El Gobierno pide asesoría de política económica estratégica a las 'Big Four' que investiga Trabajo

El Gobierno se apoya en el trabajo de asesoría y consultoría de las Big Four para algunas de las políticas más estratégicas que tiene que abordar. Mientras, a la par, inspecciona su operativa laboral ante las sospechas de que se pudieran estar cometiendo abusos con jornadas maratonianas en las que no se estarían pagando ni registrando las horas extras, tal y como ha desvelado esta semana El Confidencial.

Diversos ministerios del área económica del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos han firmado contratos millonarios con multinacionales como Deloitte, KPMG, PwC o EY ante, según justifican, la falta de medios de la Administración pública, para que estas realicen los trabajos necesarios y así lograr los objetivos buscados por el Gobierno.

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Juan Cruz Peña Gráficos: Irene Gamella

Este mismo viernes, el Ministerio para la Transición Ecológica ha revelado que el IDAE, uno de los organismos adscritos al departamento que lidera la vicepresidenta Teresa Ribera, ha adjudicado a Ernst & Young (EY) un contrato que contaba con un presupuesto de más de seis millones de euros para evitar que se pierdan fondos europeos por el atasco burocrático.

EY, una de las firmas donde entraron los inspectores del ministerio de Trabajo en noviembre para buscar posibles abusos laborales, es la encargada de gestionar expedientes ante una "importante acumulación", señala el Gobierno en documentación oficial y urge a la celeridad de los trabajadores de la Big Four en dicha tramitación ante la falta de tiempo: "La tramitación de los programas de ayuda gestionados por el IDAE requerirá de una agenda exigente en el cumplimiento de plazos para poder llegar a retener ese gran volumen de fondos, siendo necesaria una rápida gestión, necesidad que se confirma urgente e inaplazable", destaca el Ejecutivo, que alerta de la falta de personal necesario para estos trámites para los que recurre a las Big Four.

Además de este contrato, desde Transición Ecológica también se confió a Deloitte el análisis de qué proyectos deben beneficiarse de la recepción de ayudas comunitarias que canaliza este ministerio, uno de los que más subvenciones administra.

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No es el único trámite del que dependen los fondos europeos, claves para la economía española, para la que el Gobierno delega en las empresas de las que sospecha que están abusando de sus trabajadores.

El propio Ministerio de Trabajo encargó a EY que diseñara el plan necesario para evitar la corrupción con los fondos europeos, uno de los mayores problemas que se pueden suscitar de la llegada masiva de subvenciones a España en un corto periodo de tiempo. De esta manera, Yolanda Díaz confía a una de las empresas de las que ahora duda que cumplan con la legislación laboral y el control de horarios cuestiones tan sensibles como la detección de declaraciones o de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción o la retención indebida de fondos". También pone en manos de EY que no se produzca "el desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de aquellos para los que fueron concedidos en un principio".

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Todo un reto de detección del fraude que según Trabajo podrían tener repercusiones penales. Para desarrollar los protocolos, propone a Olaf que se base en la actuación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

La confianza del Gobierno en estas grandes compañías ha llevado incluso al Ministerio de Seguridad Social a externalizar parte de las tareas propias de la inspección laboral en estas compañías, algo que ha generado un fuerte malestar en los sindicatos de los inspectores de Trabajo. Tanto UGT como desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social (SITSS) o la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) criticaron duramente la externalización que lanzó el departamento liderado por José Luis Escrivá de tareas como "la identificación de encuadramientos indebidos por la inclusión de trabajadores con una relación laboral por cuenta ajena en el Régimen Especial por Cuenta Ajena (RETA), con la finalidad de reducir el importe a pagar a la Seguridad Social [falsos autónomos]", una tarea que aspiraron a administrar para el Gobierno las cuatro Big Four investigadas por Trabajo.

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El Gobierno se apoya en el trabajo de las Big Four para otras cuestiones de política económica estratégica. Esta misma semana, la SEPI, sociedad bajo responsabilidad del Ministerio de Hacienda, ha desvelado que KPMG es el encargado de hacer determinadas tareas de seguimiento y organización del Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

De esta manera, el departamento liderado por María Jesús Montero delega en otra de las Big Four investigada por Trabajo parte de la administración del fondo que ha evitado la quiebra de empresas clave para la economía española y muy castigadas por la pandemia como Air Europa, Celsa, Ávoris Corporación Empresarial, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Hotusa, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Soho Boutique Hoteles, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Wamos, Eurodivisas, Grupo Ferroatlántica, Grupo Abba, Grupo Inversor Hesperia, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea o Grupo Vicinay Marine, entre otras.

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El trabajo de KPMG también está siendo destacado en otra de las tareas más sensibles a la que tendrá que hacer frente el Gobierno, como la implantación de peajes en las autovías actualmente gratuitas, una reforma comprometida con Bruselas para la reducción del déficit estructural de la economía española y la recepción de fondos europeos. El Ministerio de Transportes, a través de Ineco, ha encargado a la propia KPMG un estudio para el andamiaje de una de las políticas que más rechazo generan en la sociedad. De hecho, el antiguo ministerio de Fomento, bajo gestión de Raquel Sánchez, ha pedido al departamento legal de esta firma que busque fórmulas que faciliten la aceptación social del nuevo sistema de cobro por el uso de carreteras del Estado. No obstante, el Ejecutivo ya ha advertido que dicho plan no entrará en vigor en esta legislatura y deja la patata caliente para el Gobierno que salga de las urnas a finales de este 2023.

Otra de las reformas clave es la reordenación de los subsidios que da el Ministerio de Seguridad Social, otra de las reformas adscritas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ofrecido para la obtención de fondos europeos. En este caso, Deloitte, KPMG, PwC son algunas de las firmas que optaron al diseño de esta política bajo responsabilidad del ministro Escrivá.

Estos son solo algunos ejemplos en los que el Gobierno recurre a las Big Four, pero existen otros muchos encargos de otros ministerios de gran peso dentro del Ejecutivo como Economía o Industria, así como empresas públicas controladas por el Estado como Aena, Adif, Paradores, Correos, Tragsa, Navantia o Renfe.