El Gobierno amplía el plazo para privatizar Bankia hasta finales de 2021

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes ampliar el plazo para privatizar Bankia en dos años adicionales, hasta finales de 2021, según ha informado el Ministerio de Economía y Empresa en un comunicado. Tras el anuncio, el banco cae un 3% hasta los 2,6 euros por acción.

Según explica el Gobierno, la finalidad de esta ampliación es favorecer la utilización más eficiente de los recursos públicos maximizando la recuperación de ayudas. En este sentido, ha señalado que la extensión del plazo permitirá al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ejecutar su estrategia de desinversión con más flexibilidad para encontrar las condiciones propicias en los mercados de capitales.

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Carla Raffin

El plazo límite para que el FROB se desprenda de la participación del 61,4% que ostenta sobre Bankia estaba fijado en diciembre de 2019. El último paquete de acciones que el FROB vendió de Bankia, en diciembre de 2017, se hizo a un precio de 4,06 euros por título. Al cierre de la sesión de ayer, las acciones de Bankia cotizaban a 2,636 euros.

El Gobierno ha reiterado en varias ocasiones su intención de maximizar la recuperación de ayudas concedidas durante el rescate bancario, pero que el valor actual de la acción de Bankia no es el más idóneo para privatizarla.

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El Banco de España cifra en 14.000 millones de euros el importe recuperable de ayudas destinadas al sector financiero, frente a los 63.000 millones que se concedieron. Para reflotar Bankia, el Estado inyectó 22.424 millones de euros en 2013, de los que ha recuperado ya 2.864 millones de euros (el 12,77% del total) con la venta de sendos paquetes del 7,5% y el 7% en 2014 y en 2017, más 741 millones pagados en dividendos, a los que el banco añade cerca de 5.000 millones devueltos a preferentistas y minoristas de la salida a bolsa del 2011.

No es la primera vez que el Gobierno extiende el plazo para la privatización. Aunque en 2012 se comprometió a vender la participación del FROB antes de diciembre de 2017, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en diciembre de 2016 un real decreto ley por el que prolongó el plazo en dos años, con lo que la fecha límite se fijó en diciembre de 2019, y estableció la posibilidad de nuevas prórrogas previo acuerdo del Consejo de Ministros.