Los inspectores de Trabajo echan un pulso a Díaz en pleno foco por las Big Four y Garamendi

El 19 de diciembre era un día de celebración en el Ministerio de Trabajo. La ministra del ramo, Yolanda Díaz, presentaba el informe de los expertos para la revalorización del salario mínimo, una de las banderas de su departamento durante la legislatura. La empanada gallega, el queso de tetilla y la Estrella Galicia estaban preparados en una sala contigua para agasajar a los periodistas con una copa de Navidad en la que la vicepresidenta segunda marcaría un perfil propio en asuntos como la renovación de los órganos constitucionales, la tipificación de la malversación, la polémica de la ley del solo sí es sí o la reforma de las pensiones. A un año de las elecciones generales, la líder de Sumar iniciaba la cuenta atrás con el optimismo, la cercanía y la efusividad que la caracterizan.

Sin embargo, ese escenario idílico se trunca con un ruido de fondo, que cada vez se hace más intenso en la sala e incluso llega a interrumpir durante unos segundos la rueda de prensa.

—¡Inspección, solución!

* Si no ves correctamente este formulario, haz clic aquí.

Los representantes de la Inspección de Trabajo montan barullo al otro lado de la puerta. Sus soflamas reverberan en toda la sala, pero nadie las quiere escuchar. Díaz continúa su discurso sobre las bondades de la reforma laboral y la subida del salario mínimo ajena a las demandas de los manifestantes, que son los encargados de velar por que esas medidas se lleven a la práctica en todas las empresas. Sin ellos, no es posible que algunos actores que hasta ahora parecían intocables, como las Big Four o el propio presidente de la patronal, Antonio Garamendi, sientan en el cogote el aliento de la vicepresidenta, que ha hecho de la mano dura contra el fraude una de sus prioridades.

La metáfora ilustra un problema generalizado en esta legislatura, marcada por un Gobierno que presume de ser el más progresista de la historia y que ha tenido que lidiar con una crisis pandémica y otra energética. El Estado está de vuelta, con un despliegue de políticas públicas como no se recuerda, pero faltan manos que las ejecuten. El caso más flagrante es el de la Seguridad Social, donde los cuellos de botella han colapsado numerosos procesos, con el pinchazo del ingreso mínimo vital como máximo exponente.

TE PUEDE INTERESAR

Malestar de los funcionarios en año electoral: no es el sueldo, es que falta gente

Marcos Lema

Los tres días de huelga en la Inspección de Trabajo, que comenzaron el pasado 21 de diciembre y culminan este miércoles, constituyen una gran paradoja. Todas las centrales apoyan los paros contra el ministerio encargado de velar por sus derechos, desde las específicas del cuerpo, como el Sindicato de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social (SITSS) o la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), hasta las mayoritarias en la función pública, como CSIF, UGT o Comisiones Obreras.

Este último, teóricamente más afín a la ministra, fue muy duro en un comunicado publicado este martes: "No hay voluntad política de buscar soluciones, lo que demuestra que las manifestaciones del Ministerio de Trabajo y del Gobierno apostando por fortalecer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tienen más de postura estética que de compromiso para superar las deficiencias en el organismo. Ni siquiera se ha producido una reunión para intentar salvar la situación (...) Hay un desplante permanente".

El Sindicato de Inspectores: "La ministra habla de diálogo social, pero en su ministerio no lo aplica. En casa del herrero, cuchillo de palo"

Las centrales reclaman que se cumplan los compromisos adquiridos por el Gobierno para dotar al cuerpo de más medios, mientras el departamento de Yolanda Díaz y Hacienda se pasan la pelota sobre quién tiene la responsabilidad de poner remedio a la situación. En los más de dos meses desde que se convocaron los paros, ha habido reuniones entre Trabajo y los sindicatos, pero Díaz nunca los ha recibido y el Gobierno no ha puesto ninguna solución sobre la mesa de negociación. Ana Ercoreca, presidenta del SITSS, pone el dedo en la llaga: "La ministra habla de diálogo social, pero en su ministerio no lo aplica. En casa del herrero, cuchillo de palo".

El problema de la falta de efectivos viene de lejos, según reconocen todas las fuentes consultadas. Tiene su origen en 2015, con la conversión de la Inspección en un organismo autónomo, que, por tanto, necesita una estructura propia y no puede emplear los recursos del ministerio para realizar su labor, como venía haciendo hasta ese momento. Pero el malestar ha ido creciendo a lo largo de la legislatura tras las expectativas que despertó la llegada de Díaz. La vicepresidenta segunda estableció la lucha contra el fraude laboral como uno de sus ejes desde que tomó posesión de la cartera, y el Ejecutivo ha ido dando pasos legislativos para modernizar el cuerpo en línea con su nuevo estatus. Sin embargo, esas medidas han quedado en papel mojado.

