Ofensiva de Sareb para alquilar 10.000 pisos sociales a ayuntamientos de toda España

En un momento de emergencia habitacional, Sareb ha decidido lanzar una ofensiva para llevar a los ayuntamientos de toda España una cartera de hasta 10.000 viviendas que pueden emplear para salir en respaldo de todas las familias que se muestren incapaces de hacer frente al pago de sus casas por la pandemia del coronavirus.

La opción de habilitar un parque social de estas dimensiones, que supone más que doblar los 4.000 hogares que el banco malo tenía hasta ahora a disposición de las administraciones, había sido ya aprobada por el consejo de administración de Sareb antes de que estallara la crisis del covid-19. Pero el duro golpe que ha supuesto para la economía nacional ha llevado a la entidad a concentrar sus esfuerzos en llegar a acuerdos con el mayor número de consistorios posible.

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Desde que lanzó su programa social, hace siete años, la entidad presidida por Jaime Echegoyen ha firmado convenios con 12 comunidades autónomas y 14 ayuntamientos, muchos de ellos capitales de provincia —Madrid, Barcelona, Sevilla, Santander, Málaga, Córdoba—, de los que se benefician más de 9.000 personas. Ahora, en cambio, el objetivo de Sareb es extender su acción hacia pequeños y medianos consistorios y, de hecho, en la actualidad está en conversaciones con casi un centenar de ellos.

Aunque la sociedad ha elevado hasta 10.000 el número de pisos que destinará a estos convenios, no tiene identificada cada una de las viviendas, sino que en función de qué ayuntamiento le pida ayuda, mirará si cuenta con viviendas en su localidad para cederle. En el supuesto de que la respuesta fuera negativa, pero sí que hubiera opciones en localidades próximas, sería necesario firmar el convenio con ese otro consistorio.

La política aplicada por Sareb en este tipo de acuerdos consiste en la cesión temporal del inmueble a las administraciones, que son las que se encargan de gestionar los casos de okupación o morosidad que acompañan en muchas ocasiones a las viviendas cedidas. En todas ellas, estos pisos necesitan ser adecuados para poder acoger a una familia, inversión que asumen entre las dos partes.

A cambio, las rentas que deben sufragar las administraciones por estas viviendas son muy reducidas: 125 euros por hogar o 75 euros en el caso de las viviendas que estaban ocupadas. Estas cifras distan mucho de los hasta 900 euros, más otros 200 para gastos, que ha fijado como máximo el Gobierno dentro de las medidas de apoyo al alquiler que ha lanzado para combatir el coronavirus.

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Un plan que cuenta, por una parte, con una línea de avales del ICO de hasta 1.200 millones de euros que va dirigida a soportar los microcréditos a tipo cero que podrán solicitar aquellas familias que hayan caído en situación de vulnerabilidad por el covid. Además, el Ministerio de Transportes ha dado 100 millones a las comunidades autónomas adicionales a los fondos que ya tenían comprometido del Plan de Vivienda, dinero que el Ejecutivo quiere que vaya dirigido a alquiler social para perjudicados del virus.

La falta de un parque público de vivienda social es uno de los principales retos a que se enfrentan las administraciones, un problema que ya había sido detectado antes de la pandemia y que, ahora, se ha visto agravado por la profunda crisis económica que ha traído el coronavirus y que amenaza con disparar el paro hasta el 20% y hacer caer el PIB un 8%.

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Para paliar esta falta de vivienda social, el País Vasco ha sido la primera comunidad autónoma en llegar a un acuerdo con Sareb para comprarle las viviendas que, hasta ahora, tenía cedidas. Además, según afirman desde la entidad, el Ayuntamiento de Madrid y las comunidades de Galicia, Cantabria y Castilla y León también se han mostrado interesadas en poder comprar estos hogares.

Cataluña, con 930 viviendas, es la región que mayor volumen de inmuebles tiene cedidos, seguida de Andalucía, con 400, y la Comunidad de Madrid, con 300 pisos. Estas tres autonomías, junto con la Comunidad Valenciana, son las regiones donde se encuentra más de la mitad de los inmuebles que tiene Sareb. El Gobierno estima que medio millón de familias van a ser incapaces de hacer frente a su alquiler por la crisis del coronavirus.