El PP renuncia a imponer ahora el 'modelo Draghi' y Moncloa mantendrá el control de los fondos UE

El Partido Popular cree que es demasiado tarde para modificar el modelo de gobernanza de los fondos europeos y solo introducirá pequeños cambios para darle más protagonismo a las empresas y los territorios. Lejos quedan los tiempos en que el entonces líder de la oposición, Pablo Casado, reclamaba la creación de una autoridad independiente que auditase el reparto del dinero. "Contra la estupidez y la corrupción, hace falta inteligencia y responsabilidad; eso mismo que [Mario] Draghi pidió para Italia yo lo pido para España", llegó a decir el predecesor de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP, parafraseando al ex primer ministro italiano. Sin embargo, a estas alturas de la película, los populares han renunciado al modelo Draghi y se conforman con la creación de un órgano asesor para dar cabida a ayuntamientos, autonomías y sector privado en la gobernanza de los fondos, pero sin capacidad para decidir o evaluar.

Si la derecha gana las elecciones, la Moncloa mantendrá el control del reparto de los 164.000 millones de euros que corresponden a España —unos 70.000 en transferencias y 84.000 en créditos—, aunque el programa electoral del PP presentado este martes no especifica cómo se articulará entre los diferentes ministerios. Tampoco fuentes populares dan más detalles, pero sí aclaran que el "órgano asesor para la mejor orientación de los fondos europeos" no tendrá carácter decisorio, pues, llegados a este punto, no hay tiempo para cambiar de arriba abajo el sistema de gestión de unas ayudas que deberían estar ejecutadas en 2026.

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La nueva institución tendrá, por tanto, un carácter meramente consultivo, y garantizará, aclaran las mismas fuentes, que las autonomías no se acaben enterando por la prensa de las decisiones gubernamentales, como han denunciado los barones populares durante los últimos dos años. La propia Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, llegó a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo por la supuesta "arbitrariedad" en el reparto de los fondos. Esta discrecionalidad causó airadas protestas de los presidentes autonómicos del Partido Popular, entre ellos del propio Feijóo cuando estaba al frente de la Xunta de Galicia.

El PP propone ahora que los territorios sean informados al momento a través de este comité, de tal manera que "no se sacará absolutamente nada" sin su conocimiento, dicen las mismas fuentes. Los populares consideran que solo así se garantizará una "cogobernanza real" del plan de recuperación, que consensúe los criterios de reparto de los fondos con los territorios y el sector privado. "Coordinaremos la planificación y gestión, el diseño de convocatorias y la consecución de hitos y objetivos con los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos", dice, literalmente, el programa electoral.

El principal partido de la oposición considera fracasado el modelo actual, que se basa en dos mecanismos. Por un lado, la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presidida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que solo se ha reunido tres veces, la última en agosto de 2021. Según el propio Gobierno, es la encargada "realizar el seguimiento y la evaluación de la implementación de los fondos europeos". Por el otro, las conferencias sectoriales de los diferentes ministerios, que abordan la distribución de los recursos. De acuerdo con el III Informe de Seguimiento del Plan de Recuperación, publicado en febrero, hasta ese momento habían tenido lugar 139 encuentros de este tipo.

Pero lo cierto es que el descontento de los populares ha sido muy profundo desde el principio. De ahí la propuesta de sustituir estas fórmulas por un comité que, dicen en Génova, se parecería en su funcionamiento al Consejo Asesor de Transformación Digital de la Comunidad de Madrid. Presidido por un independiente, este organismo tiene varias comisiones de trabajo, pero sus informes no son vinculantes y se limita a "dar orientaciones". En él, están presentes diferentes empresas del sector, desde consultoras como Accenture o EY hasta grandes tecnológicas como Facebook y Google, e incluso compañías de reparto a domicilio, como Glovo, y VTC, como Cabify. El PP quiere copiar ahora ese modelo para introducir al sector privado en la gobernanza de los fondos europeos, a través de un "órgano de participación efectivo" que siente a todos los actores en la misma mesa, según destacan esas fuentes.

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En definitiva: más escucha, pero la última palabra la seguirá teniendo el Ejecutivo, a diferencia de lo que pasa en países como nuestro vecino Portugal, que ha creado una Comisión Nacional de Seguimiento presidida por un independiente. La Comisión Europea no exige este tipo de instituciones para controlar la marcha del plan de recuperación.

En cualquier caso, el PP se compromete en su programa a mejorar la transparencia en el reparto y la evaluación de los fondos, así como de la consecución de los hitos que establece Bruselas para poder acceder a los mismos. "Realizaremos una auditoría y evaluación sobre la gestión de los fondos para conocer el verdadero estado de ejecución, el cumplimiento de los hitos y objetivos pactados, los problemas que han dificultado su ejecución, la coordinación entre administraciones públicas o los recursos y el personal destinado para su gestión. Asimismo, propondremos los cambios necesarios a la agenda presentada por el Gobierno que garanticen maximizar en España los objetivos de los fondos europeos", reza el documento.

Pertes territorializados

En este sentido, el principal partido de la oposición también modificará el diseño de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte), el instrumento clave del Ejecutivo para modernizar sectores estratégicos a través de grandes iniciativas empresariales. Desde un primer momento, el PP se ha quejado de su centralización, que, a juicio de los populares, permite al Gobierno de España repartir el dinero sin tener en cuenta las especificidades de cada comunidad autónoma. Además de crear un nuevo Perte para el turismo, el PP propone desarrollar lo que el programa electoral define como "Pertes territorializados".

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Según las fuentes consultadas, no se trata de cambiar la concepción de los proyectos estratégicos ya existentes, ni de introducir nuevos criterios territoriales en las próximas convocatorias —muchas de las actuales ya los incluyen—, sino de "bajar un escalón" para complementar el modelo actual adaptándose a las particularidades de las comunidades autónomas. Hipotéticamente, esto permitiría crear nuevos Pertes de menor tamaño para la industria del calzado en Alicante o la del vino en La Rioja, por poner dos ejemplos al azar de cómo podrían llegar a funcionar.

Con este movimiento, los populares buscan apoyar los proyectos tractores que las comunidades autónomas ya tienen identificados —se lo requirió el Gobierno en 2021, y una segunda vez en 2022—, pero que no encajan con el diseño general de ninguno de los 12 Pertes actuales. Así, se evitaría, dicen desde el PP, que algunas empresas con una actividad muy ligada al territorio en un sector muy determinado tuviesen que dividir su iniciativa en varias partes para poder acceder a los fondos. "Se les ha pedido información sobre proyectos emblemáticos, pero no se les ha hecho caso", se lamentan.

En Génova confían en que Bruselas no ponga problemas para todos estos cambios, que también incluyen sustituir, en algunos casos, las ayudas directas por incentivos y bonificaciones fiscales para acelerar la ejecución de los fondos. Habrá que negociar, pero esa ya es otra fase que solo se iniciará si el PP gana las elecciones generales del próximo 23 de julio.