EL JUEZ VE SUFICIENTES LOS CASI 200 MILLONES ABONADOS EN DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS

La Audiencia Nacional archiva la causa contra la familia Botín por las cuentas de Suiza

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado hoy el archivo de la querella contra la familia Botín, al considerar que los banqueros han reparado el

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La Audiencia Nacional archiva la causa contra la familia Botín por las cuentas de Suiza
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    El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado hoy el archivo de la querella contra la familia Botín, al considerar que los banqueros han reparado el pago de las deudas que tenían pendientes con los casi 200 millones de euros abonados por los Botín en las declaraciones complementarias por los 2.000 millones ocultos en Suiza. El magistrado, con el informe favorable de la Fiscalía, estima que el presidente del Banco Santander y el resto de miembros de la familia han llevado a cabo la regularización de los rendimientos percibidos del dinero heredado por el padre de Botín, que no habían declarado entre los ejercicios 2005 y 2009. Según el informe de la Agencia Tributaria, "se han verificado en grado suficiente los hechos acaecidos objeto de comprobación".

    Todo ello después de que los dos peritos de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes entregaran sus informes al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, quien no ve causa contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime y los hijos de cada uno de ellos, por un presunto delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

    Los peritos han determinado que en unos casos salían cuotas a devolver a favor de los obligados tributarios y en otras cuotas a ingresar a favor del Tesoro Público. "La regularización realizada por éstos ha pretendido, en base a la documentación acreditativa de los hechos de la que han dispuesto, adecuarse en todo momento razonablemente a lo establecido en la normativa reguladora delos mencionados impuestos".

    La Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia contra los banqueros al no poder comprobar fehacientemente si habían regularizado correctamente los fondos que tenían ingresados en el HSBC Private Bank Suisse desde tiempos de la Guerra Civil cuando su padre, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López, fue destituido de sus cargos en la entidad financiera, que había sido intervenida.

    La Agencia Tributaria española descubrió la existencia de esos fondos el 24 de mayo de 2010, al recibir diversa información procedente de las autoridades francesas de clientes españoles del HSBC Private Bank Suisse que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y/o del Impuesto sobre el Patrimonio de los ejercicios de 2005 a 2009. Esta información surgió después del robo de los datos por parte de un empleado del banco británico.

    Fuentes jurídicas explicaron a El Confidencial que la labor de los peritos para analizar todos los fondos de la familia Botín “ha sido terriblemente compleja”, al ser muchas las sociedades de su propiedad y con muchos titulares diferentes, lo que ha complicado todavía más la investigación.

    Airoso de todas las causas judiciales

    El nombre de Botín ha aparecido recurrentemente en causas judiciales, aunque hasta día de hoy ha salido airoso de todas ellas. Una de las últimas decisiones del anterior Ejecutivo fue indultar a su número dos, Alfredo Sáenz, después de que el Tribunal Supremo le condenase a tres meses de cárcel y la inhabilitación profesional por presentar una denuncia falsa a sabiendas hace 16 años cuando era presidente de Banesto.

    El principal banquero español también ha conseguido recientemente que el Alto tribunal archivara la investigación por pagar unos cursos de la Universidad de Nueva York al que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón cuando éste tenía abierta una investigación contra él.

    Además, la Audiencia Nacional le ha sentado en dos ocasiones en el banquillo de los acusados. La primera en 2005, por las jubilaciones millonarias del excopresidente del BSCH, José María Amusátegui, y el exvicepresidente, Ángel Corcóstegui, de 47,75 millones y 108 millones, respectivamente. El órgano judicial les absolvió al entender que no había pruebas de que hubiese cometido delitos de apropiación indebida y administración desleal.

    También se salvó del juicio por las cesiones de crédito. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió en 2006, tras sentarle en el banquillo, no continuar el juicio, acusado de haber provocado un perjuicio patrimonial de 84 millones de euros. El tribunal estimó que la vista oral no podía seguir adelante sin la acusación de la Fiscalía porque el ejercicio de la acusación popular debe estar limitado “en cuanto a su alcance, extensión y contenido”. La juez que instruyó el caso, Teresa Palacios, acusó a Botín y otros tres directivos del Santander de un delito continuado de falsedad en documento oficial, tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil y otros 30 contra la Hacienda Pública.

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