Las revelaciones de Hervé Falciani golpean por segunda vez al Banco Santander

Cinco años después de que Anticorrupción denunciara a 12 miembros de la familia Botín por delito fiscal y falsedad documental -con el fallecido Emilio y su sucesora en la presidencia del Santander, Ana Patricia, entre ellos- y a los cuatro años de que el juez Fernando Andreu archivara esa denuncia al considerar que habían regularizado correctamente su situación tras pagar los 200 millones que adeudaban a Hacienda, el informático Hervé Falciani vuelve a llamar a las puertas del primer banco de España. José de la Mata, otro de los jueces de la Audiencia Nacional, envió ayer a la Guardia Civil a la sede de la entidad para reclamar información sobre varias cuentas relacionadas con el caso que instruye contra 40 personas y grupos familiares que aparecían en la lista que se llevó el francoitaliano del HSBC. Lo hizo por sorpresa, sin requerimiento previo, y con la amenaza de registrar el edificio en caso de que la entidad se negara a colaborar con él.

Este nuevo 'caso Falciani' tiene su origen en una segunda lista enviada a España por las autoridades francesas en abril de 2013, cuando el exempleado del HSBC, recién salido de prisión tras casi un año encarcelado por una orden de detención internacional emitida por Suiza, colaboraba codo con codo con la Fiscalía para descifrar la información de la que se había apropiado. Tras un primer análisis de las 2.508 nuevas cuentas enviadas, en las que se descartaron casos de residentes en Suiza, personas que habían regularizado o fraudes que no llegaban al límite de los 120.000 euros que separa la mera defraudación del delito contra la Hacienda Pública, Anticorrupción presentó en junio de 2013 denuncia contra unos 200 supuestos defraudadores que, finalmente, según fuentes de la Audiencia Nacional, se han quedado en "40 personas y grupos familiares". Esa denuncia, que recayó en el antecesor de De la Mata al frente del Juzgado Central 5, Pablo Ruz, iba también dirigida contra la filial española del HSBC por supuesto blanqueo de capitales, según adelantó el pasado noviembre 'Expansión'.

Ayer, De la Mata, tomó dos decisiones trascendentes respecto de esa investigación. La primera fue levantar el secreto de sumario respecto de los 40 supuestos defraudadores investigados. El instructor abrió diligencias contra cada uno de ellos y se inhibió a favor de los juzgados que considera competentes para investigarlos. Los casos han ido a tribunales de todas las comunidades autónomas salvo Aragón, Extremadura, Asturias y La Rioja. Fuentes conocedoras de la causa aseguran que, en muchos de estos casos, se trata de personas ya investigadas o juzgadas a las que se imputa un nuevo delito por un ejercicio más, el de 2007. En las causas que se estén instruyendo, bastará con imputar un nuevo delito, pero existen dudas sobre cómo actuar contra los que ya han sido condenados. Algunos de los imputados por juzgados madrileños ya han recibido la notificación de que se les investiga por un año más.

El segundo paso dado ayer por el juez De la Mata es mucho más enigmático. El magistrado, a petición de Anticorrupción, envió ayer a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede central del Santander en Boadilla del Monte (Madrid) para requerir información sobre determinadas cuentas que, según fuentes jurídicas, también están relacionadas con la denuncia de Anticorrupción por la segunda lista Falciani. Los datos concretos que esos efectivos requirieron se desconocen por el momento al encontrarse secreta esa parte del caso. Fuentes de la Audiencia confirman que esa operación se desarrolló por sorpresa y que el banco no había sido requerido previamente para que aportara ningún documento. Los agentes, además, contaban con una orden de registro en caso de que los responsables de la entidad no facilitaran su trabajo.

En la mañana de ayer, el Santander emitió un comunicado en el que confirmaba que había recibido "una petición de información sobre movimientos de determinadas cuentas corrientes entre entidades". Esa misma nota aseguraba que el banco había atendido esa solicitud "suministrando todos los datos disponibles". Fuentes de la investigación aseguran que el objeto de la operación policial era comprobar las operativas con las que algunos de los defraudadores con cuentas en el HSBC denunciados por Falciani habrían blanqueado los fondos que mantenían en Suiza.

