Los 'polis' del Ibex apuntan al cielo del Estado y asustan al juez del caso Villarejo

El presidente de una gran compañía del Ibex 35 confesaba no hace mucho que poco antes de que José Manuel Villarejo entrase en prisión a finales de 2017 una persona vinculada al excomisario le ofreció sus servicios. Este ejecutivo, cuya empresa está entre las 10 con mayor capitalización bursátil, no conocía al policía, pero le llamó la atención lo que le contaba el intermediario. Ante su sorpresa, se puso en contacto con Alfredo Pérez Rubalcaba, el que fuera ministro de la Presidencia con Felipe González y ministro del Interior con José Luís Rodríguez Zapatero.

Este presidente, acostumbrado a las peleas palaciegas, preguntó a Rubalcaba por Villarejo al considerar que el exministro, fallecido en 2019 y al que se le atribuía ser el fontanero del PSOE en los asuntos más oscuros del Estado, lo conocería bien. El que fuera vicepresidente primero del Gobierno le dijo al ejecutivo del Ibex que se alejara todo lo posible del excomisario, que tenía tanto peligro —en referencia a lo que sabía— que ni su partido ni el Partido Popular se habían podido deshacer de él

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Sabía bien lo que hablaba Rubalcaba porque el policía cordobés, tras una excedencia, se reincorporó al cuerpo como agente encubierto para la Secretaría de Estado de Interior en 1993, justo cuando el político cántabro fue nombrado ministro de Presidencia. Después, años más tarde, ya con el PP en Gobierno, Ignacio Cosidó, senador del partido conservador y Director General de la Policía, no se atrevió a firmar su destitución pese a la petición formal de la Subdirección General de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio del Interior.

El miedo que causaba Villarejo en el Congreso era similar al que provocó entre sus colegas de la Policía, algunos de los cuales han declarado en las dos últimas semanas ante el juez Manuel García Castellón que investiga la presunta trama del excomisario con las empresas del Ibex. "Me ha dejado usted un panorama devastador", le comentó el magistrado de la Audiencia Nacional a Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo (DAO) en el último mandato de Mariano Rajoy, que el pasado martes declaró por el caso Tandem.

Pino le comentó al juez que el Ejecutivo del PP le reprochó que estaba "tratando muy mal" al comisario ante el enfrentamiento que mantenían Villarejo y el entonces comisario principal de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas. Pino tomó la decisión de destituir a los dos, pero solo relevar al segundo porque el secretario de Estado de Seguridad en ese momento, Francisco Martínez, también imputado en esta causa, le trasladó que no era posible prescindir del presunto cerebro de la trama al tener el respaldo directo de Moncloa.

Ante esa situación, el antiguo número uno en el escalafón del cuerpo explicó que le fue imposible tomar ninguna otra medida contra el agente encubierto, al tiempo que le recordó que Villarejo llevaba desde la época del ministro del Interior socialista Juan Alberto Belloch prestando "servicios especiales" para ese departamento. Ante tales aseveraciones, García Castellón le pidió que no siguiera hablando sobre esa etapa porque algunos episodios están clasificados como secretos oficiales antes de escuchar que el excomisario trabajaba, en la práctica, a las órdenes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Unos días antes, por el juzgado había pasado Agustín Linares, ex-DAO y exdirector de seguridad del Banco Santander. El comisario, que dirigió el cuerpo entre 1987 y 1994, en los años de Felipe González, afirmó que el policía encarcelado no prestó sus empresas privadas para investigaciones oficiales, como sostenía Villarejo, y que sus actuaciones presuntamente irregulares eran por su cuenta propia y permitidas por altos mandos del Estado. Es decir, los DAO del PSOE y del PP coincidían en el diagnóstico que el difunto Rubalcaba le había hecho a ese presidente del Ibex.

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Lo curioso es que, en 2018, Linares y Pino, junto con Pedro Díaz-Pintado, otro exjefe de la policía, habían firmado unas cartas en las que defendían las actividades de Villarejo al entrar en prisión. Por lo que, su radical cambio de versión en sede judicial ha sorprendido en Interior. Según fuentes próximas al caso, con ello pretenden cubrirse las espaldas y apuntar a los que supuestamente dejaron que el funcionario aglutinase una gran fortuna con servicios a grandes empresas del Ibex 35 sin que ningún superior lo impidiese.

Como exclamó García Castellón, el panorama que han dejado estas declaraciones es devastador. Y preocupa mucho a la recién confirmada secretaria general del CNI, Paz Esteban, que desde hace meses está informada y sigue con detalle la evolución de este caso que tiene con los desfibriladores a punto en el Ibex 35 y en el cielo del Estado. Esteban lleva tiempo tratando de encontrar las vinculaciones de los que se encargaban en el CNI de las comunicaciones y la tecnología para saber si alguien colaboraba o no en las escuchas e investigaciones de Villarejo para empresas como BBVA, Iberdrola, CaixaBank, Repsol, Telefónica, Santander, Indra y Mutua Madrileña, entre otras.