Las comunidades del PP cargan contra Ábalos por el ‘dardo envenenado’ del alquiler

La Comunidad de Madrid ha abierto otro frente contra el Gobierno y, como ya está ocurriendo con la Sanidad, lo ha hecho en una materia especialmente sensible: la vivienda. El mismo lunes en que el líder del PP, Pablo Casado, se ha reunido al fin con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para intentar alcanzar un pacto nacional, el Ejecutivo madrileño ha abierto la caja de los truenos por cómo se ha estructurado todo el plan de ayudas al alquiler para las familias que se vean golpeadas por el Covid-19.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha activado un programa de préstamos a tipo cero por importe de 1.200 millones y avalados por el ICO, que recibirá este martes el visto bueno del Consejo de Ministros y que permitirá a todos aquellos inquilinos incapaces de afrontar su alquiler hacerle frente con este dinero. Además, ha dado otros 100 millones de euros a las comunidades autónomas, dentro del Plan de Vivienda, para que puedan ampliar sus ayudas a la nueva y dura realidad que ha traído consigo el coronavirus.

TE PUEDE INTERESAR

Solución al alquiler: préstamos para seis meses y moratorias o quitas pactadas

Ruth Ugalde

Unos números absolutamente insuficientes para el consejero de Vivienda de Madrid, David Pérez, quien considera que los 15,9 millones de euros que corresponden a su región se quedan muy lejos de las necesidades reales. “Con una aportación media de poco más de 3.000 euros por vivienda, la Comunidad de Madrid tan solo podría tramitar unas 5.000 ayudas, y nos pone en el ojo del huracán, cuando la responsabilidad compete al Gobierno central, que ha anunciado un nuevo paquete de ayudas no convenientemente dimensionado ni suficientemente provisto de fondos”, ha señalado.

El año pasado, Madrid recibió algo más de 28.000 solicitudes para beneficiarse del Plan de Vivienda y en torno a la mitad fueron aceptadas. Con la crisis del coronavirus, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso calcula que esta cifra se disparará hasta las 60.000 peticiones, estimación que consideran conservadora y que ya supone más que duplicar la carga actual, según ha explicado a este medio el director general de Vivienda de la comunidad, José María García. “La norma es muy compleja, y no facilita a las comunidades poder cumplirla”, se ha lamentado.

Madrid ha sido la primera en alzar la voz pero, según García, también están en desacuerdo los gobiernos de Andalucía, Galicia y Murcia, todos ellos del PP. Desde la Generalitat, no han entrado a valorar el comunicado de Madrid, pero han recordado que la falta de financiación es una crítica constante que realizan al Ejecutivo nacional; mientras que desde la Conselleria de Vivienda del socialista Ximo Puig, han destacado que las ayudas al alquiler “sitúan el derecho a la vivienda como un elemento central en la emergencia y la posemergencia generada por el Covid-19”.

Desde el Ministerio de Transportes, se muestran tajantes al afirmar que las comunidades deberán ajustarse a las cartas que ya se han puesto sobre la mesa y reorganizar las dotaciones que ya tenían aprobadas dentro del Plan de Vivienda. En el caso de Madrid, para este 2020, el Ejecutivo central le transferirá esta semana 17,3 millones; mientras que en el primer trimestre del próximo ejercicio, le inyectará los 17,7 millones ya previstos para 2021, dinero que García asegura tener ya comprometido.

TE PUEDE INTERESAR

Las CCAA alquilarán residencias privadas para mujeres maltratadas y desahuciados

R. Ugalde

Más allá del Plan de Vivienda, donde el Ejecutivo regional está viendo la principal amenaza es en las familias que se acojan a los créditos ICO para pagar su alquiler desde este mismo mes abril y hasta el próximo verano. “¿Qué ocurrirá cuándo se agote el crédito, dentro de seis meses? Miles de familias van a seguir sin poder pagar el alquiler y, entonces, irán a pedirnos ayuda a las comunidades. Estas medidas están bien en el espíritu, pero les falta financiación”, ha criticado García.

El real decreto del alquiler contempla la concesión de microcréditos a familias que no puedan pagar su alquiler por la situación de vulnerabilidad en que han caído debido al coronavirus, un colectivo que, según el Gobierno, podría llegar al medio millón de hogares. Estos préstamos podrán hacer frente hasta a seis mensualidades y devolverse hasta en tres años. Sin embargo, cuando llegue el otoño, el escenario puede ser todavía peor, ya que las estimaciones del propio FMI (Fondo Monetario Internacional) hablan de una tasa de paro del 20%.

Desde el Ministerio de Transportes, creen que es demasiado pronto para empezar a hacer este tipo de elucubraciones y que, si llegara este escenario, el Ejecutivo ya ha dicho en reiteradas ocasiones que no va a dejar que nadie se quede atrás, además de estar ultimando otras medidas como la renta mínima vital. Buenas intenciones que desde las comunidades piden que vayan acompañadas de una hoja de ruta clara de financiación, para que no vuelva a colapsar el sistema. En esta ocasión, el de la vivienda.