Los bonistas del Popular acusan al BCE de revelar secretos y provocar su caída

Los bonistas e inversores que perdieron su dinero con la resolución del Banco Popular, entre ellos Anchorage Capital, Algebris y Ronit Capital, acusan a la JUR (Junta Única de Resolución) de violar el secreto profesional, lo que provocó la salida de depósitos que acabó por hacer inviable a la entidad. Asimismo, consideran que cometió errores al resolver el banco y que el Ejecutivo comunitario actuó con "excesiva precipitación" al aprobar la decisión de la JUR.

Por ello, el grupo de afectados que vieron literalmente desaparecer su inversión de la noche a la mañana del 6 al 7 de mayo, representado por la firma de abogados Quinn Emanuel, ha presentado dos recursos contra las decisiones de la Junta Única de Resolución (JUR) y contra la Comisión Europea (CE) para que se anule la resolución de la entidad, que supuso la venta del Popular al Banco Santander por un euro.

¿Qué podría pasar?

Corresponde ahora al Tribunal de Justicia de la Unión Europea analizar los hechos y decidir si la JUR y la CE actuaron de manera correcta. Los afectados se agarran a que en el caso del Popular, como sucedió en el del estadounidense Lehman Brothers, entró en quiebra pero tenía activos con valor. Y estos se utilizaron durante la liquidación para compensar a buena parte de los bonistas afectados, mientras que en el caso del Popular estos han perdido su inversión.

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El FROB, también en la mirilla

Otra opción que está siendo estudiada por los representantes de los bonistas es presentar otro recurso el FROB antes del 7 de septiembre. Los bonistas también podrían decidir presentar un recurso alegando daños, además de los recursos presentados este jueves pidiendo la nulidad de las decisiones. Para ello tienen un plazo de cinco años a partir de la fecha de la resolución, con lo que aún les queda margen para estudiar si emprenden esta otra batalla legal.

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Desde la Comisión, un portavoz explica a El Confidencial que no le ha sido notificado que los bonistas del Banco Popular hayan presentado ningún recurso ante los tribunales. Y aunque reconocen que la legislación comunitaria permite emprender este tipo de acciones contra las decisiones de resolución tomadas a nivel europeo, se limitan a recordar que corresponde en cualquier caso al Tribunal de Justicia Europea pronunciarse sobre estos.

Argumentos contra la JUR

En el recurso contra la JUR, los letrados aseguran que la presidenta de esa institución, Elke König, cometió una infracción el 23 de mayo al afirmar en una entrevista a Bloomberg que estaban "siguiendo de cerca" la situación del Popular. También mencionan las informaciones publicadas el 31 de mayo en la agencia de noticias Reuters, donde se citaba a un cargo europeo en relación con un "aviso temprano" de la JUR sobre el Popular.

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Quinn Emanuel recalcó que, tras esas informaciones, el precio de las acciones cayó un 50% y se aceleraron las salidas de depósitos. Para la firma de abogados, el efecto "perjudicial" de esas declaraciones se confirmó en el informe del Banco Central Europeo 'Failing or Likely to Fail' ('Inviable o en riesgo de serlo'), donde se aseguraba que "los depósitos perdidos desde el 31 de mayo son especialmente relevantes y se producen una vez que los medios divulgan que el banco podía enfrentarse a una resolución". Agrega que la JUR emplea más adelante esa "formidable fuga de liquidez" para justificar su intervención en el banco.

El grupo de bonistas sostiene, además, que la JUR basó su decisión en una información incompleta, "en parte basada en un precipitado informe de evaluación elaborado por Deloitte", que por el momento no se ha hecho público.

Y contra la Comisión Europea

En cuanto al recurso contra la Comisión, subraya su "incapacidad" para evaluar el mecanismo de resolución de la junta. En ese sentido, la firma de abogados considera insuficiente el tiempo dedicado a la evaluación, que duró un máximo de 77 minutos según los registros de la CE, y estima que esta "parece infringir su obligación legal de llevar a cabo una valoración y un análisis adecuado y satisfactorio".

El pasado 6 de junio, el Banco Central Europeo (BCE) decretó que el Banco Popular era "una entidad inviable o con probabilidad de serlo" y lo comunicó a la Junta Única de Resolución, que durante la madrugada ordenó la resolución de la entidad.

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El 7 de junio, el Ejecutivo comunitario dio luz verde al plan de resolución de conformidad con el reglamento sobre el Mecanismo Único de Resolución (MUR). El Santander se hizo entonces con el 100% del Banco Popular por un simbólico euro y anunció su intención de proceder a una ampliación de capital de 7.000 millones de euros (7.891 millones de dólares) para asegurar la operación.

Si bien los titulares de cuentas y de depósitos no sufrieron merma alguna con independencia del importe de los ahorros, los accionistas y tenedores de deuda perdieron el 100% de la inversión, lo que abrió la puerta a numerosos procesos judiciales.