Malestar de los funcionarios en año electoral: no es el sueldo, es que falta gente

No es el sueldo, es que falta gente. La precariedad que se instaló en el sector público tras la Gran Recesión de la década pasada ha dejado desbordadas algunas áreas de la Administración. La temporalidad ya duplica a la del ámbito privado, según la última Encuesta de Población Activa, y el malestar de los sindicatos es cada vez mayor.

Mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presumía este viernes de la mayor oferta de empleo público de la historia —más de 27.000 plazas correspondientes a 2020, 2021 y 2022—, los trabajadores de la Seguridad Social se manifestaban en Sevilla para denunciar los constantes incumplimientos del Gobierno. Los de la Inspección de Trabajo estuvieron en huelga el jueves. Esta vez ya no son solo el sindicato de funcionarios (CSIF) o los de los diferentes cuerpos quienes ponen el grito en el cielo, sino también UGT y Comisiones Obreras, más próximos al Ejecutivo. En pleno año electoral, la reivindicación que subyace es la misma: los avances sociales necesitan manos que los ejecuten.

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Todas las fuentes sindicales consultadas coinciden en desligar por completo las protestas de la cuestión salarial. Los funcionarios consiguieron el pasado octubre un acuerdo marco para tres años que les hacía perder poder adquisitivo, pero mucho menos que en la empresa privada. Mientras que los salarios acogidos a convenios colectivos se revalorizaron una media de un 2,8% en 2022, muy por debajo de la inflación (8,4%), los de los trabajadores públicos lo hicieron un 3,5%. Además, el pacto incluye un incremento de hasta el 3,5% para 2023 y hasta el 2,5% para 2024, en función de la evolución de la inflación y del crecimiento económico. En total, una subida de hasta el 9,8% en un trienio, ya que las alzas se van consolidando. Es la primera vez que esto ocurre en tiempos de crisis.

Elisa Fernández, secretaria general del sector de la Administración General del Estado (AGE) en Comisiones Obreras, recuerda que durante la Gran Recesión el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero rebajó un 5% el sueldo de los funcionarios, mientras que su sucesor, Mariano Rajoy, les quitó la segunda paga extra de 2012. Los salarios permanecieron prácticamente congelados durante una década, por lo que las subidas actuales suponen un progreso para los sindicatos. "El acuerdo marco es muy bueno. En una crisis económica y social como la que tenemos, nunca antes se había producido un avance como este", destaca Fernández.

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Las revalorizaciones permitirán aparcar el debate de los salarios hasta principios de 2024, cuando se empiecen a negociar los ejercicios siguientes. Sin embargo, esto no garantiza la paz social en la Administración. "La conflictividad está en todos los niveles", describe Fernández. La representante de CCOO alude al mismo problema que Antonio González, portavoz de AGE en la Federación de Servicios Públicos de UGT: "No se mejoran las condiciones laborales de los empleados".

Aquí se halla el meollo de la cuestión. Tras los recortes emprendidos por Zapatero y Rajoy bajo el auspicio del directorio europeo, los sindicatos esperaban avances significativos con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, al calor de una política monetaria y fiscal mucho más propicia a la expansión del gasto público. Sin embargo, este proceso se ha quedado a medias, y en algunos organismos la situación incluso ha empeorado. Al regreso del Estado, tras el covid y la guerra de Ucrania, le faltan españoles que lo desplieguen.

"Están muy bien las políticas sociales, pero necesitamos las personas y los medios"

Paradójicamente, el origen del malestar está en la implantación de algunas políticas progresistas impulsadas desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018, como la reforma laboral, el registro horario, la ley de riders o el ingreso mínimo vital (IMV), que los sindicatos aplauden, pero que no han venido acompañadas de un refuerzo acorde a las nuevas tareas en la Inspección de Trabajo o el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). "Están muy bien las políticas sociales, pero necesitamos las personas y los medios", resume Fernández.

El caos en la Seguridad Social

En el primer caso, la ministra del ramo, Yolanda Díaz, prometió una refuerzo de 600 inspectores que tardará en llegar. Sin embargo, la situación es aún más grave en el INSS. Martín Hermoso, coordinador estatal de Seguridad Social en UGT, lleva décadas en ese mundo y las ha visto de todos los colores, pero no recuerda una situación como esta.

