La recaudación pierde fuerza y España seguirá vigilada por Bruselas hasta 2026

Cambio de ciclo en las cuentas públicas. La progresiva normalización de la inflación hasta niveles más cercanos al 2% (el objetivo de la política monetaria del BCE) sigue pasando factura a la recaudación tributaria. Y la primera consecuencia es que el ritmo de reducción del déficit público se ha desacelerado de forma significativa. Hasta el punto de que España, según los institutos de coyuntura privados, seguirá bajo vigilancia de la Unión Europea a legislación constante —si no se producen reformas— al menos hasta el año 2026.

O lo que es lo mismo, la economía española continuará bajo el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) durante los próximos años, debido a que el principal factor que explica la reducción del déficit en 2022 y 2023 —años de fuerte inflación— tiende a agotarse. No es nuevo para España. Desde que comenzó el siglo, y sin contar los tres años consecutivos en los que el sector público tuvo superávit (entre 2005 y 2007) gracias a la burbuja inmobiliaria, tan solo en un ejercicio (2018), el déficit se ha situado por debajo del 3%. En concreto, un 2,6%. El resto se ha incumplido de forma sistemática.

El consenso de Funcas (18 institutos de coyuntura), por ejemplo, estima que este año el desequilibrio entre ingresos y gastos representará el 3,6% del PIB, seis décimas más del límite que imponen las reglas fiscales; mientras que BBVA Research prevé un 3,7% este año y todavía un 3,5% el próximo. Es decir, en ambos casos por encima del nivel de referencia. La Comisión Europea, por su parte, prevé un 3,2% este año y un 3,4% el próximo, mientras que el Banco de España sitúa el desequilibrio en el 3,4%. El Gobierno, por el contrario, estima que a partir de 2025 España escapará del control directo de Bruselas.

El hecho de que la economía española esté bajo vigilancia, sin embargo, no significa que los ajustes sean inmediatos. La reciente reforma de las reglas fiscales, que todavía puede revisarse en el parlamento europeo, ha entrado en vigor ya este año, y prevé que el nuevo marco legislativo tenga un periodo transitorio durante el periodo 2025, 2026 y 2027, lo que en la práctica da margen al Gobierno para retrasar los ajustes. Esto es así porque la Comisión Europea, que es quien vigila, tendrá en cuenta el incremento del pago de intereses a consecuencia de la subida de tipos a la hora de calcular el esfuerzo fiscal de cada país. De hecho, esta es una de las novedades de la reforma, junto a los plazos más largos para reducir el déficit, que habrá un tratamiento diferenciado, lo que en la práctica beneficia a los países incumplidores, como España, ya que la aplicación de la norma no es automática, como lo era en el pasado.

Impuestos indirectos

La existencia de un periodo transitorio tan largo —tres años— es crucial para España, en la medida que el déficit estructural, que es el que realmente preocupa a Bruselas, ya que elimina los factores coyunturales, es ahora mayor que en 2019, antes de la pandemia, como ha llegado a señalar el Banco de España. "El crecimiento de la recaudación, especialmente en el caso de los impuestos indirectos, se estaría situando, desde finales de 2022, por debajo de lo que determinarían sus bases macroeconómicas y las medidas fiscales adoptadas", aseguró en sus proyecciones macroeconómicas. BBVA Research, por su parte, estima que el llamado saldo primario ajustado de ciclo, es decir, sin tener en cuenta ni el pago de intereses ni la coyuntura, permanecerá en torno al -2% del PIB, el mismo nivel que el alcanzado a finales de 2019. Otros dos puntos largos vendrían de la mano del coste del servicio de la deuda.

Esto viene a significar que España, tras un cuatrienio presupuestariamente convulso a consecuencia de la pandemia, primero, y a continuación la inflación, regresa a la casilla de salida. El déficit vuelve a estar en el centro de la política económica, aunque ahora con dos diferencias.

La primera tiene que ver con el hecho de que el Gobierno, junto a los nacionalistas e independentistas, dispone hoy de una mayoría parlamentaria más ajustada, pero, sobre todo, también depende ahora de los cinco diputados de Podemos, algo que no sucedió en la anterior legislatura, que ya emitieron una primera señal hace algunas semanas cuando votaron en contra de la reforma del subsidio de desempleo porque consideraban que suponía un recorte respecto de la situación anterior. Esto hace suponer que tampoco estarán por la labor de aprobar un ajuste fiscal, aunque sea en el marco del periodo transitorio que prevé la nueva normativa europea.

Para más inri, y desde el plano político, la mayoría del PP en el Senado puede bloquear durante algún tiempo —al menos varias semanas— la tramitación de los presupuestos. La ministra Montero reiteró ayer que si el Senado devuelve por dos veces los objetivos de déficit, el Gobierno tirará por la calle de en medio y los avalará con el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas. Eso retrasaría, en todo caso, su presentación.

Crisis energética

La segunda novedad es que el ajuste hay que hacerlo en un contexto macroeconómico muy diferente. El crecimiento económico en 2024, si se cumplen las previsiones y salvando el desplome extraordinario que se produjo en 2020 a causa del covid, será el más reducido (alrededor del 1,5%) desde 2014, lo que explica que la recaudación tributaria se verá afectada de forma relevante.

El crecimiento económico en 2024, si se cumplen las previsiones y salvando el desplome de 2020, será el más reducido desde 2014

Este efecto se nota, principalmente, en la imposición indirecta (IVA). Todavía no hay resultados del conjunto del año, pero entre enero y noviembre el descenso en términos homogéneos, lo que permite comparaciones, fue del 0,4%, lejos ya de los incrementos de dos dígitos que se registraron en los momentos de máxima inflación.

Esta pérdida de dinamismo, lógicamente, tiene que ver con la mayor atonía del consumo privado, el principal componente que explica la desaceleración del PIB, junto al sector exterior. A ello hay que sumar la prórroga de muchas medidas para paliar los efectos de la inflación en las familias. El resultado, según BBVA Research, es que los ingresos públicos "habrían seguido sin ganar dinamismo", y su ratio se habría reducido dos décimas respecto de 2022, alcanzando el 42,4% del PIB. La AIReF, en esa línea, considera que solo se puede rebajar el déficit al 3%, y, por lo tanto, salir de la vigilancia europea, si se eliminan todas las ayudas para mitigar los efectos de la crisis energética y de inflación.

Las nuevas reglas fiscales, en todo caso, mantienen vigentes las normas del procedimiento de déficit excesivo en la medida en que, cuando se incoe el correspondiente procedimiento, la trayectoria de gasto público debe ser compatible con un ajuste estructural anual mínimo de al menos el 0,5% del PIB. Es decir, a euros constantes de 2024, unos 7.000 millones de euros. La sanción económica que aprobó el Consejo Europeo por incumplimiento de los objetivos sería de hasta el 0,05% del PIB y se acumularía cada seis meses hasta que se adopten “medidas efectivas”.