La Generalitat quiere volver a sacar a concurso ATLL tras anularse la concesión

La Generalitat analizó la situación de Aigües del Ter Llobregat (ATLL) hace unas semanas, en diversas reuniones interdepartamentales de altos cargos, en previsión de que el fallo del Tribunal Supremo anulase la privatización de la compañía de agua en alta, tal y como pasó ayer. Fuentes conocedoras de esas reuniones han desvelado que la apuesta de estos altos cargos, no cesados por el 155, fue abogar por repetir el concurso y que se presenten los grupos que quieran.

Por su parte, portavoces de Acciona, la gran perdedora de la sentencia, han declinado hacer declaraciones. Mientras, Agbar ha mostrado su satisfacción por la resolución del Supremo, “que llega después de cinco años de recursos". "Desde el primer momento, ya dijimos que la adjudicación era irregular”, añaden.

ATLL es una compañía pública de la Generalitat que fue entregada por una concesión a Acciona en 2012, en medio de la crisis económica. La privatización fue dirigida por el 'conseller' de Economía de la época, Andreu Mas-Colell ,y fue ejecutada por el 'conseller' de Obras Públicas, Lluís Recoder, y su mano derecha de entonces, Joan Pinyol. Agbar fue la gran perdedora en 2012 pero desde entonces ella y la propia Generalitat, cuyo organismo de tutela de contratación anuló el concurso, empezaron a pleitear contra Acciona y ahora se ha anulado de forma definitiva el proceso de 995 millones de euros, la mayor privatización de España anulada en un tribunal. Acciona había desembolsado 298 millones. Fuentes financieras apuntan a que la constructora de los Entrecanales reclamará por vía judicial a la Generalitat un total de 400 millones.

La Generalitat quiere repetir el concurso por varias razones. La primera y principal, no tener que descontar como déficit en 2018 los 995 millones que en 2012 se apuntó como ingreso atípico y por adelantado. Por tanto, el primer objetivo de repetir el concurso es no descuadrar las cuentas de la Administración catalana, un objetivo en el que ERC se ha empleado a fondo y que además coincidiría con los parámetros que desde Madrid marca el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien mantiene intervenidas las cuentas de la Generalitat.

La sentencia del Supremo ratifica la nulidad de la adjudicación que ya había fallado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo que impide a Acciona reclamar un lucro cesante por lo que dejará de ganar por los 45 años pendientes de concesión. En cambio, la Generalitat sí que debería retornar a la constructora de los Entrecanales al menos los 298 millones ingresados en caja con la privatización. Repetir el concurso facilitaría que estos fondos no saliesen de las arcas públicas, sino del bolsillo del nuevo adjudicatario.

Fase provisional

La Generalitat pretende que Acciona siga siendo la titular del servicio durante el periodo en que se prepare el concurso. Eso sí, rebajando sus expectativas financieras. Actualmente, y tras la última subida de la tarifa del agua, Acciona obtiene una rentabilidad del 21%, que en la actual Administración catalana encuentran excesiva. La intención es renegociar las condiciones para que la rentabilidad se sitúe entre el 4% y el 5% para el periodo de interregno que se abre con esta sentencia.

Los ayuntamientos del área de Barcelona ya han presentado un recurso contra la última subida del agua del 11,8% y la revocación de ATLL ayuda

Sin embargo, no será fácil. Los ayuntamientos del área de Barcelona han anunciado un recurso contencioso-administrativo contra la última subida del agua, del 11,8%, precisamente a causa de la privatización de la ATLL. La nulidad de la sentencia anula 'de facto' esta subida. Pero es que, además, Agbar exigirá la ejecución inmediata de la sentencia. Por tanto, el plan de la Generalitat topará con importantes dificultades.

Sin dirección política

Para colmo, con la aplicación del 155 la Generalitat carece de dirección política. No hay 'consellers', no hay presidente. Los que apuestan por repetir el concurso son altos cargos que fueron designados por los 'consellers' cesados. Es decir, hay un vacío político y la autonomía se encuentra suspendida.

Eso con un Parlament donde el nuevo presidente efectivo, presumiblemente Jordi Turull, precisará del voto de la CUP para ser investido. Y la CUP apuesta por remunicipalizar el agua. Aunque le cueste a la Generalitat casi 1.000 millones de euros que no tiene. Ni JxCAT ni ERC lo incluían en sus programas electorales. Pero para la CUP esta cuestión es capital. Así que si la situación financiera es complicada, la política no le va a la zaga.