La filial de residencias de ancianos de ACS pide que le compensen los gastos del covid

Clece, la filial dedicada a la gestión de residencias de ancianos del Grupo ACS, ha solicitado el reequilibrio económico de la mayoría de contratos de concesión que mantiene con diversas administraciones públicas a causa del coronavirus, según fuentes al tanto de su situación.

La firma entiende que los diversos propietarios de los centros de mayores, principalmente entidades municipales, deben compensarle los costes "sobrevenidos e imprevisibles" a los que ha tenido que hacer frente para atender a los ancianos, muchos de los cuales han sido víctimas del covid-19.

Pese a que algunos gastos para proteger a los mayores de la pandemia han sido costeados por las administraciones públicas, desde Clece aseguran que "los sobrecostes derivados de la crisis han sido de 7,2 millones de euros durante estos dos meses y medio". Según desglosan, esta suma viene de diversas partidas: contratación a mayores de 30 profesionales sanitarios o compra de material de protección (mascarillas FFP2 y quirúrgicas, batas, buzos, gafas y guantes).

También aseguran que se han mejorado las infraestructuras con mejoras de la calidad del aire o material tecnológico. Además, en el apartado de limpieza, detallan que han doblado los equipos para desinfección y material específico como cañones de ozono o robots de desinfección por luz ultravioleta. A todo lo anterior, además, añaden mayores gastos de seguridad.

En este contexto, la firma del grupo presidido por Florentino Pérez ha llegado a transmitir a algunos de los municipios propietarios de estas residencias que la situación se ha convertido si cabe en más onerosa por la imposibilidad de aceptar altas nuevas para evitar contagios a los residentes y la consiguiente pérdida de usuarios por los fallecimientos, lo que implica pérdida de ingresos.

Por todo lo anterior, Clece solicita a la mayoría de las más de 30 residencias que gestiona en régimen de concesión en España que se le resarza económicamente por esta situación. En algunos casos, han solicitado la condonación del canon que pagan para todo 2020, pero también han solicitado la compensación de estos gastos por otras vías. Otra de las justificaciones para esta petición es la falta de tesorería en la que está incurriendo la empresa fruto de las complicaciones del covid-19.

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Algunos administradores municipales de estas residencias, por su parte, muestran reparos. Comprenden los gastos sobrevenidos, pero señalan que se deben justificar de forma muy precisa los sobrecostes que podrían haber llevado a la ruptura económica de la concesión para estudiar una propuesta así. En líneas generales, destacan que estos centros se gestionan en régimen de concesión precisamente para que sea un tercero quien gestione los riesgos derivados de la misma. Respecto de la situación de Clece, advierten de que es propiedad del Grupo ACS, quien anunció este pasado 8 de mayo que contaba con 12.000 millones de euros de liquidez entre todas las empresas del grupo para hacer frente a la crisis. La cotizada ganó 962 millones en todo 2019 y 282 millones en el primer trimestre de 2020.

Fuentes del sector de las firmas de concesión de residencias privadas señalan que la situación de Clece no es única, pero la casuística es muy diversa: mientras algunos grupos están también pidiendo medidas de compensación económica, otros lo están asumiendo contra su propio balance. La Asociación de Empresas de Servicio para la Dependencia (Aeste), patronal que engloba los grandes grupos concesionarios como Domusvi, Orpea, Ballesol, Sanitas, Eulen o Valdeluz, solicitó a principios de abril a través de la CEOE diversas medidas para hacer frente a la crisis derivada del coronavirus.

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Fuentes del sector aseguran que algunos grupos esperan fuertes pérdidas este 2020 y argumentan que esto es así por los sobrecostes del covid-19 en un entorno ya de por sí de ajustados márgenes, debido al sistema de adjudicación por puja competitiva. Algunos partidos políticos y determinados sindicatos, por el contrario, creen que estas empresas han logrado fuertes beneficios en los últimos años a base de reducir costes, de ahí que grandes capitales internacionales o fondos de capital riesgo hayan entrado en este negocio.

La crisis del coronavirus ha sido especialmente dura para el colectivo de residencias de ancianos, donde han fallecido cerca de 18.000 personas víctimas del SARS-Cov-2 entre los que fueron diagnosticados como positivos en la enfermedad y los que presentaban síntomas, aunque estos últimos solo son reportados por seis comunidades autónomas y no están recogidos en los datos que presenta Sanidad. Actualmente, la Fiscalía ha abierto 143 investigaciones penales sobre geriátricos. La crisis del coronavirus ha puesto encima de la mesa si se debe replantear el actual modelo de residencias en España.