recurso del PP

El Constitucional tumba la medida estrella de Ábalos para el alquiler en suelo público

El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso del PP contra el decreto de reforma del alquiler, que defendía movilizar suelo público para ampliar el parque de viviendas

Foto: El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

El Tribunal Constitucional ha dado la estocada al ministro José Luis Ábalos, en el ojo del huracán desde que se conoció su encuentro con la número dos de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y ha echado para atrás el decreto de reforma del alquiler en un aspecto que era la solución estrella del Gobierno.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, y ha confirmado este medio, el fallo estima parcialmente el recurso interpuesto por el PP, que el año pasado cuestionó la "extraordinaria y urgente necesidad" de las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

En concreto, el alto tribunal ha derogado dos disposiciones transitorias, una de las cuales iba dirigida a favorecer la colaboración público-privada, mediante la cesión de suelo público a empresas, para que estas financien la construcción de viviendas protegidas a cambio, eso sí, de explotarlas durante un periodo de tiempo determinado.

Según la propuesta que el propio Ábalos llevó al Consejo de Ministros, la idea era que todos los ministerios cedieran terrenos a la actual cartera de Transporte, Agenda Urbana y Movilidad (antes Fomento), para que esta se los diera en concesión a empresas privadas durante 50 años y, una vez concluido este periodo, los pisos pasasen a formar parte del patrimonio público.

Esta propuesta, además, contaba con la posición a favor de las principales inmobiliarias que, en diferentes foros, han insistido en trasladar el mensaje de que la solución para frenar el incremento de precios del alquiler pasa por movilizar más vivienda y por que empresas y administraciones vayan de la mano.

En cambio, el sector privado siempre se ha mostrado crítico con medidas como la limitación del incremento de precios o el aumento de tres a cinco años de la vigencia de estos contratos, plazo que se eleva hasta siete en el caso de inversores institucionales.

El Constitucional, en cambio, sí que ha avalado estas medidas, al haber limitado la anulación a las disposiciones adicionales primera y tercera, que ahora deberán ser reformuladas.

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