ENCARGADA POR LA AUDIENCIA NACIONAL

La Guardia Civil se presenta en el Banco Santander por la 'Lista Falciani'

Los agentes han solicitado información al banco y tienen orden de registrarlo en caso de que este no colabore. La orden proviene del juez De la Mata a petición de Anticorrupción

Foto: Ciudad financiera del Santander en Boadilla del Monte.
Ciudad financiera del Santander en Boadilla del Monte.

Agentes de la Guardia Civil se han presentado en la sede del Banco Santander en Boadilla del Monte (Madrid) con un requerimiento de información en el curso de una investigación por blanqueo de dinero sobre el HSBC. En caso de que el banco no facilite los datos que se le requieren, los agentes están autorizados a registrar el inmueble. La orden ha llegado del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es José de la Mata. El juez la ha acordado a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Se trata de un "requerimiento, subsidiario de registro, en relación con determinadas cuentas corrientes de las que el juzgado pide información en el marco de la investigación de la llamada Lista Falciani", según han confirmado fuentes de la Audiencia Nacional.

[Lea aquí: La AN investiga el papel del Banco Santander en el blanqueo de dinero de la 'Lista Falciani']

En este sentido, fuentes de la investigación han explicado a El Confidencial que están buscando las operativas de funcionamiento con las que se habría blanqueado el dinero procedente de HSBC, pero que se encuentra en un periodo muy inicial y todavía no tienen conocimiento ni de personas ni de cantidades defraudadas. Sobre este punto, el propio Banco Santander ha emitido un comunicado en el que confirma que "se ha recibido una petición de información sobre movimientos de determinadas cuentas corrientes entre entidades, que el banco está atendiendo suministrando todos los datos disponibles".

La Guardia Civil se presenta en el Banco Santander por la 'Lista Falciani'

El procedimiento se inició en España en 2013 . Tras la excarcelación de Falciani, detenido en agosto de 2012, en el puerto de Barcelona y su colaboración con Anticorrupción en la investigación de los primeros 659 nombres españoles de su lista -enviada por Francia a Hacienda en mayo de 2010- el país vecino remitió a España otras 2.508 cuentas relacionadas con nuestro país gracias a la colaboración del exinformático del HSBC con las autoridades de ese país. Tras expurgar los casos prescritos y los que no revestían indicios de delito, Anticorrupción remitió una denuncia a la Audiencia Nacional en junio de 2013 con 250 nombres. El caso recayó en el juzgado central 5 cuando Pablo Ruz era aún su titular. Varios de los casos investigados han sido enviados a juzgados territoriales al considerar que no eran competencia de la Audiencia Nacional.

[Los españoles de la lista Falciani tenían 1.800 millones en Suiza]

El juez José de la Mata ha decidido esta misma mañana levantar el secreto de esa investigación. Al final, la lista de investigados se ha quedado en 40 "personas y grupos familiares", según fuentes del tribunal. El juez ha abierto diligencias a cada una de esas personas y grupos se ha inhibido a favor de los tribunales territoriales competentes. Los casos han ido a parar a juzgados de todas las comunidades autónomas salvo de Aragón, Extremadura, Galicia, Asturias y La Rioja. La denuncia, inicialmente se había presentado por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, pero el De la Mata ha limitado el caso al delito fiscal.

Entre los primeros 659 nombres de españoles investigados -que, según Hacienda, ocultaban más de 6.000 millones en el banco suizo- se encontraban también varios de la propia familia Botín, que tenía un mínimo de 2.000 millones de euros ocultos en las cuentas suizas de HSBC, según se desprendió del dinero que ingresaron en las arcas del Estado para regularizar su situación. Entre ellos estaba el fallecido Emilio Botín y su hija y sucesora como presidenta de la entidad, Ana Patricia. En total, 12 miembros del clan que fueron denunciados por delito fiscal en la Audiencia Nacional. El caso, investigado por el juez Fernando Andreu, fue archivado en mayo de 2012 después de que pagaran 200 millones.

También, entre otros, estaban la familia Luca de Tena, Fernando Masaveu, Alicia Koplowitz, Alfons Godall, Juan Carlos Escotet, el médico de la operación Puerto, Eufemiano Fuentes o el empresario de máquinas recreativas Manuel Lao y un largo etcétera de financieros, médicos y demás personajes públicos españoles.

 

Cuando Hacienda recibió la primera documentación procedente de Francia en 2010, envió un requerimiento a todos los titulares de cuentas en el HSBC. Gran parte de los 659 afectados optó por colaborar con Hacienda y regularizar su situación ante el riesgo de que se les condenara por delito fiscal, con lo que el fisco recaudó unos 260 millones de euros.

Sin embargo, a diferencia de los Botín, unos 40 integrantes de la lista Falciani decidieron ignorar la solicitud, pensando que ganarían en los tribunales argumentando que el listado se había conseguido de manera ilícita por el informático suizo Hervé Falciani. Es el caso del consejero delegado de Pepe Jeans, Carlos Vicente Ortega, que recientemente ha consignado 5,3 millones de euros en el juzgado de Madrid que le investiga por delito fiscal. También el matrimonio Jean Paul Bernard y María Elena Feo Palacios, contra los que la Fiscalía se querelló por defraudar 300.000 euros, Joel David Alar, Rogelio Mestre Fernández, el abogado Francisco Javier del Valle Sánchez, el promotor inmobiliario Olazábal Echeandía o María Belén Pérez-Minayo.

Ese argumento (que la obtención de la lista fue ilegal) fue rechazado en la sentencia que evitó la extradición a Suiza desde España del propio Falciani. Tal y como argumentó la fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado, la sección segunda de ese tribunal aseguró que el informático francoitaliano -que aprovechó de su puesto en el HSBC de Ginebra para llevarse las fichas de los clientes- no sólo no había cometido ningún delito al hacerlo sino que había cumplido con su deber de colaborar con las autoridades como sujeto obligado para denunciar estos casos, un deber que le impone la ley española de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

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