Solución al alquiler: préstamos para seis meses y moratorias o quitas pactadas

"Todos los pequeños propietarios van a recibir íntegramente las rentas de su vivienda y todos los grandes tenedores de vivienda tienen que arrimar el hombro", con estas palabras, ha resumido el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, el punto de acuerdo al que, tras muchos tiras y aflojas, ha llegado hoy el Consejo de Ministros para aprobar un plan de ayudas al alquiler con el que combatir la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, unas medidas que se enmarcan dentro de un nuevo Real Decreto en el que también se clarifica la moratoria hipotecaria ya anunciada hace unos días, ampliandola a tres meses y dando cabida a autónomos.

Por la parte de los alquileres, entre las principales novedades está que todos los inquilinos, ya tengan de casero a una administración pública, a un gran fondo o a un pequeño propietario, podrán acogerse al programa de microcréditos sin intereses diseñados para pagar la renta, y la renuncia a la imposición de quitas en favor de un sistema de préstamos, moratorias y renegociaciones de deuda. En este acuerdo final ha jugado un importante papel el hecho de que la mayoría de caseros no sean fondos de inversión ni grandes fortunas, sino pequeños ahorradores.

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El 85% de los caseros son propietarios particulares, que también pueden estar siendo víctimas de la crisis del Covid19 y necesitan estos alquileres para llegar a fin de mes. Por eso, la solución finalmente acordada se basa en medidas de equilibrio que impidan que, al resolver la situación de los arrendatarios, se traslade la vulnerabilidad a los pequeños propietarios.

Otro punto significativo del acuerdo, según ha señalado el propio Iglesias, es el amplio abanico de beneficiarios, ya que el objetivo es que puedan acogerse todos aquellos que se hayan ido al paro, afectados por ERTEs, reducciones jornada y autónomos cuyos ingresos se hayan visto seriamente reducidos por esta pandemia.

El Ejecutivo estima que más de medio millón de personas podrán beneficiarse de estas ayudas, aunque su objetivo es que sean excepcionales

En total, se estima que más de medio millón de familias se pueden ver en situación de vulnerabilidad para el pago del alquiler, según Iglesias. "El objetivo prioritario es que los ciudadanos tengan la renta suficiente para poder pagar el alquiler" y que las medidas excepcionales aprobadas hoy "sean eso, excepcionales", ha añadido la ministra de Economía, Nadia Calviño.

En el caso de los grandes tenedores y de las entidades públicas de vivienda, incluido el Fondo Social que se creó en la última crisis, el Gobierno ha optado por diseñar medidas que emplace a estas sociedades a dar facilidades a sus inquilinos, algo que, por otra parte, ya han empezado a hacer la mayoría de grandes compañías y administraciones con su parque social de vivienda.

Así, se ha diseñado un sistema que consiste en que los inquilinos puedan solicitar un aplazamiento temporal en el pago de la renta. Si no hay acuerdo, el arrendador cuenta con un plazo máximo de siete días laborables para elegir entre aplicar una quita del 50% de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma y hasta un máximo de cuatro meses; o una moratoria del pago de la renta durante cuatro meses también, alquileres que se pagarán de manera fraccionada y sin intereses hasta en tres años, pero siempre dentro del plazo en que continúe la vigencia del contrato.

Además, los inquilinos de estos grandes tenedores, o de las viviendas públicas, también podrán acogerse a los microcréditos que ha activado el Gobierno, como también pueden hacer quienes tengan por casero a un pequeño propietario. En este segundo grupo, el esquema de funcionamiento es el mismo: los inquilinos afectados por el Covid19 pueden solicitar a su casero un aplazamiento “temporal y extraordinario”, y éste cuenta con un plazo de siete días para responder o llegar a algún acuerdo. Si esto no es posible, entonces, el inquilino puede acogerse a los préstamos habilitados por el Gobierno.

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Éstas se han organizado mediante un acuerdo entre el Ministerio de Transportes y el ICO, por un plazo de hasta 14 años, para que los bancos puedan orecer microcréditos con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable de manera extraordinaria hasta diez, y libre de todo tipo de gastos e intereses. Estas ayudas cubrirán un importe máximo de hasta seis meses de renta.

"Es un Gobierno que está tratando de dar la respuesta más eficaz posible en un plazo de absoluta urgencia", ha señalado la ministra de Economía, quien ha querido subrayar que su Ejecutivo está intentando escuchar tanto a los más vulnerables como a las empresas; y equilibrar las exigencias inmediatas de la crisis sanitaria con las económicas que vienen inmediatamente detrás.

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Además, se incorporará al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 un programa de ayudas, que contará también con el respaldo del ICO, para organizar ayudas a los alquileres de vivienda habitual que debido a la crisis del Covid no puedan devolver sus préstamos una vez se supere la pandemia. Estas ayudas tendrán un máximo de 900 euros al mes.

También se sustituirá el plan de ayuda a las personas en situación de desahucio recogido en el Plan de Vivienda, para ampliar a las víctimas de violencia de género y sin hogar y otras personas especialmente vulnerables; y se transferirán a las comunidades de manera anticipada 700 millones para estos fines de soluciones habitacionales a los más vulnerables.

Además, el Gobierno también ha ampliado la moratoria para los hipotecados, incluyendo a autónomos y ampliando a tres meses la moratoria que ya se había aprobado en los préstamos destinados a la adquisición de la vivienda habitual y aclarando que deben cumplirse todos los requisitos para poder beneficiarse de esta medida.

También se suspenden todos los lanzamientos por un plazo de seis meses para aquellas personas que puedan acreditar encontrarse en una situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la crisis del Covid y sin alternativa habitacional, que será comunicada por la Administración de Justicia a los servicios sociales competentes. En el caso de arrendadores que acrediten encontrarse también en situación de vulnerabilidad por el Covid-19, también se deberá tener en consideración a la hora de definir las medidas de protección social a adoptar.

Por último, todos los contratos próximos al vencimiento, se prorrogarán por seis meses en las mismas condiciones, medida que, como ha señalado el vicepresidente Pablo Iglesias, conllevará que no puedan subirse los precios.