les pide otro sacrifico para abaratar el coste

Slim pide a BBVA y Santander refinanciar de nuevo los 4.500 millones de deuda de FCC

El nuevo máximo accionista de la constructora ha solicitado a Francisco González y Ana Botín modificar los términos de los préstamos sindicados que fueron renegociados hace apenas un año

Foto: El empresario Carlos Slim en una imagen de archivo. (EFE)
El empresario Carlos Slim en una imagen de archivo. (EFE)

Apenas un año después de que FCC lograse firmar con cerca de cuarenta entidades financieras la refinanciación a vida o muerte de varios préstamos por importe de 4.500 millones, Carlos Slim, el nuevo patrón de la constructora desde el pasado mes de diciembre, ha pedido a los principales acreedores renegociar de nuevo los términos de la deuda. Una solicitud que se ha encontrado con el rechazo de algunos de los grandes bancos, dolidos tras aceptar por decreto judicial la última quita.

Según han confirmado fuentes financieras, Slim se ha reunido con los máximos responsables de BBVA, Bankia, Santander, CaixaBank, Sabadell y Popular (grupo conocido como G6) para modificar los términos del acuerdo firmado el 1 de abril de 2014, un pacto que tardó cerca de un año en concretarse por las reticencias de los principales bancos nacionales y extranjeros a salvar a FCC y a la familia Koplowitz sin obtener casi nada a cambio, excepto evitar quedarse con una constructora de 58.000 empleados.

Las negociaciones llegaron a buen puerto hace trece meses gracias al compromiso de Juan Béjar, el consejero delegado de FCC, de aplicar un duro plan de saneamiento que incluyó ventas de activos, expedientes de regulación de empleo en la constructora, en la cementera, en servicios centrales y en medioambiente, así como una ampliación de capital de 1.000 millones, completada en diciembre.

Esos fondos fueron destinados a reducir en 765 millones de euros el Tramo B del préstamo sindicado y a reforzar los recursos propios de Cementos Portland y de FCC Environment en 100 millones en cada caso. Además, la compañía consiguió que una mayoría de acreedores le concediera una quita del 15% sobre el citado Tramo B, que originalmente era de 1.350 millones, por lo que los seis grandes bancos españoles le perdonaron el pago de 135 millones.

Sin embargo, para el nuevo equipo gestor de FCC, encabezado por el mexicano Miguel Martínez, la situación financiera del grupo no es sostenible debido a los altos tipos de interés a los que se firmó la refinanciación de 2014. La reestructuración del pasado año fijó un precio del Euribor más un diferencial que oscilaba entre el 3 y el 5%, unos términos que en esos momentos sonaban a gloria dada la situación de impago de la compañía, pero que hoy en día parecen caros teniendo en cuenta operaciones recientes.

Dos pleitos de acreedores extranjeros

Esther Alcocer Koplowitz, presidenta de FCC. (EC)
Esther Alcocer Koplowitz, presidenta de FCC. (EC)

Sin embargo, a la banca la petición de Carlos Slim le ha sentado como un desafío difícil de asumir dadas las concesiones que hicieron el pasado año tanto a la compañía como a la familia Koplowitz, a la que también le han alargado hasta cinco años el vencimiento de sus préstamos personales por importe de 1.000 millones. En ambos casos, les permitieron no tener que amortizar prácticamente nada de los dos créditos hasta la fecha final de pago, un trato más que favorable.

Si la posición del denominado G6 no es positiva de partida, mucho más irascibles están los bancos extranjeros y los fondos que compraron deuda de FCC en los mercados secundarios. Algunos de estos acreedores, entre los que se encontraba el poderoso fondo americano Blackstone, incluso denunciaron en los tribunales la quita de 135 millones aplicada por consenso al Tramo B, si bien la nueva ley española de armonización de deuda le dio la razón a la compañía.

Todo lo contrario de lo que ha ocurrido con la demanda interpuesta por los titulares de los bonos de la emisión de 450 millones cuyos términos también fueron modificados por FCC sin el apoyo total de los tenedores. Un juez británico les ha dado la razón en su reclamación y ha ordenado a la constructora española devolverles su inversión. Una cantidad pequeña, de apenas 10 millones, pero que abre la puerta para litigar en la Unión Europa por el pleito relativo a la quita.

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