El otro test de estrés de Bankia: el BdE deriva la carga de la prueba de la OPV al rescate

Los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) han puesto de relieve las virtudes de Bankia como la entidad más y mejor recapitalizada del sistema financiero en España. La capacidad de gestión del equipo directivo que lidera José Ignacio Goirigolzarri no puede ocultar el impulso a reacción que los 24.000 millones de ayudas públicas han activado para hacer de Bankia lo que el ministro Luis de Guindos definió como “el banco más solvente del país”. Una historia de éxito surgida de los despojos de las viejas cajas de ahorros, pero que ahora vuelve a ponerse en tela de juicio como consecuencia del proceso abierto en los tribunales por la salida a bolsa con que previamente todos los poderes públicos y privados del país cerraron filas para salvar al soldado Bankia.

El actual presidente de la entidad, más vale una vez colorado que ciento amarillo, no tuvo mayor reparo en llenar la despensa de Bankia con la petición de 19.000 millones de euros acumulados a los 5.000 que ya se habían aportado al grupo bancario en la etapa de Rodrigo Rato. Fue el precio más alto del célebre rescate financiero solicitado por el Gobierno en julio de 2012 y que, al final, se tradujo en la intervención de la economía española durante el siguiente bienio negro. Una historia en este caso plagada de frustraciones y cuya memoria ha sido removida estos días en la causa que investiga Fernando Andreu desde el juzgado número 4 de la Audiencia Nacional.

El desfile de los testigos del Banco de España, desde el antiguo al actual director general de Supervisión pasando por los inspectores fijos en la entidad, ha servido para testimoniar la batalla intestina que existe en el seno de la principal entidad de regulación financiera en nuestro país. Las autoridades bancarias han sufrido un importante desgaste derivado de una división corporativa interna en la que subyacen reclamaciones de tipo laboral con otras de mayor calado profesional. Esta situación, unida a la incompatibilidad de caracteres con el ministro Luis de Guindos, es la razón de fondo que ha motivado la salida de Fernando Restoy, el hombre fuerte del Banco de España durante todos estos años y que en enero pondrá rumbo a Basilea para incorporarse al Banco Internacional de Pagos (BIS) con su amigo Jaime Caruana.

El enfrentamiento entre una facción de los inspectores y el subgobernador saliente ha llegado a alcanzar cotas realmente inauditas para la solemnidad y hermetismo con que se han manejado de manera tradicional todos los asuntos en el seno del Banco de España. A tal punto que los más beligerantes tuvieron el valor de trasladar sus quejas a la supervisora en jefa del Banco Central Europeo (BCE), Danièle Nouy, quien despachó a sus interlocutores con cajas destempladas durante la visita que realizó a España hace un par de meses. La lamentable anécdota evidencia en todo caso el espíritu reivindicativo de los profesionales de la casa, que se consideran ninguneados, aparte de mal pagados en la relación comparativa con sus colegas extranjeros.

Bankia se ha convertido en el campo de batalla de los enfrentamientos intestinos entre una parte de los inspectores y la alta dirección del Banco de España

Buena parte de estas estas culpas fueron lanzadas como arma arrojadiza contra el empedrado de Bankia cuando el juez instructor reclamó a Luis Linde asistencia técnica para analizar las cuentas del banco fusionado. La designación de dos peritos bajo control soberano y absoluto del magistrado permitió a los inspectores Antonio Busquet y Víctor Sánchez Nogueras soltarse el dogal de la ortodoxia institucional para saltar a la fama con unos informes hasta cierto punto atrabiliarios, pero que han puesto patas arriba muchos de los cánones, valores y convenciones de la contabilidad financiera en los grandes bancos y sociedades cotizadas.

