El FROB pide a la Junta de Resolución que revele los informes del Banco Popular

La falta de transparencia de la decisión de resolver el Banco Popular con la pérdida de toda la inversión de accionistas y tenedores de subordinada empieza a abrir grietas entre las autoridades responsables de estas medidas. Así, el FROB ha pedido a la Junta Única de Resolución europea (JUR) que haga públicos los tres informes en que se basó la decisión de intervenirlo, el de la propia JUR, el del BCE y el de valoración elaborado por Deloitte, que hasta ahora se ha negado a revelar. Si el organismo comunitario se sigue negando, habrá otra vía para conocer su contenido: si la Audiencia Nacional los solicita, el fondo de rescate español se los entregará.

TE PUEDE INTERESAR

El Banco de España y la CNMV se irán 'de rositas' por la caída del Banco Popular

Eduardo Segovia

Según fuentes cercanas a este organismo, el FROB considera que es necesario dotar de mayor transparencia a esta resolución debido a las graves consecuencias que ha tenido. Por eso, ha hecho esa solicitud a la JUR de que quiebre el secretismo que ha impuesto hasta ahora, amparándose en que los informes contienen información confidencial que puede afectar a la estabilidad del sistema financiero y que también puede perjudicar a la estrategia comercial del comprador, es decir, el Santander. Algo que ha indignado aún más a los afectados y que está dando todavía más argumentos a las demandas judiciales, de lo que también es muy consciente el FROB. El viernes, la Fiscalía solicitó investigar la actuación de Ángel Ron y Emilio Saracho, pero dejó fuera las del Banco de España y la CNMV.

La resolución (antigua intervención) del Popular se fundamentó en tres documentos. El primero es la declaración del BCE de que el banco era inviable o probablemente iba a serlo ('failing or likely to fail'), basada en la falta de liquidez que reconoció la propia entidad —aunque también señala problemas de solvencia—; este organismo solo ha publicado una versión censurada del informe "para fines de transparencia y responsabilidad en vista del interés general, aunque eliminando información confidencial para cumplir con las normas de secreto profesional que gobiernan la labor supervisora".

Versiones censuradas y un informe prohibido

El segundo es el informe de la propia JUR, en el que explica detalladamente la situación del Popular, las opciones disponibles y los motivos para decidir la resolución y la posterior venta de la entidad al Santander por un euro. De nuevo, solo se ha hecho pública una versión recortada, de la que se ha eliminado la información fundamental para entender lo ocurrido. Finalmente, está el informe más polémico, el de valoración del Popular encargado a un experto independiente: Deloitte. La JUR aseguró que este informe daba solo dos valores negativos para el banco: -8.200 millones en un escenario negativo y -2.000 millones en un escenario base. Pero después se ha sabido que había un tercer escenario en el que el Popular valdría 1.500 millones positivos.

De este documento no se conoce ni siquiera una versión censurada. La presidenta de la JUR, Elke König, se ha negado a remitirlo a los numerosos afectados que lo han solicitado para incluirlo en sus demandas judiciales, alegando esas obligaciones de confidencialidad. La última negativa la ha recibido el propio Congreso de los Diputados, desde donde lo había solicitado la presidenta de la comisión de investigación de la crisis financiera, Ana Oramas (Coalición Canaria).

El FROB se los entregará a los jueces

Esta actitud está llegando demasiado lejos, a juicio del Ministerio de Economía, que controla el Fondo de Resolución Ordenada Bancaria, y puede generar un grave problema judicial para el Gobierno y los órganos supervisores (aunque la Fiscalía Anticorrupción los ha eximido de momento de responsabilidades penales). De ahí que el FROB se haya atrevido a enfrentarse con quien en teoría es su superior: la JUR es quien toma las decisiones de resolver entidades y el FROB se limita a ejecutarlas. Y que se haya apartado de su propia tradición de opacidad, ya que nunca ha revelado todos los detalles de las ventas que ha acometido de entidades nacionalizadas.

Si la petición del fondo español no encuentra eco, los afectados tendrán que esperar a lo que suceda en la Audiencia Nacional o en el Tribunal de la UE. La inmensa mayoría de las demandas y querellas presentadas solicitan esta documentación, por lo que sería lógico que los jueces instructores la soliciten. Y si el FROB recibe un requerimiento judicial para entregar estos informes, lo hará. Ahora bien, con la advertencia al juzgado de las obligaciones de confidencialidad citadas. Será el juez entonces el que decida dar traslado a las partes o mantener en secreto su contenido.