TE PUEDE INTERESAR

Los inspectores de Trabajo denunciarán al Gobierno ante la UE por incumplir sus acuerdos

J. Jorrín

María José Díaz, portavoz de la UPIT, recuerda que el Ejecutivo se comprometió por escrito en julio de 2021 a adaptar la estructura y los medios técnicos y humanos de la Inspección de Trabajo al plan estratégico 2021-2023, donde se establecen objetivos más ambiciosos en ámbitos como la supervisión del control horario o de los contratos. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, contemplaba la creación de un millar de puestos de trabajo, de los cuales 584 reforzarían las inspecciones provinciales.

Actualmente, España dispone de cerca de 3.000 inspectores, uno por cada 13.000 trabajadores, casi el doble que la media comunitaria y por encima de las recomendaciones de la Comisión Europea. Pese a las promesas, la convocatoria de nuevas plazas sigue empantanada por el tira y afloja entre Hacienda y Trabajo. "No sabemos qué se está negociando", denuncia Díaz.

Protagonismo creciente

Los sindicatos han denunciado los incumplimientos en Bruselas, pero ven lejos el escenario de una huelga permanente que paralice la Inspección. A los profesionales del cuerpo se les asignan una serie de expedientes que tienen que resolver, por lo que bajar la persiana indefinidamente solo conllevaría una mayor carga de trabajo a la vuelta. Sobre todo en un momento en que las inspecciones y las multas van en aumento y copan más que nunca los titulares de prensa, alentadas por las declaraciones de la ministra: "Ninguna empresa, por muy grande que sea, va a quedar fuera de la legalidad".

TE PUEDE INTERESAR

Trabajo busca un sistema de horas extra gratis y los sindicatos, una pica en las Big Four

Javier Jorrín Jorge Zuloaga

Fuentes del Ministerio de Trabajo recuerdan que la actuación de la Inspección es independiente, y responde a los objetivos del plan estratégico, pero nunca a órdenes del Ejecutivo. Sin embargo, la aprobación de nuevas leyes, como la de los riders, que pretende perseguir la contratación de falsos autónomos, o la del registro horario, que busca garantizar que las horas extraordinarias se remuneren y coticen a la Seguridad Social, deja una inequívoca impronta política en las actuaciones del cuerpo que la ministra no solo no ha rehuido, sino que pretende capitalizar.

En este contexto de protagonismo creciente de la Inspección de Trabajo, la protesta supone una vía de agua en la estrategia de Yolanda Díaz, que ha conseguido varios hitos en los últimos meses. La apertura de tres expedientes por la incorrecta aplicación del registro horario en Deutsche Bank, la multa a Ryanair por no aplicar el salario mínimo a los tripulantes de cabina o la histórica sanción de 57 millones de euros a Glovo por contratar a falsos autónomos son algunos de los logros. Pero las dos polémicas más importantes, que la propia vicepresidenta ha alimentado, se refieren a casos que todavía están en marcha: el de las Big Four y el de Garamendi.

El registro simultáneo de las cuatro grandes consultoras en una madrugada de noviembre del año pasado en busca de un fraude en la aplicación del registro horario, adelantado por El Confidencial, ha tenido un alcance mundial, pero su impacto real para las empresas —más allá del daño reputacional— será mucho más modesto. Las diferentes fuentes consultadas por este periódico coinciden en que el expediente tardará en resolverse más de los nueve meses predefinidos, ya que la excepcional complejidad del caso obligará a pedir una prórroga. La limitada implantación de los procesos de big data en la Inspección, otra de las reivindicaciones de los sindicatos, tampoco ayuda.

La denuncia de Solidaridad ha provocado la apertura automática de un expediente a la CEOE

Si el proceso culmina con una sanción, todo se quedará en "cosquillas", según lo define una inspectora. El no computar el número de horas trabajadas se considera una falta grave, por lo que las compañías se enfrentan a una multa de hasta 7.500 euros. Sin embargo, esta se aplica por empresa, no por trabajador, según confirman desde el Ministerio de Trabajo, por lo que la cantidad se antoja ridícula. La sanción podría elevarse hasta los 225.000 euros si la Inspección considera que la infracción es muy grave, en caso de que también se constatase un fraude a la Seguridad Social por el hecho de no haber abonado las cotizaciones de esas horas extraordinarias. Más que la multa, la liquidación de las mismas, con un recargo del 20%, constituiría el mayor impacto económico para KPMG, Deloitte, PwC y EY.

En el caso de Garamendi, la denuncia formal de Solidaridad, el pseudosindicato afín a Vox, ha provocado la apertura automática de un expediente que, esta vez sí, se debería resolver en plazo. Según el escrito presentado por los abogados de la organización, el presidente de la patronal habría sido un falso autónomo durante cuatro años, al no contar con un contrato de trabajo, pese a su vinculación laboral con la CEOE. La sanción recaería sobre esta, nunca sobre Garamendi. Ambos ya han regularizado la situación a través de un contrato de alta dirección. La omisión de alta en la Seguridad Social también es una falta grave, pero el mayor impacto para el infractor sería la devolución de las cuotas adeudadas, con un recargo que podría llegar al 50%, según fuentes de la Inspección de Trabajo.