Inversores del Popular esperan el inminente informe de Deloitte… para volver a la carga

Es cuestión de días. La Junta de Resolución Única (JUR) ultima los últimos preparativos para publicar la versión no confidencial del polémico informe Deloitte, el diagnóstico sobre el que tomó la decisión de resolver el Banco Popular y venderlo por un euro al Santander.

Los inversores afectados creen que el documento, considerado el certificado de defunción del Popular, podría ver la luz el próximo lunes. O, a más tardar, en los días siguientes. La propia JUR no da una fecha concreta, aunque ya dejó claro que efectivamente no sería antes del día 15.

El informe se publicará de manera parcial y solo después de que el Panel de Recurso de la JUR diera la razón a los inversores que pedían acceso al análisis de Deloitte, lo que en un primer momento se les había negado.

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Ya ha transcendido que Deloitte estimaba el coste de resolución del Popular en -8.200 millones negativos en un escenario estresado, -2.000 millones en un escenario base (el más probable) y +1.300 millones positivos en un escenario optimista. Pero los inversores, quieren saber por qué.

Las expectativas son bajas. Tanto la JUR como la Comisión Europea se han mostrado en el pasado partidarias de no revelar los datos que contiene el informe Deloitte, dado que contiene información sensible sobre el Popular. Por ello, los inversores afectados no descartan volver a la carga.

Los afectados exigen conocer el análisis detallado que contiene el informe, ya que éste fue clave para que la JUR decidiese resolver el banco de la noche del seis a la mañana del siete de junio. En concreto, cuestionan las asunciones llevaron al organismo dirigido por Elke König a tomar esta decisión, en lugar de optar por otra alternativa como la bancarrota de la entidad, ya que creen que podrían haber sido incorrectas.

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Por ejemplo, se preguntan si Deloitte valoró de manera correcta el valor de la cartera inmobiliaria en manos del Popular, teniendo en cuenta que los precios del mercado ya están evolucionando positivamente en varios puntos de España.

También exigen transparencia ya que, según las normativas europeas, tienen derecho a cuestionar la decisión ante la Justicia, para lo que exigen contar con toda la información sobre el proceso.

En agosto, después de que la decisión de intervenir el Popular en junio pillara al sector e inversores por sorpresa, la Comisión alegaba que su publicación podría no solo dañar los intereses comerciales del Santander, sino también comprometer la estabilidad financiera de la Unión Europea.