Cruce de cuchillos en Madrid por la licitación de la mayor obra de ingeniería de la década

El pasado 11 de mayo, en medio del confinamiento decretado por el estado de alarma para combatir la pandemia del coronavirus, el Ayuntamiento de Madrid dio el pistoletazo de salida definitivo al mayor contrato de ingeniería visto en la capital desde el megaproyecto de soterramiento de la M-30: la redacción del bautizado como Paseo Verde del Suroeste. Es la mayor obra pública municipal de la última década.

Se trata de un contrato de cinco millones de euros, solo para la parte de ingeniería, importe solo comparable a proyectos tan emblemáticos como la remodelación de la estación de Chamartín. El coste total de la obra está estimado en 180 millones de euros. Su autor intelectual dejará además su impronta en el futuro diseño de la ciudad, ya que esta obra contempla el soterramiento de casi cuatro kilómetros de la A5, desde el Paseo de Extremadura hasta Avenida de los Poblados, colaborando así en la regeneración de la zona y enlazándola con otros iconos como Madrid Río.

Todos estos elementos convierten a esta obra en uno de los proyectos estrella de la legislatura y ayudan a comprender el interés del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida por inyectar la mayor celeridad posible para que sea una realidad cuanto antes. Una velocidad que, sin embargo, ha sido vista con recelo por varias ingenierías, que critican que el consistorio apenas dio quince días para preparar un trabajo de estas dimensiones, cuando lo habitual es al menos un mes, y con la agravante de tener que hacerlo en pleno estado de alarma.

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De hecho, según ha podido confirmar este medio, al menos dos empresas solicitaron formalmente al ayuntamiento que ampliara el plazo, peticiones que les fueron denegadas. La última negativa se comunicó el 21 de mayo y, para sorpresa de las ingenierías, apenas cinco días después, a última hora de la tarde y en vísperas de cumplirse el plazo para presentar las propuestas, el consistorio decidió por sorpresa romper este criterio y conceder otras dos semanas.

El motivo de este inesperado cambio, según ha reconocido el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, fue una protesta formal del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) por no hacerse referencia específicamente a estos profesionales entre los perfiles requeridos en los pliegos y, por tanto, consideraban que se les había “cercenado el derecho a presentarse al concurso”.

Un argumento que dista mucho de la interpretación que se hace desde el consistorio, que considera que no solo podían concurrir, sino que todos los ofertantes lo harán con equipos multidisciplinares, argumentos insuficientes a ojos de los arquitectos, que según han explicado a El Confidencial, para poder liderar las ofertas necesitaban que se modificara los pliegos para recoger específicamente su potestad de participar.

Sea como fuere, la realidad es que, al final, el consistorio accedió a la petición de los arquitectos y modificó el pliego para ampliar el perfil de los concurrentes. Un cambio que, además, acompañó de la concesión de una prórroga de dos semanas, retraso que según reconocen desde el consistorio no estaban obligados a dar, pero que hicieron para evitar que los arquitectos recurrieran la licitación y la paralizaran.

Excusas de mal pagador, según explican desde varias ingeniería que están participando en este concurso, ya que todos los interesados concurren con equipos multidisciplinares y el 85% del trabajo es de ingeniería. “Está claro que el soterramiento de la A5 lo deben ejecutar equipos multidisciplinares, pero el pliego debía garantizar que esos equipos también los pudieran liderar estudios de arquitectura, como así ha sido finalmente”, replican desde el COAM.

Fue la propia decana de los arquitectos, Belén Hermida, quien trasladó al ayuntamiento el malestar de sus colegiados, primero por medio de una llamada telefónica y, posteriormente, con una carta. Y aquí es donde vuelven a despertarse susceptibilidades por como se han sucedido los acontecimientos.

El consistorio concedió solo dos semanas para presentar ofertas, cuando proyectos similares conceden al menos un mes, y en pleno coronavirus

La misiva ​del COAM, a la que ha tenido acceso este medio, está fechada el 25 de mayo, aunque su registro de entrada en el ayuntamiento es del 27 a las 10:35 de la mañana, es decir, un día después de que hubiera sido formalmente prorrogado el plazo.

Según puede comprobarse en el portal de contratación, fue el día 26 por la tarde cuando se decidió cambiar de criterio y conceder otras dos semanas, hasta el 11 de junio. Desde el COAM explican que, aunque el registro oficial es del 27 de mayo, se envió por correo electrónico el día 26 de mayo por la tarde, en cualquier caso, y a tenor de los hechos, cuando la decisión de ampliar ya estaba tomada, porque un paso y otro son inmediatos.

Esta cadena temporal, unida a la licitación exprés que se había intentado llevar a cabo hasta entonces, ha levantado todo tipo de suspicacias entre las empresas de ingeniería, para quienes un contrato de estas dimensiones es un trofeo por el que pocas veces pueden competir, un auténtico premio gordo que, además, gana el doble de peso ante el nuevo entorno de crisis económica.

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Desde el consistorio tratan de ahuyentar fantasmas asegurando que, si bien es cierto que no tenían ninguna obligación de conceder otras dos semanas, se tomó la decisión para evitar el riesgo de que desde el Colegio de Arquitectos se recurriera la licitación y se decretara la suspensión de todos los plazos, lo que habría terminado dilatando más todo el proyecto.

Un argumento que choca con el tono conciliador que intenta trasmitir la decana de en su misiva, donde dice: “No entienda esta carta como motivo de confrontación, al contrario, nada desearía más que encontrar una solución constructiva que permita la subsanación de los pliegos por vuestra parte”. De hecho, las fuentes consultadas aseguran que desde el COAM en ningún momento se pidió más plazo, solo modificar el pliego para recoger específicamente a este colectivo.

Lo que no terminan de aclarar desde el colegio de arquitectos es por qué esperaron hasta el último momento para manifestar su queja, cuando, precisamente, el argumento que esgrime el consistorio para inyectar tanta celeridad, a pesar de la relevancia del proyecto y de estar en estado de alarma, es que desde hacía meses se sabía que iban a licitar esta obra, por lo que a nadie puede haberle cogido por sorpresa. Férrea postura que, sin embargo, cambió cinco días después de decir oficialmente que no lo haría.

NOTA: En la versión original de este artículo había un error en el que se decía que la ingeniería solía rondar el 10% del coste final y que el importe final del mismo serían entonces 500 millones.