Trabajo endurece la Inspección: duplica las multas y dispara la 'caza' de falsos autónomos

Yolanda Díaz prometió que no habría tregua en la lucha contra los falsos autónomos, las horas extra no remuneradas o los contratos a tiempo parcial que deberían ser a tiempo completo. Y los datos, que tanto le gusta mentar a la vicepresidenta segunda, avalan sus palabras. El Ministerio de Trabajo no ha sido capaz de aumentar los medios de la Inspección, ante el veto de Hacienda —que provocó la primera huelga indefinida de sus empleados el pasado junio—, pero ha endurecido la lucha contra el fraude laboral hasta alcanzar niveles nunca vistos. El organismo, que actúa de forma independiente, pero bajo las prioridades que establece el departamento de Díaz, batió la mayoría de sus marcas en 2022: duplicó, por ejemplo, el montante de las propuestas de sanción y cuadruplicó el afloramiento de falsos autónomos. En total, la Inspección recupera ya casi 1.500 millones de euros al año para las arcas públicas.

Son datos del Informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, un documento oficial que el ministerio está obligado a publicar por ley antes del 31 de diciembre. Contiene su actividad del año anterior, por lo que resulta muy útil para poner orden en la sucesión de datos que se van conociendo cada vez que Díaz tiene interés en resaltar los logros de alguna de las líneas de actuación marcadas por el ministerio. El informe ha visto la luz casi sobre la bocina (puede consultar el texto completo aquí), pero deja unas cifras espectaculares: las inspecciones no crecen tanto como los resultados, lo que demuestra que se ha impuesto la mano dura, en un desempeño cada vez más eficiente gracias al uso de algoritmos, big data o inteligencia artificial.

El pasado fue el año del histórico registro a las grandes consultoras (Big Four), adelantado por El Confidencial y que dio la vuelta al mundo. Pero la notoriedad de la institución, con más de un siglo de historia, fue creciendo de forma paulatina durante toda la legislatura, en paralelo al discurso cada vez más vehemente de la vicepresidencia segunda contra el fraude laboral —en un contexto de mayor hostilidad del Gobierno hacia los empresarios— y, sobre todo, al desarrollo de una nueva legislación a vigilar, como el registro obligatorio de jornada (2019) o la llamada ley rider (2021), que protege los derechos de los falsos autónomos. Sin estos dos apuntes, no se pueden entender los récords alcanzados en 2022, que también fue el de la vuelta a la plena normalidad tras la pandemia.

De hecho, constituyó el primer curso completo de aplicación de la norma que establece una presunción de laboralidad para los trabajadores de las plataformas digitales, es decir, la obligación de las empresas de contratarlos como asalariados. El consejero delegado de Delivery Hero, la propietaria de la compañía de reparto a domicilio Glovo, llegó a afirmar en su última presentación ante los analistas que provisionará hasta 45 millones de euros por trimestre para satisfacer sus obligaciones con la Inspección de Trabajo; en los primeros dos años de aplicación de la norma, ya había previsto hasta 400. La cifra puede parecer exagerada, pero lo cierto es que su máximo competidor, Deliveroo, abandonó España el 29 de noviembre de 2021 tras un despido colectivo motivado por la ley. Solo en relación con este último, el informe de 2022 habla de una liquidación de cuotas no abonadas a la Seguridad Social de más de 17 millones de euros, con unas 3.500 altas de oficio.

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En total, la Inspección regularizó a 39.000 falsos autónomos, una cifra que multiplica por cuatro la de 2020 o 2021, y duplica el récord anterior, alcanzado en 2019. Es, sin duda, el mayor éxito de la Inspección de Trabajo el año pasado. Según los datos filtrados por el ministerio a algunos medios, estos niveles van camino de consolidarse en 2023. "El año 2022 supone un hito en la lucha contra este tipo de fraude", destaca el informe. Llama la atención un dato: mientras que las actuaciones aumentaron un 34% respecto al año anterior, las regularizaciones se dispararon un 314%. "Esto se debe al impulso llevado a cabo en plataformas digitales de implantación nacional, las cuales, cuando emplean falsos autónomos, lo hacen en un elevado número", añade el documento. Sin embargo, esta mayor efectividad es una constante en todo el balance.

