El plan de la ANC para convertir Osona en un territorio libre del Ibex 35

Osona, capital Vic. Comarca catalana. Vic es esa ciudad de 48.000 habitantes que se hizo famosa en 2018 por su megafonía a favor del independentismo y de inspiración norcoreana. Anna Erra, alcaldesa de Vic ha renovado en su puesto en las últimas elecciones y es una de las pocas candidatas de JxCAT que lo ha hecho por mayoría absoluta. Osona cuenta con 155.000 habitantes y un PIB nominal de 4.000 millones de euros con una economía muy basada en la industria alimentaria, en especial el porcino. Y es allí, en Osona donde la ANC quiere llevar a cabo un experimento económico sin precedentes: convertir a Osona en territorio libre del Ibex-35.

La ANC está desarrollando en Osona una gran campaña denominada Consum Estratégic y cuyo lema principal es “potenciar la creación de estructuras económicas desvinculadas de las empresas del IBEX 35 y de los poderes políticos del Estado español y favorecer así un tejido productivo catalán próspero para sí mismo”. En un estilo muy ANC, el plan es empezar por Osona y continuar hasta extenderse por toda Cataluña. En términos económicos quieren hacer de Osona para el boicot a las empresas del Ibex-35 lo que fue Arenys de Munt para los referéndums soberanistas.

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La idea es la siguiente: en 2017 las empresas del Ibex-35 retiraron sus sedes de Cataluña por la inseguridad jurídica creada y ahora la campaña de la ANC pretende castigarlas y potenciar empresas favorables al soberanismo, las cuales pueden encontrarse en un buscador. Las más favorecidas son empresas como la operadora de telefonía Parlem, las comercializadoras energéticas Catgas o Catllum, la aseguradora Mussap, por poner algunos ejemplos. La campaña incluso se anuncia por TV3 y la ANC aprovechó la pasada Diada para hacer una campaña en Barcelona en ese sentido.

La patronal Foment del Treball ya denunció a la ANC ante Competencia y eso fue antes de que se anunciase que Osona iba a ser la prueba piloto para la contratación pública. La idea es que los ayuntamientos de la comarca apuesten por este tipo de empresas a la hora de orientar por su contratación pública y dejen de lado a las del Ibex-35.

El proyecto puede parecer surrealista, pero no hay que despreciar a la ANC cuando entra en el ámbito económico. Su presidenta actual, Elisenda Paluzie es economista. Su campaña para alcanzar la presidencia de la Cámara de Comercio de Barcelona fue un éxito y surgió del mismo sector de la ANC, el denominado “Eines de país”.

Con la ley hemos topado

El problema de la contratación pública es que se encuentra muy regulada. Para empezar por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Pero también por legislación de la propia Generalitat. De manera que los ayuntamientos tienen escaso margen legal para potenciar determinadas empresas en detrimento de otras por motivos ideológicos.

Se ha consultado a la ANC sobre cómo piensa desarrollar esta prueba piloto en la comarca del fuet sin saltarse la ley o en que hueco legal se basan para desarrollar su plan. Pero no se ha obtenido respuesta.

El marco legal de la contratación pública es muy restrictivo y se han traspuesto directivas europeas, lo que deja muy poco margen a la ANC para actuar

En el Ayuntamiento de Vic hay pleno el próximo lunes pero no se ha registrado ninguna moción para esta cuestión en el orden del día (solo hay una de ERC por el cambio de nombre de una calle), pero se ha previsto otro pleno el próximo día 21 y hay tiempo para introducirla. Otra incógnita es qué grupo municipal se comprometerá con una iniciativa de este tipo, que situaría a los miembros del consistorio en la ilegalidad.

Silencio oficial

Todo esto pasa mientras la Generalitat se pone de perfil. Se ha consultado con la 'conselleria' de Empresa i Universitats. Su titular es Àngels Chacón que en principio debería velar por la equidad en la actuación de las empresas. No responden sobre los problemas legales y solo señalan que “los ayuntamientos se regulan por una ley de contratación y por tanto toda la contratación pública se rige por esta normativa”. Nada más, por ejemplo qué hará la Generalitat para mantener ese marco legal.

El listado de empresas beneficiadas es más bien extraoficial. El de las perjudicadas, muy obvio. Osona como territorio de combate, algo inesperado. La mayoría de los 50 municipios de la comarca son de color independentista, lo que da ventaja a la ANC para presionar a esos consistorios. El plan es el mismo que con los referéndums de los ayuntamientos. Empezar poco a poco y acabar con la consulta del 1 de octubre. Para continuar con el paralelismo se trata de empezar en Vic para dentro de unos años obligar a la Generalitat a contratar solo empresas catalanas y soberanistas. Una especie de regreso a la autarquía que no acaba de entenderse.