la inspección fiscal no pudo rastrear el dinero

El "lío inescrutable" del Grupo Puig: los 124 M que ni Hacienda ha podido encontrar

La Agencia Tributaria mira con lupa las cuentas del gigante de la cosmética. El Tribunal Supremo no le ha concedido unas bonificaciones por las que luchaba desde 2010

Foto: Desfile de Paco Rabanne durante la Paris Fashion Week de 2015.
Desfile de Paco Rabanne durante la Paris Fashion Week de 2015.

Paco Rabanne, Nina Ricci, Jean Paul Gaultier... 1.700 millones de euros en ventas a nivel global y una red de empresas en todo mundo para que la maquinaria funcione. El Grupo Puig, el conglomerado de cosmética que aglutina a las citadas y otra decena de marcas de alta moda, está siendo sometido desde 2016 a las inspecciones fiscales de la Hacienda española, que quiere ver claro en sus cuentas. El fisco tiene precedentes para hacerlo. Fue solo en febrero del curso pasado cuando se cerró, en el Tribunal Supremo, un largo litigio con la Agencia Tributaria española. El presunto truco contable en el impuesto de sociedades quedó prescrito —se refería a 2004—, pero los inspectores de Montoro dejaron constancia de que no debía haber deducciones fiscales para la empresa, porque algo pasaba: "Hay tal lío —y perdónese la expresión— de traspasos de fondos de unas sociedades a otras que el saber de verdad qué ocurrió allí es inescrutable", sentenció la inspección.

Lo que ha llegado ahora al Supremo (la sentencia se puede leer aquí) empezó en julio de 2009. La empresa sostenía que podía beneficiarse de determinadas deducciones por las exportaciones realizadas a Estados Unidos, conocidas como DAEX. Pero, según Hacienda, fallaban las condiciones para contar con esos descuentos fiscales. Había movimiento de dinero "para restablecer la situación patrimonial", es decir, para evitar resultados negativos, pero no para realizar inversiones reales. Como descubrieron los inspectores, algunas de las sociedades por las que se movía el flujo de dinero se encontraban en paraísos fiscales.

Cuando se realizaron las pesquisas, se tuvieron en cuenta 13 empresas españolas dependientes del grupo. La firma hacía referencia, como accionista, a una sociedad de inversiones en Holanda dependiente a su vez de una segunda holandesa administrada por los Puig. A comienzos de 2005, una sociedad de las Antillas Holandesas, Andrella Corporation NV, resultaba como accionista de la neerlandesa, de acuerdo con el registro del país. Está permitido y es común que se use una empresa de este país europeo como 'puente' a otra que esté en un paraíso fiscal como el de las Antillas.

Los movimientos bajo la lupa de Hacienda se centraban en el flujo de dinero que iba hacia las filiales del grupo en Estados Unidos. La empresa acreditó unas deducciones como consecuencia de ampliaciones de capital en Italia (algo que no interesaba a Hacienda) y en Estados Unidos. La aportación al grupo americano en 2004 alcanzaba los 124 millones de dólares, y en 2006, 40 millones. Pero otras "aportaciones realizadas por Puig América" por 35 millones de dólares, señalan los inspectores, eran en concepto de 'capital contributions', "un tipo de operaciones que no supone ni la emisión de nuevas acciones ni el incremento del valor nominal de las existentes por parte de la sociedad que recibe la aportación". Es decir, no se realizaban inversiones reales.

¿Cómo llegaron los fondos?

Las inspecciones se centraban en el impuesto sobre sociedades de 2004 a 2006, del IVA de 2005 a 2006 y de las retenciones a cuenta de personas no residentes. Todo lo relativo a 2004 quedó prescrito, porque el inspector jefe amplió la inspección una vez ya cerrado el plazo de 12 meses del que disponía. Puig recurrió el hecho y los tribunales le dieron la razón. Al menos a esta parte del recurso.

La Inspección no ha llegado a saber si aquellos fondos llegaron efectivamente a Puig USA ni cómo lo hicieron

En la otra, el debate se centró en la 'capital contribution'. Según Hacienda, la empresa no podía beneficiarse de las deducciones porque "la 'capital contribution' es una aportación societaria que no se traduce en una entrega o incremento del valor nominal de participaciones, sino en un aumento de los fondos propios", razonaba el abogado del Estado que representó a Hacienda en los pleitos. Hacen falta inversiones materiales o actividad exportadora real para que la empresa pueda beneficiarse de las deducciones.

Relación de los inspectores de Hacienda, tal y como se reproduce en la sentencia del Supremo. (EC)
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Relación de los inspectores de Hacienda, tal y como se reproduce en la sentencia del Supremo. (EC)

Lo que había pasado, según los inspectores, es algo bien distinto. No había pruebas de la actividad de la empresa: "La Inspección no ha llegado a saber si aquellos fondos llegaron efectivamente a Puig USA ni cómo lo hicieron, porque la entidad no ha llegado a explicar satisfactoriamente cómo se movió aquella masa ingente de millones de dólares [más de 124 millones de euros] a las sociedades por ella participadas, algunas en paraísos fiscales", se leía en el informe de los inspectores. Hacienda no consiguió desentrañar la maraña societaria y lo dejó bien claro. El "lío inescrutable" que el organismo encontró, “la entidad no ha podido —y seguramente porque no ha querido— explicarlo".

A día de hoy, Puig tiene dos inspecciones abiertas, tal y como consta en sus cuentas anuales. Una en España, sobre los ejercicios de 2011 a 2014, y otra en Estados Unidos, relativa el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2013. El Grupo ha preferido no contestar a las preguntas de este periódico sobre estos procedimientos.

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