Pedir cita previa resulta casi imposible, como demuestran varios estudios de la central en diferentes comunidades autónomas, y las situaciones llegan al paroxismo: esta misma semana, un usuario que llevaba tres meses intentándolo sin éxito llamó a la Policía en Zaragoza para denunciar los hechos. Incluso ponerse en contacto con el INSS a través del teléfono supone una odisea: por cada llamada atendida se registran siete perdidas, según las estadísticas de la Unión General de Trabajadores entre casi cuatro millones de contactos. La desesperación de la ciudadanía es tal que desde el sindicato detectan un aumento de las agresiones a los funcionarios.

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Las centrales, que han llevado la protesta a ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, ven el origen del problema en la falta de efectivos. "No es posible dar un servicio público de calidad sin trabajadores", lamenta Hermoso, que también pone en el foco la elevadísima media de edad del INSS, próxima a los 60 años. Con una plantilla escasa y envejecida, y unos medidos técnicos obsoletos —algunos ordenadores tienen dos décadas, según denuncian los sindicatos—, resulta muy difícil gestionar el creciente número de solicitudes para acceder a las prestaciones públicas, que incluyen nuevas figuras aprobadas durante esta legislatura.

El IMV es la gran metáfora del desconcierto que viven los trabajadores: mientras se emplean efectivos en buscar posibles perceptores con un autobús que recorre España, se están detrayendo de unas oficinas donde los cuellos de botella son una constante desde el inicio de la prestación, en el verano de 2020. En ese momento se contrataron un millar de interinos durante tres años, cuyo futuro se encuentra en el limbo. Los sindicatos temen que, después del esfuerzo por formarlos, ahora tengan que ser sustituidos por personal sin experiencia, lo que redundaría en el colapso de un sistema que hace aguas por todas partes. "El IMV es una prestación importantísima, pero no es la única. Un pensionista que va al banco y no tiene su pensión también sufre una necesidad vital", reflexiona Hermoso.

El número de funcionarios de la Seguridad Social ha caído un 21,5% en las últimas dos décadas

Según los cálculos de UGT, el número de funcionarios de la Seguridad Social ha caído un 21,5% en las últimas dos décadas. Son 6.270 trabajadores menos para unas competencias mucho más amplias. Además, las centrales reclaman que el ministro del ramo, José Luis Escrivá, cumpla la ley 21/2021, que contempla la creación de una Agencia de la Seguridad Social, al estilo de la Agencia Tributaria, para modernizar un organismo que se ha quedado obsoleto. Siete meses después del plazo que se había marcado el propio Ejecutivo, la promesa todavía no se ha hecho efectiva.

Modernizar la Administración

El Gobierno sí está dando pasos para actualizar la Administración, pero no todos son del gusto de los sindicatos de clase. El anteproyecto de ley de Función Pública, que recoge una evaluación del desempeño de los profesionales, se discute estos días con las centrales, antes de que retorne al Consejo de Ministros para su aprobación e inicie su andadura parlamentaria. El plazo de las negociaciones finaliza dentro de un mes, pero de momento continúan las tiranteces, y la reunión de este jueves terminó sin avances significativos.

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Comisiones Obreras y UGT lamentan que el Ejecutivo no les haya presentado un nuevo borrador, y denuncian que la ley no establece un mecanismo claro para que la evaluación de los funcionarios se lleve a cabo de una manera objetiva. González, que representa a la Unión General de Trabajadores en la Mesa de la Función Pública, reclama transparencia en ese proceso, y advierte del impacto que podría tener la aplicación de la norma sobre la autonomía del empleado: "Que se dé una nota está bien, pero que se dé con participación de los sindicatos, porque si no es así tendremos un peloteo a los superiores".

Fernández, por su parte, lamenta la falta de ambición en una ley que está llamada a convertirse en el Estatuto de los Trabajadores de la función pública durante las próximas décadas —la actual es de 1985—, pero que el Gobierno ha dejado para la recta final de la legislatura. Además, las centrales piden que se elimine el apartado que contempla la remoción del funcionario de su puesto en caso de obtener una nota negativa y no están dispuestas a dar ningún paso atrás en la flexibilidad que garantiza el actual sistema de movilidad.

El Ejecutivo confiaba en que el pacto salarial permitiría tapar los problemas de la Administración, mientras el foco de la conflictividad social se desplazaba hacia la pérdida de poder adquisitivo en el sector privado. Sin embargo, UGT y Comisiones Obreras ven en este año electoral la oportunidad de conseguir un paso adelante en la mejora de las condiciones laborales tras más de una década de precarización que ha afectado a la calidad de los servicios públicos. La sindicalista de CCOO advierte: "Con el acuerdo marco no se solucionan los problemas de la AGE". En el horizonte, la posibilidad de un cambio político poco favorable, que incentiva a redoblar la presión antes de que sea tarde.