informe al juez de la audiencia nacional

Anticorrupción, a favor de investigar a Ron y Saracho por la quiebra del Popular

Pide que se admitan la mayor parte de las querellas presentadas por los afectados por la resolución del Banco Popular y su venta al Santander

Foto: Banco Popular
Banco Popular

La Fiscalía Anticorrupción se ha pronunciado a favor de admitir parte de las querellas presentadas por los afectados por la resolución del Banco Popular y su venta al Santander. Según fuentes jurídicas, el departamento que dirige Alejandro Luzón ha reclamado al juez instructor Fernando Andreu que investigue la actuación de los dos últimos presidentes de la entidad, Ángel Ron y Emilio Saracho.

El magistrado deberá ahora pronunciarse sobre si procede o no admitir las decenas de acciones penales que han sido presentándose tras la quiebra del banco y que abarcan un amplio catálogo de delitos. En ellas, una treintena, encontramos acusaciones de estafa a inversores, falsedad contable, administración desleal, apropiación indebida (referida a los bonus, pensiones e indemnizaciones, en especial los 24 millones concedidos a Ron) y hasta información privilegiada.

Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, Anticorrupción ve en la quiebra indicios de que el banco no ofrecía una imagen fiel de su situación real y propició una bajada forzada del precio de la acción, lo que encajaría en la presunta comisión de un delito de alteración del precio de las cosas. La Fiscalía no ve, sin embargo, responsabilidades penales en la actuación de los organismos reguladores y deja fuera al Banco Central Europeo, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que figuraban como querellados en algunos de los escritos presentados.

Casi todos los afectados han recurrido a la vía penal independientemente de que vayan a interponer demandas civiles o de que hayan recurrido la resolución del banco al Tribunal de la UE, porque interrumpe la prescripción y porque las condenas penales llevan aparejada la responsabilidad civil, es decir, la devolución del dinero (de la que tendría que hacerse cargo el Santander).

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