El Banco de España y la CNMV se irán 'de rositas' por la caída del Banco Popular

Al igual que ha sucedido en el 'caso Bankia', ni el Banco de España ni la CNMV tendrán que afrontar responsabilidades penales por el 'caso Popular', es decir, por la resolución de la entidad que supuso la pérdida de toda la inversión de sus accionistas y tenedores de subordinada. La Fiscalía Anticorrupción decidió este viernes no aceptar la responsabilidad penal de estos organismos ni tampoco del BCE, a pesar de que numerosas querellas la han solicitado por las diferentes acciones u omisiones cometidas en el proceso que llevó al hundimiento del Banco Popular. No obstante, esto puede cambiar a la luz de los futuros informes de los peritos.

Anticorrupción hizo esta salvedad junto a su pronunciamiento a favor de admitir parte de las querellas presentadas por los afectados y de investigar la actuación de los dos últimos presidentes de la entidad, Ángel Ron y Emilio Saracho. No obstante, el departamento que dirige Alejandro Luzón no concretó los motivos por los que considera que se debe dejar fuera a los supervisores. Será el juez instructor, Fernando Andreu, el que tenga la última palabra, en todo caso.

Esta decisión ha causado sorpresa entre los despachos de abogados que representan a los antiguos accionistas del Popular, que consideran que hay suficientes indicios de que tanto el Banco de España como la CNMV podrían haber tenido una actuación merecedora de responsabilidad penal. En el primer caso, es cierto que la supervisión del Popular —como la de los 14 principales bancos españoles— pasó a ser responsabilidad del Banco Central Europeo en 2014; es decir, que si hubo algún tipo de complicidad con los posibles delitos cometidos por los gestores del banco, el culpable sería el BCE, al que también deja fuera la Fiscalía (si bien aquí es dudosa la competencia de la Audiencia Nacional).

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Ahora bien, si hacemos caso al propio informe del BCE sobre la resolución del Popular, sus problemas no eran solo de liquidez, sino también de solvencia. Y estos venían de mucho más atrás que en 2014; Aristóbulo de Juan, ex director general del Banco de España y ex directivo del Popular, fija su origen en la quiebra de Martinsa-Fadesa en 2008. Lo cual implica que el organismo gobernado por Luis Linde no habría cumplido sus responsabilidades a la hora de exigir al Popular que reforzara su solvencia hasta niveles adecuados o de tomar medidas en caso contrario (intervención, nacionalización, rescate...) antes del traspaso de competencias al BCE.

La responsabilidad de la CNMV, más evidente

El caso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es todavía más sangrante, a juicio de los representantes de los afectados. En primer lugar, porque la propia fiscalía incluye delitos de su ámbito, como estafa a inversores e información privilegiada, e incluso ve indicios de que el banco propició una bajada forzada del precio de la acción, algo que debería haber detectado la institución que preside Sebastián Albella como supervisor de los mercados financieros.

En segundo lugar, los antiguos accionistas del Popular consideran que la CNMV debió prohibir las posiciones cortas (bajistas) en el valor para evitar su desplome en bolsa y el consiguiente pánico que provocó la retirada masiva de depósitos. Algo que no hizo en ese caso pero sí en el de Liberbank, cuando sufrió el contagio del miedo de un mercado que consideraba que podría ser el siguiente en caer; de hecho, esta prohibición sigue vigente todavía. Un agravio comparativo que, a su juicio, puede conllevar responsabilidad penal para este organismo.

El precedente de Bankia

A favor de no imputar a los supervisores juega el precedente del 'caso Bankia', donde la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado los recursos que pedían la imputación de los antiguos responsables del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y de la CNMV, Julio Segura. El auto no descarta fallos de supervisión ni responsabilidades en lo ocurrido, pero considera que estas no son penales, es decir, que los supervisores hicieron las cosas mal pero no fueron delito. Ahora bien, la magistrada Clara Bayarri emitió un voto particular en el que solicita que se sienten en el banquillo porque “existen indicios múltiples, concurrentes y razonables de criminalidad".

De cualquier forma, todo apunta a que el juez instructor solicitará en el caso del Popular informes de peritos del Banco de España como hizo en el de Bankia. Y si estos informes concluyen que el Banco de España y la CNMV sí tuvieron conocimiento de los posibles delitos cometidos por los gestores del Popular y no los impidieron ni los denunciaron, podrían ser imputados pese a la opinión del fiscal en este primer momento procesal.