor fue adjudicado a Typsa con fecha 8 de abril de 2020, por 18,085 euros, IVA incluido, según un documento firmado por Dolores Ortiz, directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad, al que ha tenido acceso este medio. El presupuesto inicial era de 18.148 euros y el plazo de ejecución, 15 días. Según han explicado desde la consejería de Medio Ambiente, esta ingeniería fue la elegida por haber realizado la oferta económicamente más competitiva, aunque al tratarse de un contrato menor, no había obligación de concurrencia.
Este estudio previo no se puso a disposición de todo el mundo en la plataforma de contratación, algo que desde el consistorio justifican alegando que en el pliego técnico ya se recogía toda la información que se consideraba necesaria para preparar las ofertas, y porque ningún interesado lo solicitó explícitamente, aunque reconocen que deberá analizarse, en el supuesto de que esta ingeniería termine siendo la ganadora.
"Analizado el estudio y los antecedentes existentes, no parece que se den las circunstancias para excluir a la empresa por haber realizado un estudio previo de soluciones. En todo caso, el órgano competente para decidir es la mesa de contratación", señalan desde la consejería de Medio Ambiente.
Un portavoz de Typsa, por su parte, ha asegurado a este medio que "este contrato menor no nos incompatibiliza para presentarnos al contrato principal". Otras ingenierías competidoras, en cambio, aseguran que se ha incumplido la ley y que el Ayuntamiento tendría que haber entregado la documentación a todos.
La redacción del Paseo Verde del Suroeste, nombre con el que se ha bautizado este proyecto, es la mayor obra pública municipal de la última década. Se trata de un contrato de cinco millones de euros, solo para la parte de ingeniería, importe únicamente comparable a proyectos tan emblemáticos como la remodelación de la estación de Chamartín.
El mayor contrato de ingeniería licitado en años por el Ayuntamiento de Madrid vuelve a estar en el ojo del huracán. Después de que el consistorio retrasara la fecha de presentación de ofertas por las protestas del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), que reclamó que los pliegos hicieran referencia específicamente a estos profesionales entre los candidatos a presentar ofertas, un problema de transparencia amenaza ahora con ponerlo en jaque.