Durante 2022, la Inspección admitió a trámite 93.000 denuncias, casi un 13% más que el año anterior; finalizó 585.000 órdenes de servicio, un 16% más; investigó 770.000 centros de trabajo, con otro incremento del 16%, y, en definitiva, llevó a cabo 1,12 millones de actuaciones, un 18% por encima de 2021. Con las visitas, sucede lo mismo: las 269.000 de 2022 suponen un incremento anual del 20%.

Sin embargo, estos datos palidecen frente al espectacular incremento de los resultados: el año pasado se detectaron cerca de 129.000 infracciones, esto es, un 63% más. Como resultado, el montante de las propuestas de multas casi se duplicó respecto a 2021, y alcanzó un máximo histórico, por encima de los 540 millones. Si a esa cifra se le suman los expedientes para liquidar las cuotas de la Seguridad Social impagadas por las empresas, el total recuperado para las arcas públicas llega a 1.450 millones de euros. Una referencia: 2021 fue el primer año en la historia en que se rebasó la barrera de los 1.000.

El asalto a las Big Four

Aunque su contribución económica a esta cifra resulta muy modesta, destaca una actuación simbólica, la que vigila el registro de la jornada, en cumplimiento de la ley de 2019. El año pasado, la Inspección detectó más de 1.300 infracciones por un importe de 2,1 millones de euros, un 27% más que el año anterior. El organismo ha desarrollado una campaña específica al respecto, que motivó la macrorredada simultánea a las sedes madrileñas de las consultoras Deloitte, PwC, EY y KPMG en una madrugada de mediados de noviembre de 2022. Más de un año después, el expediente ya se ha cerrado, y terminará con sanciones leves (se recogerán en el informe de 2023). Así lo dicta la norma: se imponen a la empresa, independientemente del número de casos.

Solo en el control del tiempo de trabajo se detectaron 9.300 infracciones, un 60% más

La línea de actuación destinada a controlar el tiempo de trabajo y las horas extraordinarias ha sido una de las que más han crecido. Sin contar el registro de jornada, ya recauda 13,7 millones de euros, frente a los 8,5 de 2021. Es otro de los récords que refleja el informe: solo en el control del tiempo de trabajo, se detectaron 9.300 infracciones, un 60% más que el año anterior.

Pero el incremento más espectacular se produjo en la lucha contra el fraude de los contratos a tiempo parcial. Algunas empresas asumen a sus empleados a media jornada, cuando en realidad trabajan a jornada completa. Esta práctica, tan habitual en España, especialmente en los servicios de bajo valor añadido —la hostelería es un buen ejemplo—, no solo supone una irregularidad en la contratación, sino un inmenso fraude a la Seguridad Social, por el gran número de horas trabajadas y no cotizadas. El trabajador lo notará cuando se jubile o solicite la prestación por desempleo. Para evitarlo, la Inspección puso en marcha un plan de choque "masivo", según reza el informe, con el objetivo de favorecer una regularización voluntaria. Los resultados saltan a la vista: en 2022, afloraron 52.000 casos de este tipo, siete veces más que el año anterior.

Vacío de poder

Los datos pueden marear, pero reflejan una realidad incontestable: con prácticamente los mismos medios, se ha conseguido mucho más. No hay que olvidar que la relación de puestos de trabajo acordada por Díaz con los sindicatos, de hasta 781 más en una plantilla que ahora ronda los 3.000, jamás se ha llevado a cabo. El departamento de la vicepresidenta segunda ha acusado a la vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, de bloquear esta mejora, que tiene que tener el visto bueno del Ministerio de Hacienda, en virtud de sus competencias sobre la función pública.

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La promesa forma parte del plan estratégico aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2021 para reforzar la estructura del organismo, pero que caducará con la última uva de fin de año sin que se hayan producido avances. Los principales sindicatos de la Inspección aseguran que volverán a presionar al Gobierno cuando tengan un interlocutor enfrente, con el objetivo de que las promesas incumplidas se materialicen en el plan para el próximo trienio (2024-2026). Pero lo cierto es que el Ejecutivo aún no ha designado al sustituto de Carmen Collado, la actual directora de la Inspección, que, según las fuentes consultadas por este medio, se jubilará en las próximas semanas.

El nuevo director tiene el listón muy alto, y un reto pendiente: dar un poco más de margen a una plantilla que se siente extenuada tras el mayor despliegue de la historia de la institución. En todos los frentes. Y a todas horas, como demostró la visita nocturna a las torres de Chamartín. Mientras el país duerme, la Inspección no descansa. Los inspectores, tampoco.