Desolación en las infraestructuras: los fondos se temen lo peor ante el acuerdo PSOE-UP

Aunque la vivienda es una de las banderas de Unidas Podemos, no son los fondos inmobiliarios los más preocupados por un futuro gobierno de coalición entre PSOE y la formación liderada por Pablo Iglesias, sino los de infraestructuras, convencidos de que se enfrentan a una legislatura en barbecho.

Los asesores nacionales de estos vehículos son tajantes a la hora de definir el sentir general: desolación. Porque, a pesar de que PP y PSOE se han mostrado a favor de importantes movimientos como la privatización de las autopistas quebradas o la búsqueda de un pacto de Estado en las concesiones de autopistas, estos fondos están convencido de que con Unidas Podemos en el Gobierno ninguna de estas dos medidas verá la luz.

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La realidad es que tampoco tienen claro cuál será la alternativa, ya que solo el mantenimiento de las autopistas exige 4.500 millones de euros anuales, según los cálculos de ACEX, la asociación de empresas de conservación y explotación de carreteras, cheque que deberán asumir las endémicas arcas públicas si no se aplica algún tipo de peaje.

Pero los fondos dan por hecho que Podemos no permitirá que se siga cobrando ni al peaje que ya ha vencido (AP-1 Burgos-Armiñón), ni los que están a punto de hacerlo (el tramo de la AP-7 que discurre entre Alicante y Tarragona, y de la AP-4 que conecta Sevilla y Cádiz), ni los que llegarán en 2021 (el trazado de la AP-7 que une Barcelona con La Junquera y Tarragona, y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo).

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Su convencimiento responde no solo al discurso de esta formación, sino a la lógica de la próxima legislatura, en la que Unidas Podemos necesitará también marcar distancias de cara a los siguientes comicios, y los peajes son una buena carta que jugar, sobre todo porque el PSOE sí que se había mostrado abierto a un pacto de Estado que permitiera mantener de alguna forma los peajes, para evitar cargar el mantenimiento sobre las espaldas públicas.

En esta misma línea, la formación liderada por Pedro Sánchez respaldó el proceso dirigido a privatizar las autopistas quebradas -(R2, R3, R5, R4, M-12, AP-36, AP-41, Aucosta y Ciralsa)-, proyecto que los fondos ven ahora en vía muerta y con los que el Estado esperaba haber recaudado unos 1.000 millones.

El único resorte al que se agarran estos vehículos es el Plan de Inversión Extraordinario en Carreteras (PIC), por el que ya apostó con fuerza el anterior ministro de Fomento, José Luis Ábalos, una esperanza no exenta de temores.

Ya en el anterior intento, el Ejecutivo del PSOE se encontró con las críticas del sector por la Ley de Desindexación, normativa que, en resumen, limita al 3,5% la rentabilidad de los contratos a largo plazo; algo que el anterior Gobierno se mostró abierto a modificar, pero ahora, con Unidas Podemos en el Gobierno, los fondos ven menos plausible que se vaya a cambiar. Pero, al menos, sí sale adelante al 3,5%, algo habrá.