El FMI alerta sobre la influencia de los grupos de presión en la política industrial

El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) no revela nombres, pero apunta en una dirección. Existe el riesgo, sostiene, de que los grupos de presión tengan una influencia decisiva en defensa de sus intereses particulares, y no en favor de los generales, en la concesión de las crecientes políticas industriales que han puesto en marcha los países avanzados tras la pandemia y por el aumento de las tensiones geopolíticas.

El FMI, en concreto, parte de que la mayor parte de las políticas industriales incorporan todo tipo de subsidios y exenciones fiscales "que pueden ser perjudiciales para la productividad y el bienestar si no se enfocan de manera eficiente". Se pone como ejemplo aquellas situaciones en las que las subvenciones están mal dirigidas y benefician a sectores que denomina "políticamente conectados" con los gobiernos. Es decir, grupos de presión que se aprovechan de su proximidad a los gestores públicos.

Este es el caso de las grandes empresas, cuya capacidad de penetración en el tejido político es mayor. Entre otras razones, como precisa el informe, porque algunos análisis han acreditado que tienden a contratar a más políticos por trabajador que el resto. El estudio cita al economista turco Daron Acemoglu, uno de los autores de Por qué Fracasan los Países, un libro fundamental que explica la importancia de las instituciones democráticas para el progreso, quien junto a otros ha encontrado evidencias de que las conexiones políticas pueden impulsar la valoración de mercado de las empresas que cotizan en bolsa gracias a la asignación del gasto público.

Es más, recuerda el estudio, la eficacia de las políticas industriales también puede verse obstaculizada porque exista una información asimétrica entre los funcionarios del Gobierno y las empresas. Y se pone como ejemplo el etiquetado incorrecto de los proyectos, la existencia de una administración gubernamental ineficiente, la inercia en las políticas o una evaluación errónea de los beneficios sociales.

Costosas represalias

Llama la atención, en ese sentido, una práctica muy extendida, como puede ser la discriminación de empresas extranjeras para beneficiar a las nacionales cuando las primeras ofrecen soluciones más ventajosas. "Dichas políticas", aseguran los autores del estudio, incluido en el Fiscal Monitor presentado esta semana en Washington, "pueden desencadenar costosas represalias [entre países], cuando la mayoría de los estados, incluyendo a las principales economías avanzadas, dependen de la innovación realizada en otros lugares".

El FMI pone cifras a esa sospecha. Según sus estimaciones, dirigir las ayudas a los sectores que pueden aprovechar mejor el conocimiento puede aumentar el bienestar general un 2%, siempre que la concesión se haga con criterios neutrales. Ahora bien, las ganancias de bienestar pueden aumentar hasta el 5% cuando las subvenciones y exenciones fiscales se destinan a los sectores más innovadores, como puede ser la industria verde. Para medir este efecto se utiliza el número de patentes [ver gráfico].

Dicho esto, los autores del estudio llegan a la conclusión de que no siempre es así. A partir de los modelos utilizados han encontrado certezas de que "a medida que aumenta el grado de captura política, la política industrial puede ocasionar pérdidas de bienestar, incluso en una economía grande con objetivos verdes".

La oportunidad temporal del estudio del FMI es elevada. Hay que tener en cuenta que en los últimos años, desde que la llegada de Trump a la Casa Blanca frenó la globalización, están surgiendo importantes iniciativas en todo el mundo, como la Ley CHIPS y Ciencia de los EEUU, que financia la investigación nacional y la fabricación de semiconductores; el Plan Industrial del Pacto Verde de la Unión Europea, que apoya la transición hacia la neutralidad climática; la Nueva Dirección sobre Política Económica e Industrial de Japón o la Ley K-Chips en Corea, junto con políticas de larga tradición intervencionista en economías de mercados emergentes como China.

Los autores del informe, Era Dabla-Norris, Daniel García-Macia, Vítor Gaspar y Li Liu admiten que las ayudas públicas son necesarias, pero siempre que estén justificadas. Es decir, busquen generar riqueza en las economías nacionales, por ejemplo subvencionando a la industria de semiconductores o impulsando la innovación a fin de alcanzar emisiones cero de CO2, para lo cual se necesitan tecnologías que aún no existen. Pero los subsidios, advierte, deben ser transparentes, centrarse en objetivos ambientales y complementarse con un precio sólido del carbono para minimizar los costes fiscales.

Política de subvenciones

Según sus estimaciones, incrementar el gasto en esas políticas en medio punto del PIB, o alrededor del 50% del nivel actual en las economías de la OCDE, podría aumentar el PIB hasta en un 2% para la economía avanzada promedio. Es más, ese nivel de gasto en innovación podría incluso reducir la relación deuda-PIB en el largo plazo.

Ese nivel de gasto en innovación podría incluso reducir la relación deuda-PIB en el largo plazo

La oportunidad del informe es aún mayor si se tiene en cuenta que los fondos Next Generation suponen, por su relevancia económica, una inédita política de subvenciones dentro de la Unión Europea (UE). En ocasiones, como se sabe, se ha cuestionado la influencia de las grandes empresas a la hora de canalizar esos fondos en detrimento de las más pequeñas, cuya capacidad de acceso a los gestores públicos y a la propia información es sensiblemente más reducida.

El informe apoya sin matices destinar recursos a la investigación y a la innovación, y recuerda que está acreditado que la investigación pública “es la que ofrece la mayor rentabilidad”. Según sus cuentas, por cada dólar que se invierte en I+D a través de ayudas fiscales, se obtiene un beneficio adicional de un dólar. “Esto no es sorprendente”, aseguran, “ya que la financiación pública de la investigación tiende a centrarse en la investigación fundamental, que tiene una alta difusión de conocimientos que beneficia a más sectores en más países y durante más tiempo que la investigación aplicada por parte de las empresas”. Eso explica que los subsidios sean especialmente útiles para apoyar la fase inicial de los proyectos de I+D+i.