Los primeros datos enviados por Francia a la Agencia Tributaria en mayo de 2010 dieron lugar a lo que el entonces secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, calificó como "la mayor regularización fiscal de la historia de España". El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al recibir esa información, recabada gracias a la colaboración de Falciani con la fiscalía y la gendarmería francesa tras su huida de Suiza, prefirió cobrar antes que castigar. El sistema elegido fue muy polémico. Hacienda envió a 558 de los 659 contribuyentes de la lista un requerimiento de información sobre las cuentas en el HSBC que Falciani les atribuía, pero no inició directamente una inspección contra ellos. Eso permitió a gran parte de ellos regularizar su situación sin que se les imputara o juzgara por delitos fiscales. Solo una cuarentena de recalcitrantes optaron por no pagar. Son los que actualmente están siendo investigados y procesados. Las primeras condenas contra ellos comenzaron a llegar a finales del año pasado.

El objeto de la operación era comprobar las operativas con las que algunos de los defraudadores habrían blanqueado los fondos que mantenían en Suiza

Estos últimos argumentaron ante los jueces la 'doctrina del fruto del árbol envenenado'. Es decir, que no podían ser condenados en base a una prueba obtenida ilícitamente, ya que Falciani estaba reclamado por Suiza por el supuesto robo de esos datos. Sin embargo, los tribunales, uno tras otro, han replicado el argumento invocado por la fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado y acogido por la sección segunda de ese tribunal en el auto que denegó su extradición a Berna: que el delator, por su condición de trabajador bancario, no era un ladrón, sino que estaba obligado por la ley española (Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo) a facilitar a las autoridades cualquier indicio sobre lavado de dinero.

De los 558 presuntos evasores a los que Hacienda envió el requerimiento, 306 decidieron presentar declaraciones complementarias que Hacienda consideró "espontáneas", lo que les libró automáticamente de la cárcel, según los datos recopilados por Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda. De ese modo, la Agencia Tributaria consiguió recaudar 260 millones de euros, de los que 200 fueron abonados por la familia Botín. Pero los 12 miembros del clan que aparecían en la lista tuvieron que pasar igualmente por los tribunales.

El 15 de junio de 2011 el juez Fernando Andreu admitió una denuncia presentada por Anticorrupción contra Emilio Botín, sus hijos Ana Patricia (actual presidenta del Santander), Paloma, Emilio, Carmen y Francisco, su hermano Jaime, expresidente de Bankinter, y los hijos de este Marcelino, Alfonso, Gonzalo, Marta y Lucrecia por un presunto delito contra la Hacienda Pública. La resolución de Andreu aseguraba que ambos hermanos -Emilio y Jaime- y sus descendientes habían presentado declaraciones complementarias de IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio de los años 2005 a 2009 y que justificaron esos fondos del HSBC por el patrimonio financiero que el padre de ambos acumulaba a su muerte, en 1993.

El auto de admisión a trámite cita el informe realizado por Hacienda. En él se explica que los investigados no habían podido presentar toda la documentación justificativa de ese patrimonio, pero que esa documentación se podía prever "como ingente y en gran parte en inglés y francés, no siendo baladí adelantar, como ya anuncian los declarantes en sus escritos, que no siempre podrá ser completa y totalmente fehaciente, cuando no escasa e inexistente". El problema era que la práctica imposibilidad de comprobar todos esos informes provocara la prescripción de la deuda del ejercicio de 2005. Esa fue la razón por la que se presentó la denuncia. Para impedir que la supuesta infracción de ese año caducara.

Andreu archivó el caso 11 meses largos después. El juez concluyó que los 12 investigados habían regularizado su situación con Hacienda correctamente. "La regularización practicada por los denunciados se puede considerar que es correcta y anterior a que la Agencia Tributaria incoara un procedimiento de inspección y verificación", explicó el juez en su auto. Así pues, la segunda oportunidad que les dio Hacienda les permitió eludir sus presuntas responsabilidades penales. El Código Penal impide absolver a un acusado por delito fiscal cuando la regularización se produce una vez que el contribuyente ha sido objeto de una inspección o una investigación judicial. En este caso solo hubo un requerimiento.

"A la vista de esta oportunidad de regularizar este patrimonio, la familia Botín tomó la iniciativa y decidió, de forma voluntaria, proceder a declarar e ingresar todos los impuestos derivados de la existencia de dicho patrimonio y de sus rentas (ascendiendo el importe satisfecho a 200 millones de euros)", explicaron entonces desde el entorno del presidente del Santander a 'El País.' Ahora, la cuestión sería, según los investigadores, conocer si otros supuestos defraudadores que también tenían cuenta en el HSBC aprovecharon la estructura del primer banco español para traer su dinero de vuelta. Limpio. Sin mácula.