Las CCAA alquilarán residencias privadas para mujeres maltratadas y desahuciados

Diez días después de entrar el vigor el Real Decreto de ayuda al alquiler para las víctimas económicas del coronavirus, la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha completado esta norma con la publicación en el BOE —Boletín Oficial del Estado— de una orden ministerial dirigida a concretar una serie de aspectos que ya se dejaron apuntados en la ley.

Uno de ellos tiene que ver con la modificación del Plan Estatal de Vivienda 2018-21, que se ha sustituido por otro nuevo dirigido a ayudar a mujeres maltratadas, personas desahuciadas, sin hogar y perfiles especialmente vulnerables, que necesitan una solución habitacional.

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Aunque, en principio, esta modificación era un mero trámite, la polémica ha saltado este sábado cuando se ha conocido el detalle y se ha visto que "la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes".

Rápidamente, se ha extendido el temor de que, tras esta redacción, se estuviera dotando de poder a las comunidades autónomas, que son las autoridades competentes en esta orden, a expropiar viviendas privadas, especialmente segundas residencias, ya que son las viviendas vacías que suelen tener los particulares, máxima que desde la cartera dirigida por José Luis Ábalos han negado a este medio.

"La norma obliga al Estado a, si no dispone de vivienda, buscarla en el sector privado y pagar por ella para dar solución habitacional", explican en Vivienda

El plan diseñado por el Ministerio de Transportes contempla poder alquilar viviendas de particulares o sociedades privadas cuando se carezca de una pública para tal fin. "La norma obliga al Estado a, si no dispone de vivienda, buscarla en el sector privado y pagar por ella para dar solución habitacional", pero insiste en que "no se expropia a nadie".

La posibilidad de negarse a alquilar la vivienda a las administraciones si estas lo piden es algo que, no obstante, no queda aclarado en la redacción de la orden ministerial, y que desde Transportes consideran una casuística muy improbable que pudiera llegar a ocurrir, sobre todo, teniendo en cuenta que en un momento de crisis, el Estado es garantía de pago de la renta.

El importe de las ayudas al alquiler asciende hasta 600 euros al mes y hasta el 100% de la renta "o precio de ocupación del inmueble, establecido", recoge la orden ministerial, que también detalla que, "en supuestos debidamente justificados por el órgano concedente de la ayuda, podrá alcanzar hasta 900 euros al mes", cantidades a las que se añaden "hasta 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos", y que pueden extenderse por un plazo máximo de cinco años.