Las provisiones como gran elemento de discordia

Los dos técnicos metidos a labores periciales se despacharon a gusto con respectivos informes que venían a certificar la supuesta y gran estafa de la salida a bolsa de Bankia en julio de 2011. Los dictámenes fueron presentados en diciembre de 2014 con amplia profusión de cifras y datos que no solo dejaban en entredicho los estados contables con que se lanzó la oferta pública de venta (OPV) sino que también cuestionaban la reformulación de las cuentas que efectuó Goirigolzarri a las pocas semanas de tomar el mando de la entidad. El ventilador encendido sobre el inventario de Bankia suponía una enmienda a la totalidad contra la actuación llevada cabo por el Banco de España y la CNMV como reguladores solapados en la responsabilidad de garantizar el buen funcionamiento de los bancos y de los mercados.

Con toda esta artillería contable el juez Andreu dispone de una base certera para dictar el juicio oral de Bankia que, en su caso, mantendrá viva la llama del último y más emblemático escándalo público de la historia económica en España. Otra cosa muy diferente es lo que puedan dictaminar las instancias judiciales superiores con la contraofensiva lanzada esta pasada semana por los directivos del Banco de España y la propia presidenta de la Comisión de Valores, Elvira Rodríguez. De una forma u otra todos ellos han cerrado filas para deshacer los entuertos de los informes periciales, ratificando las actuaciones y el testimonio de Deloitte como auditor a la sazón de Bankia cuando asegura que la compañía no salió a bolsa con ninguna tara ni impacto patrimonial que se le parezca.

La cuestión de fondo que ampara la controversia reside en las célebres provisiones genéricas y específicas sin asignar. Algo más de 3.000 millones de euros acumulados dentro de un concepto contable sujeto a múltiples interpretaciones y que sirvió de caldo de cultivo para que los peritos hicieran de las suyas en los diferentes dictámenes presentados al juez. En los primeros estudios las provisiones ni siquiera fueron identificadas; después admitieron que existían pero que no se podían utilizar y en última instancia consideraron estas dotaciones como lo más parecido a una mera pintura contable. La confusión venía dada por la propia configuración del grupo Bankia ya que las provisiones de la discordia estaban contabilizadas en la matriz BFA, como ha dejado claro el actual director general de Supervisión del Banco de España, Mariano Herrera.

La presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, ha defendido sin tapujos la auditoría llevada a cabo por Deloitte en la salida a bolsa de Bankia

El hecho es que los importes de los ajustes apuntados en los informes periciales estaban cubiertos de sobra o, al menos, así lo indica la normativa contable esgrimida ahora por los máximos responsables ejecutivos del organismo de supervisión. La credibilidad final de los peritos queda en manos del juez, lo que no es poco, pero lo cierto es que sus dictámenes han sido ampliamente rebatidos a lo largo de las últimas pruebas testificales. Por lo demás, tanto el Consejo de Estado como la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y hasta el propio Ministerio de Economía han descartado la existencia de responsabilidad patrimonial por parte del Estado, lo que contradice en gran parte las acusaciones de fraude en el lanzamiento y colocación de Bankia en los mercados de valores.

La célebre OPV ha tenido un precio económico y político demasiado alto, como demuestra la reciente y enésima factura emitida esta semana en sede judicial. En su legítimo afán por defender la pulcritud de la salida a bolsa, los altos cargos del Banco de España y los miembros de la inspección que revisaron la solvencia de la entidad han puesto también el dedo en la llaga del posterior auxilio bancario llevado a cabo con fondos públicos o, lo que es igual, a hombros del contribuyente. Ahí es donde le aprieta el zapato al Gobierno y donde más le duele al actual equipo gestor de Bankia.

Guindos y Goirigolzarri no escatimaron esfuerzos en defender, cada cual desde su respectiva posición de mando, la necesidad de aplicar cirugía de la buena sobre la herencia que dejaron Rato, Blesa y compañía. Lo que durante mucho tiempo parecía una verdad inmutable, los 24.000 millones que costó la broma, vuelven a ser ahora cuestionados por voces tan autorizadas como las emitidas, aunque sea a título personal, por los altos cargos del Banco de España. El caso Bankia tardará todavía un tiempo en quedar visto para sentencia pero a partir de ahora su iconografía trasciende del supuesto fraude de la OPV para salpicar al no menos controvertido rescate público. A fin de cuentas, fueron aquellos polvos los que trajeron todos estos lodos.