Las grandes pueden ganar clientes

El favor que el Gobierno hace a las grandes eléctricas prohibiendo los cortes de luz y gas

La prohibición de cortar los suministros básicos está generando miedo entre muchas pequeñas comercializadoras, que temen que la garantía de dar luz y gas les aboque a la quiebra

Foto: El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en rueda de prensa. (EFE)
El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en rueda de prensa. (EFE)
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La ampliación de la garantía de suministro de luz y gas a toda la población durante el estado de alarma declarado para luchar contra el coronavirus, anunciada este martes por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, está generando temor entre las pequeñas comercializadoras.

El máximo dirigente de Podemos ha recalcado que las suministradoras no podrán cortar los suministros básicos a ningún ciudadano en su vivienda habitual. Las grandes eléctricas ya habían dicho desde que se decretara el estado de alarma que no cortarían suministros y flexibilizarían pagos, dada la delicadísima situación que vive la población, confinada por la pandemia.

Sin embargo, fuentes del sector conocedoras del funcionamiento del mercado minorista temen que este anuncio de garantía de suministro pueda incitar al impago, dado que se ha dado carácter legal al mismo, sean cuales sean las circunstancias de quien devuelva su recibo, aunque su situación no fuera de vulnerabilidad, como ya estaba establecido.

Las fuentes consultadas explican que hay muchas pequeñas comercializadoras que ya viven una difícil situación financiera y el panorama actual les haría muy difícil soportar impagos. Aunque actualmente cualquier empresa puede recurrir a créditos baratos con avales del Estado, la medida implementada este martes en el real decreto-ley no lleva aparejada una suspensión de pagos por parte de las comercializadoras a las distribuidoras ni tampoco se les aplaza el pago de impuestos, como sí se ha establecido para el caso de los autónomos y pymes. Esto hace que sea la propia empresa quien tenga que asumir esos cargos, además de la compra de la energía, para garantizar el suministro también de aquellos clientes que decidan no pagar.

En suma, las fuentes consultadas hablan de que la situación puede devenir tarde o temprano en quiebras. De darse, todos los clientes de la firma que declarara el concurso de acreedores pasan a su comercializadora de referencia (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Repsol). Dicho de otro modo, pasan a manos de las grandes. De hecho, para regresar a la comercializadora de referencia no es necesario que se dé la quiebra. Si una firma independiente de luz y gas no puede hacer frente a un impago, lo puede mandar a su comercializadora de referencia. Cuantos más impagos, más clientes pueden perder las pequeñas empresas, con lo que se consolida el oligopolio en el sector.

El vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. (EFE)
El vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. (EFE)

Desde hace más de una semana, las firmas están asistiendo a una avalancha de peticiones de aplazamiento de sus recibos. Eso hace que la situación ya de por sí se estuviera complicando para los más pequeños. Además, muchas temían que este martes se regulase también por real decreto que los usuarios que se vieran impactados por un ERTE, tal y como avanzó la ministra Teresa Ribera en rueda de prensa, pudieran acogerse al bono social. No obstante, finalmente han quedado fuera y solo será para autónomos sin ingresos. Las pequeñas empresas creían que por esa vía también habría una fuga de clientes a las comercializadoras de referencia.

Fuentes del sector se preguntan qué necesidad había de decretar una garantía de suministro a la primera vivienda de toda población, sea cual sea su situación, cuando los procedimientos de impago habituales, que se podrán decretar durante el estado de alarma aunque no computen en este periodo, ya obligan a que el corte no se produzca al menos en dos meses. Dicho de otro modo, un impago ahora ya suponía que hasta dentro de dos meses no se pudiera cortar. Por el contrario, ven en el anuncio un efecto llamada que puede complicar mucho a las empresas que no tengan una situación de caja muy saneada, pese a que la medida no implica la obligación de no pagar.

Estas fuentes empresariales y otras del ámbito político no achacan la medida al Ministerio de Transición Ecológica. Ven en la misma un empeño de Pablo Iglesias en llevarla a cabo. De hecho, la medida anunciada este martes había sido filtrada a diversos medios de comunicación la pasada semana desde el entorno del vicepresidente.

Hay empresas que ya están recurriendo a financiación de corto plazo y a la reducción de sus compromisos de pago con OMIE para hacer frente a su crítica situación, a la que se ha unido una fuerte caída de la demanda y una bajada del mercado 'spot' que complica más si cabe la situación que ya está consumiendo más garantías de lo que esperaban.

Mientras tanto, las grandes eléctricas, cuya situación de caja es más holgada y sus posibilidades de acudir al mercado a financiarse también son mayores, experimentaban este martes una significativa subida en bolsa tras el Consejo de Ministros, pese a que han sido forzadas a asumir el coste de reducción de potencia para pymes y autónomos. Expertos consultados lo explican porque la crisis del coronavirus permitirá una consolidación de sus carteras de clientes, que hasta ahora venía mermando mes a mes a favor de las pequeñas comercializadoras.

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