España sigue sin enviar la documentación para que Bruselas valide el tope del gas

Los planes del Gobierno, según explicó la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, durante su visita a Bruselas la semana pasada, cuando cerró un acuerdo político con la Comisión Europea para el establecimiento de un precio de referencia para el gas en el entorno de los 50 euros MWh durante los próximos 12 meses, era que el mecanismo fuera aprobado por el Consejo de Ministros de este martes. Sin embargo, eso no ha ocurrido.

La razón es que para que pudiera estar en la mesa de los ministros este martes, antes el Gobierno español y el portugués tenían que enviar una propuesta técnica, añadiendo los elementos del acuerdo político que alcanzaron Ribera y su homólogo portugués, José Duarte Cordeiro, con Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea a cargo de Competencia. Y eso que la vicepresidenta española esperaba que ocurriera en los días siguientes tampoco ocurrió, por lo que el Ejecutivo comunitario tampoco pudo dar su visto bueno antes de este martes.

TE PUEDE INTERESAR

Ribera vaticina que el tope al gas se retrasará una semana porque "hoy es festivo en Madrid"

EFE

Así lo han explicado desde la propia Comisión Europea, que “mantiene su compromiso de evaluar con urgencia si las medidas temporales de emergencia en el mercado eléctrico propuestas por España y Portugal se ajustan tanto a las normas sobre ayudas estatales de la UE como a la ley del mercado interior de la energía”.

“Tras el acuerdo político en principio alcanzado el 26 de abril, la Comisión está a la espera de los proyectos de medidas detallados de España y Portugal, que aún no se han presentado formalmente ni en forma de proyecto. Se trata de información esencial sin la cual la Comisión no puede concluir su evaluación. Sobre la base de la información que facilitarán España y Portugal, se mantendrán los contactos a nivel técnico”, ha señalado una portavoz de la Comisión Europea este martes.

TE PUEDE INTERESAR

El informe encargado por la UE desaconseja el desacople del gas que pide España

Nacho Alarcón. Bruselas

Este mismo lunes, Ribera admitía que la propuesta no llegaría a tiempo. “Estamos ultimando los detalles, no es fácil que nos dé tiempo a hacerlo mañana [este martes 3 de mayo], porque además hoy es festivo en Madrid”, explicó la vicepresidenta tercera del Gobierno, que ha acompañado a Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo español, durante todos sus contactos previos con otros líderes europeos así como con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en los días previos a lograr que los Veintisiete dieran el visto bueno a un “tratamiento especial” para la península Ibérica.

“En los próximos días tendréis noticias”, explicó Ribera a su llegada a una reunión de ministros europeos de Energía celebrada este lunes en Bruselas, en la que toda la atención estaba centrada en la negociación del sexto paquete de sanciones contra Rusia, que podrían incluir medidas contra el petróleo ruso. “Estamos ultimando cuestiones técnicas con Portugal. La previsión sigue siendo llevarlo a Consejo de Ministros el martes próximo”, han explicado desde el ministerio liderado por Ribera.

TE PUEDE INTERESAR

España plantea usar la excepción ibérica para librarse del mínimo de almacenamiento de gas

Cotizalia EFE

El departamento de Vestager, con la que Ribera y Cordeiro se reunieron el pasado martes, era uno de los más escépticos respecto al plan hispano-portugués. Tenían dudas de hasta qué punto podían llegar a ser consideradas ayudas de EEstado ilegales, al dar una ventaja a las empresas españolas, que contarían con una electricidad más barata que otras que operan en otros Estados miembros.

Asimismo, España tuvo que ceder en otro punto importante: la electricidad que pasa de la península Ibérica a Francia. La visión de la Comisión Europea era que no podía haber ningún tipo de restricción al mercado energético europeo, y que, por lo tanto, los consumidores franceses que consumieran electricidad procedente de España lo tendrían que hacer con los precios que paguen los consumidores españoles.