Inspección de Trabajo centra su 2023 en los falsos autónomos y el registro de jornada

La lucha contra la precariedad y la garantía de la calidad en el empleo son los objetivos principales que se ha impuesto la Inspección de Trabajo para este 2023. Para ello, el organismo dependiente del ministerio que lidera Yolanda Díaz se ha fijado una serie de campañas en las que centrará su actividad sobre las empresas españolas. Las materias que prevé investigar son variadas, si bien hay algunas que destacan como grandes prioridades: la persecución de la contratación en fraude de ley —especialmente en lo que respecta a falsos autónomos y cesión ilegal de trabajadores— y el registro de jornada.

"Los falsos autónomos van a ser uno de los grandes focos", asegura Carlos de la Torre, socio de laboral en Gómez-Acebo & Pombo e inspector de Trabajo en excedencia. Aunque esta materia lleva años en el punto de mira de la autoridad, se trata de una cuestión de especial relevancia para las organizaciones desde que el pasado diciembre se aprobara una reforma del Código Penal para castigar a las compañías que abusan de esta figura. En concreto, el artículo 311.2 de la norma prevé penas de hasta seis años de cárcel a los que impongan "condiciones ilegales" a los empleados usando "fórmulas ajenas al contrato de trabajo". Es decir, que a las elevadas sanciones económicas que ya preveía la ley para este tipo de casos se suma una posible condena en el ámbito penal.

De hecho, el letrado señala que la Inspección prevé consolidar una relación de colaboración estrecha con la Fiscalía para poder comunicarle las infracciones que detecte en sus controles y que así pueda iniciar las investigaciones correspondientes. "Esto genera inquietud en las empresas, ya no solo por el riesgo de ser sancionado, sino también por la pena de banquillo que supone", asevera De la Torre.

En lo que respecta al registro de jornada, el socio advierte de que las inspecciones no solo estarán dirigidas a comprobar que la empresa cuenta con un sistema de conteo de las horas, sino que también estarán enfocadas en verificar que la información que se recoge sea veraz. "Están comprobando correos electrónicos y otros datos de servidores para asegurarse de que no se hacen más horas extra de las que se dice", asevera.

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En esta línea, Trabajo también prevé campañas para perseguir casos de cesión ilegal de trabajadores y el uso fraudulento de los contratos fijos discontinuos, y para constatar que las empresas cumplen con sus obligaciones en materia de igualdad, como es la existencia de un plan de igualdad y auditorías retributivas, entre otras cuestiones exigibles para las compañías de 50 o más empleados. "En lo que respecta a los contratos, los procesos están muy automatizados y la Inspección cuenta con un sistema entrenado para detectar posibles anomalías", indica De la Torre.

Otro de los grandes bloques sobre los que la Inspección centrará su actividad sancionadora son los temas relacionados con la Seguridad Social. En este sentido, el abogado considera que las campañas más relevantes serán la retribución en especie (por ejemplo, que los vehículos o teléfonos que facilita la compañía a algunos de sus empleados no estén destinados a uso personal), la cotización adicional de las horas extra y la tributación de los gastos del teletrabajo.

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Por último, y en lo que respecta a la prevención de riesgos laborales, el socio de Gómez-Acebo indica que existe una colaboración cada vez más estrecha entre el organismo y la Fiscalía, especialmente en lo que respecta a los accidentes mortales en el trabajo. "La Inspección continuará derivando expedientes y abriendo investigaciones para depurar responsabilidades penales tanto por acción como por omisión", concluye.