Telefónica provisiona 300 M por las ayudas ilegales para comprar rivales extranjeras

Telefónica ha elevado provisiones de hasta 283 millones de euros en 2018 para hacer frente a una cada vez más probable devolución a Hacienda por el caso de la amortización del fondo de comercio tras la adquisición de compañías extranjeras, abierto por Bruselas en 2007. Esta suma trata de cubrir las bonificaciones fiscales para adquirir compañías extranjeras, en este caso de su filial brasileña Vivo, que fueron declaradas ilegales por la Comisión Europea. Si no prosperan los recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esta cantidad deberá ser devuelta a las arcas públicas.

Solo durante el pasado ejercicio, Telefónica tuvo que aportar a este saneamiento otros 68 millones de euros, según detalla el auditor de la compañía (PwC) en su memoria anual. La multinacional de las telecomunicaciones está viendo cómo la Justicia europea estrecha el cerco cada vez más. La última sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, con fecha del 15 de noviembre de 2018 y contra la que cabe recurso, confirma que la amortización fiscal del fondo de comercio obtenido con la compra de una firma en el extranjero es incompatible con el mercado interior, con lo que la Hacienda española estaría obligada a recuperar todo lo no tributado por la compañía.

[Sentencia del TJUE]

Esta ventaja fiscal se remonta a 2001. El entonces superministro de Economía del Gobierno de José María Aznar, Rodrigo Rato, hoy en prisión por el caso de las tarjetas 'black', aprobó una normativa fiscal que permitía a las empresas españolas deducirse fiscalmente la amortización del fondo de comercio obtenido (valor inmaterial contabilizado por la firma) con la compra de empresas en el extranjero. El objetivo era facilitar, vía bonificación fiscal, la creación de campeones nacionales internacionalizados. El precio a pagar: una menor recaudación fiscal por parte de Hacienda.

La normativa fue aprovechada por grandes compañías del Ibex como Banco Santander, Ferrovial, Abertis, Iberdrola o la propia Telefónica, entre otras. Sin embargo, años más tarde, varias empresas privadas extranjeras y un grupo de europarlamentarios denunciaron esta situación por entender que constituía una competencia desleal. Según sus argumentos, esta operativa es una ayuda del Estado español que da ventaja a sus empresas frente a otros competidores europeos.

Tras un largo recorrido judicial por los altos tribunales europeos, además de distintos debates con la Comisión Europea, donde el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero también defendió los intereses de las compañías favorecidas, el Tribunal General de la Unión Europea determinó que las empresas españolas que se hayan beneficiado de esta normativa a partir de diciembre de 2007 deberían devolver todo lo no tributado por tratarse de ayudas ilegales incompatibles con el derecho comunitario. Dada esta situación, Iberdrola decidió devolver 665 millones de euros a Hacienda durante 2018.

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Juan Cruz Peña

Telefónica, por su parte, aún no ha devuelto nada, pero ha realizado provisiones por si finalmente la Agencia Tributaria reclama ese dinero. El impacto es muy superior a esos casi 300 millones de euros, ya que el periodo de deducción es de 25 años. Teniendo en cuenta que la compra de Vivo se realizó en 2010, el efecto fiscal se debería extender hasta 2035, pero la doctrina europea, además de obligar a devolver lo ya deducido, suprime los potenciales beneficios fiscales aún sin materializarse.

Según un documento interno de la Comisión Europea, entre ayudas ya deducidas y créditos fiscales que quedan anulados, la decisión de declarar ilegal esa bonificación afecta a unos 8.000 millones de euros.

Se libra de gran parte, por ahora

Pese a todo, el impacto podía haber sido mucho más lacerante si la Comisión Europea no hubiese fijado un límite temporal para la devolución de las ayudas recibidas. Concretamente. Por razones de confianza legítima del inversor, la Justicia europea decidió que pese a que las ayudas eran consideradas ilegales e incompatibles con el derecho comunitario, todas las inversiones realizadas antes de 2007 no deberían ser devueltas. El grueso de la internacionalización de las empresas del Ibex se produjo con anterioridad a esa fecha.

Aun así, la propia empresa de telecomunicaciones advierte de que a la fecha de formulación de los estados financieros consolidados, todas las decisiones adoptadas para esta causa están recurridas y pendientes de resolución definitiva.

Acumula 1.400 M en deducciones fiscales

Hasta la fecha, Telefónica cuantifica en 1.389 millones de euros el impacto positivo acumulado en las correspondientes liquidaciones del impuesto sobre sociedades desde 2004 y hasta el cierre de 31 de diciembre de 2018 por este efecto.

El Grupo Telefónica, en aplicación de esta norma, ha venido amortizando fiscalmente los fondos de comercio financieros procedentes de sus inversiones, directas e indirectas, en O2, BellSouth y Coltel (anteriores a 21 de diciembre de 2007) y Vivo (adquirida en el ejercicio 2010). Fuentes oficiales de Telefónica han rechazado hacer comentarios sobre esta causa.