Los Cierco ganan un recurso de apelación y Andorra les contesta pidiéndoles 479 millones

La guerra judicial en Andorra por el caso BPA se ha recrudecido con la ola de calor. El pasado 20 de junio, los accionistas mayoritarios de BPA, los hermanos Higini y Ramon Cierco, conseguían ganar un recurso de apelación en los tribunales andorranos para que se admita a trámite su querella criminal contra el consejo de administración de la Agencia Estatal de Resoluciones Bancarias (AREB), el organismo equivalente al FROB español. La respuesta ha sido fulminante: seis días después, la AREB ha reclamado a los hermanos Cierco y al resto de la dirección del antiguo BPA un total de 479 millones de euros por su responsabilidad en la caída de la entidad.

Las cifras resultan sorprendentemente parecidas. Si los Cierco en otra causa civil reclaman al Gobierno de Andorra 365 millones por los daños y perjuicios que les supuso la nacionalización encubierta de BPA, lo que valoraría el banco en 521 millones, el organismo público andorrano exige una cifra muy parecida.

El concepto es la denominada 'querella catalana', aquella que se interpone para frenar una demanda anterior y para negociar el fin de las hostilidades. La situación de las demandas es especialmente absurda en un lugar como Andorra, donde el presupuesto de todo el país supone 425 millones, con lo que la reparación para un solo banco supondría todo el gasto público anual.

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La situación resulta surrealista porque no solo los Cierco han perdido el banco sino porque además Andorra pide a los particulares una compensación que es más que el presupuesto de todo el país, algo sin precedentes.

Los tribunales andorranos están saturados por la cuestión de BPA. Los Cierco han interpuesto diversas demandas porque consideran que todo el proceso de nacionalización y posterior privatización se hizo a favor del fondo oportunista JC Flowers, que se quedó Vall Banc, el banco bueno con los activos sanos segregados. Entre otras causas vivas, está la que pesa sobre la emisión de bonos convertibles contingentes —conocidos como CoCos— que llevó a cabo JC Flowers para pagar al Ejecutivo andorrano por la compra de Vall Banc.

Esta emisión implicó varios hechos poco ortodoxos. Los bonos se colocaron sin calificación de 'rating', por valor de 70 millones, si bien luego JC Flowers cifró la entrada en balance de esos activos en 96 millones de euros. Eso supuso un primer desfase en contra del balance de BPA de 26 millones. Pero es que luego Vall Banc recompró los bonos por 12,8 millones, lo que volvió a repercutir en contra del banco en otros 57 millones. Además, los bonos solo ofrecían un 4% de rentabilidad, muy baja para unos CoCos. Un cupón que, para colmo, acabó suspendido.

Dureza del auto

Estos aspectos se recogen en el auto en que se acepta la apelación de los Cierco contra la AREB. Como gran justificación de la apelación, el juez valora que “solo así se podrá valorar si la enorme pérdida de valor de las obligaciones convertibles (CoCos), que en poco más de dos años pasaron de 70 millones a 12,8 millones, obedece a causas que exceden el ámbito de la jurisdicción penal”.

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También hay un varapalo a la jueza que no admitió a trámite la querella criminal contra la AREB porque “lo que era de recibo no era hacer una valoración ‘a priori’ de los hechos desde la perspectiva de su tipicidad, analizando si concurrían o no todos los elementos constitutivos de tipo penal, sino que la jueza instructora tenía que limitarse a valorar si los hechos relatados en la querella eran verosímiles, y si presentaban indicios de infracción criminal, no de concretos tipos penales que solo pueden determinarse en función del resultado de una investigación más cuidadosa”, según consta en el auto.

Complicación para JC Flower

Este giro legal complica las cosas no solo para el Gobierno andorrano, que ya no tiene nada que ver con aquel que privatizó BPA, y que ahora encabeza Xavier Espot. También para los planes de JC Flowers de salir del Principado. Una causa legal abierta con “indicios de infracción criminal” dificultará que alguien se quiera hacer con unos activos de los que pende un pleito de reclamaciones millonarias.