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Caso Villarejo: así es la cadena de control interna de BBVA que cuestiona la justicia

¿Quién ordenó el código rojo? Esta pregunta es la que está intentando responder el juez García Castellón. Para aclararla, es clave entender cómo era la política de compras de la entidad

Foto: Sede del BBVA en Madrid. (Reuters)
Sede del BBVA en Madrid. (Reuters)

¿Quién ordenó el código rojo? Esta mítica frase de la película 'Algunos hombres buenos' resume el objetivo último de las pesquisas que están llevando a cabo la fiscalía Anticorrupción y el juez Manuel García Castellón en la pieza del caso Tándem que afecta a BBVA: saber, en última instancia, quién ordenó contratar al excomisario José Manuel Villarejo.

Pero, para llegar hasta ahí, primero se han de dilucidar dos aspectos: saber cómo funcionaba toda la cadena de contratación y supervisión de proveedores del banco, y determinar quiénes, entre todos los directivos que forman parte de esta cadena, sabían que detrás de Cenyt estaba el polémico comisario y los métodos que empleaba.

Comprender este esquema, según afirman fuentes de la investigación, ha permitido en los últimas días empezar a encajar algunas piezas del puzle y arrojar algo de luz sobre todo lo acontecido esta semana: la salida de Eduardo Arbizu, actual director de Regulación y Control Interno; el comunicado del expresidente Francisco González, en el que aseguraba de haberse enterado por la prensa de los trabajos de Villarejo; y la imputación de BBVA como persona jurídica.

Detrás de esta cadena de acontecimientos se sospecha que ha sido clave la declaración de Antonio Béjar, responsable de Riesgos de la entidad entre 2008 y 2014, que está colaborando con la justicia. Tras escuchar sus declaraciones, la fiscalía retiró la petición de medio millón de euros de fianza, el juez ordenó la imputación a BBVA, y la entidad acordó la salida de Arbizu, previa ruptura del silencio de FG.

Francisco González y Carlos Torres, en un acto del año pasado. (BBVA)
Francisco González y Carlos Torres, en un acto del año pasado. (BBVA)

Béjar está imputado por, presuntamente, haber contratado los servicios de Cenyt para espiar a empresarios morosos, trabajos que el directivo ha reconocido ante el juez, pero alegando que desconocía que detrás estaba un funcionario público.

En los años investigados, en BBVA, Compras estaba dentro de una gran dirección general que abarcaba la clásica división de Recursos Humanos, y otra pata que dentro de la entidad se conocía como C.I.S. Compras, Inmuebles y Seguridad—.

En los años investigados, Compras dependía de Ángel Cabetas; Inmuebles, de Belén Piserra, actual directora de negocio de Distrito Castellana Norte (DCN); y Seguridad, de Julio Corrochano, otro de los imputados y pieza clave de la investigación. De hecho, las fuentes consultadas aseguran que a Cenyt se le conocía como "los espías de Corronchano".

Las tres patas de C.I.S. dependían del director de Recursos y Medios (con los diferentes nombres que ha ido teniendo esta división a lo largo de los años), cargo que hasta 2009 ocupaba Ángel Cano y que, cuando ascendió a consejero delegado del banco, pasó a ocupar Juan Ignacio Apoita, hasta la remodelación directiva que llevó a cabo el actual consejero delegado, Carlos Torres, en abril de 2015.

Corresponde al comité de compras del banco elegir a los proveedores. En el caso de Cenyt, no aparecen las actas que autorizaron su contratación

Dentro de este esquema, el comité de compras era el órgano encargado de aprobar a qué proveedores se contrataba y cuánto se les pagaba, decisión que se tomaba tras un proceso competitivo que incluía un detallado análisis de cada uno de los candidatos. Como garantía de estos trabajos estaban las actas de este comité, primer documento clave en la actual investigación. ¿Dónde están dichas actas y quién las firmaba?

Fuentes judiciales aseguran que algunos de estos documentos no han aparecido, lo que lleva inmediatamente a la siguiente pregunta: ¿quién ordenó entonces contratar a Cenyt? Si no fue Compras, ¿qué hizo auditoría interna al detectarlo?, ¿lo denunció?, ¿ante quién?

El expresidente de BBVA, Francisco González, y el exconsejero delegado Ángel Cano
El expresidente de BBVA, Francisco González, y el exconsejero delegado Ángel Cano

Con la excepción de Cano, la mayoría de directivos que, por el momento, han sido imputados se sitúan en el tercer nivel del escalafón. Además de Béjar y Corrochano, están Inés Díaz Ochagavía, que sustituyó al anterior al frente de Seguridad; Ricardo Gómez Barredo, hasta hace unos meses responsable de Contabilidad y Relación con el Supervisor y actualmente consejero de Garantía; Ignacio Pérez Caballero, director de red de banca comercial de BBVA España y consejero de BBVA Seguros, y Javier Malagón Navas, que ha sido interventor y director financiero de la filial mexicana.

Por encima de estos niveles estaba el director general para España, cargo que en los años investigados ocuparon Juan Asúa (actual asesor del presidente), Jaime Sáenz de Tejada (ahora responsable de Finanzas y Contabilidad) y Cristina de Parias. Si se sigue el escalafón directivo hacia arriba, se llega al consejero delegado y al presidente.

A esta línea jerárquica se unen otras unidades transversales que debían garantizar los controles en la política de contratación: cumplimiento normativo, asesoría jurídica y auditoría. Durante el grueso de los años investigados, toda ellas eran responsabilidad, en última instancia, de una misma persona: Eduardo Arbizu, una de las torres que ha caído durante la última semana en esta partida de ajedrez

Bajo su responsabilidad, según las fuentes consultadas, estaba verificar que la contratación de Cenyt, como la del resto de proveedores, había pasado por los comités correspondientes y acreditar que quien había autorizado la contratación era la persona correcta. Una labor censora que enlaza con otra figura clave en esta fase de la investigación: el interventor general, Javier Malagón.

Un dato que ayuda a comprender la importancia que tenía para BBVA garantizar el control de las compras de la entidad es que estaba establecido que los contratos más onerosos (por ejemplo, por encima de 50 millones de euros), debían pasar por comisión delegada permanente, órgano del consejo de administración en el que siempre tuvieron presencia el presidente y el consejero delegado del banco.

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