Es noticia
Menú
La inflación deja un déficit latente de 20.000 millones que emergerá en 2023
  1. Economía
Los gastos se actualizan con retraso

La inflación deja un déficit latente de 20.000 millones que emergerá en 2023

El déficit público se ha reducido rápidamente desde el pasado verano y este año terminará cerca del 5% del PIB. El problema llega en 2023, cuando la inflación llegue al presupuesto de gastos

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Senado. (EFE/Mariscal)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Senado. (EFE/Mariscal)
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores

En el año 2021, el déficit público sin ayudas financieras se redujo en 3,3 puntos del PIB, el mayor ajuste realizado por España en la época contemporánea. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, celebraba en rueda de prensa que “esta mejora de este saldo fiscal no ha sido consecuencia de una política de recortes, sino que es consecuencia de los estímulos y de la mejora de la actividad económica”. Se le olvidó apuntar también a la inflación como una de las claves que explica el inesperado repunte de la recaudación tributaria que está en la base de esta mejora del déficit público.

En total, el déficit público se redujo en 31.500 millones de euros. Solo el IVA del último trimestre aportó cerca de la mitad de esta mejoría del saldo fiscal. La recaudación de este tributo se disparó un 18% en tasa interanual, lo que supone 13.000 millones adicionales para la Agencia Tributaria. La recaudación tributaria está creciendo a ritmos históricos en este inicio del año y entre enero y febrero se ha incrementado en 6.600 millones de euros respecto a los mismos meses del año anterior.

Foto: Sede del Banco de España en Madrid. (EFE)

Este ritmo de los ingresos fiscales en 2022 vuelve a superar todas las previsiones, también las que hizo el Gobierno en la elaboración de las cuentas públicas para el ejercicio. En otras palabras, el presupuesto de ingresos queda claramente superado, lo que lleva a una mejora instantánea del saldo fiscal. Esto fue lo que ocurría durante la burbuja inmobiliaria, aunque en aquel momento no era consecuencia de la inflación, sino del crecimiento desbocado con base en el apalancamiento. En aquellos años locos, los gobiernos aprobaban a mitad de año ampliaciones del presupuesto de gastos y en algunos años no tenían capacidad para ejecutar todo lo que ingresaban.

En estos momentos, está ocurriendo lo mismo por el lado de los ingresos, y en parte también por el de los gastos. La semana pasada, el Gobierno aprobó un paquete adicional de gasto de 6.000 millones para compensar el ‘shock’ de precios energéticos. A pesar de este gran aumento del gasto público, el Banco de España estima que el déficit público bajará en casi dos puntos del PIB este año, hasta el 5%. En dos años serán casi seis puntos menos de déficit, un hito histórico que, sin embargo, esconde un déficit latente que emergerá a partir del año 2023.

El presupuesto de gastos es mucho más rígido que el de ingresos, ya que las partidas para este año están decididas desde el pasado mes de octubre. Esto significa que toda la fase de subida de precios no se notará en las cuentas públicas hasta el año 2022. Así lo explicaba Cristina Herrero, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la semana pasada: “En el corto plazo, la inflación tiene un efecto directo positivo en el déficit público porque tiene un impacto inmediato en la recaudación [...], pero esto no se produce de igual forma en el presupuesto de gastos porque está limitado por unos créditos que ya están aprobados y porque hay un calendario de actualización de los convenios que ya estaban firmados como los conciertos educativos o sanitarios”.

En definitiva, la rigidez del presupuesto de gastos ante la inflación existe solo en el cortísimo plazo (en el año en curso), pero se traslada rápidamente al año siguiente. "A corto plazo, genera cierto margen en términos de déficit público, pero para 2023 la situación cambia radicalmente", explicaba Herrero. Eso significa que el déficit de 2022 no reflejará todas las partidas de gasto que tendrá que acometer el sector público en el año 2023. A partir de ese año, el ajuste de las cuentas públicas se complica rápidamente. Así lo reconoce el Banco de España en sus previsiones económicas publicadas el martes en las que anticipa que el déficit no solo dejará de caer, sino que, además, se incrementará en dos décimas del PIB. Y todo ello en un contexto en el que tanto la inflación como el crecimiento se mantendrán por encima del 2%.

El déficit latente de 2022 que tendrán que abordar las administraciones a partir del año 2023 supera los 20.000 millones de euros. Una cifra que, sirva como comparativa, superará toda la cuantía de los fondos europeos que recibirá España este año.

La partida de las pensiones es la que mejor ejemplifica este déficit latente, ya que, con la reforma aprobada en 2021, la revalorización anual es la equivalente a la inflación del año anterior. Esto significa que, si en 2022 el IPC asciende hasta el 7,5% como estima el Banco de España, la subida de las pensiones tendrá un coste de unos 11.000 millones de euros (a razón de 1.500 millones por cada punto de IPC, según las estimaciones de la AIReF).

Las pensiones están indexadas al IPC y es fácil calcular este déficit latente, pero no lo es tanto en el caso del sueldo de los trabajadores públicos. Los presupuestos de 2022 contemplan una subida de las retribuciones del 2%, pero esta cifra no es sostenible en un contexto de una inflación disparada. Los sindicatos están pidiendo ya una revisión de esta revalorización y es previsible que el Gobierno tenga que ceder de cara a los PGE de 2023.

Foto: Playa de Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria. (EFE/Elvira Urquijo A.)

Si el objetivo fuese recuperar en 2023 el poder adquisitivo perdido este año, sería necesario aplicar una subida salarial del 5,5%, lo que supondría un incremento del gasto en retribuciones de unos 8.000 millones de euros, contabilizando a todas las administraciones.

Los contratos públicos y convenios también aplican con decalaje la inflación, pero finalmente se terminan ajustando a la evolución de los precios. Como señalaba Herrero, en este caso tienen una particular importancia los convenios de la sanidad y la educación que habitualmente se revisan cada año. Esto significa que en 2023 las administraciones públicas tendrán que soportar todo el encarecimiento que supone esta externalización de los servicios.

También los contratos de la construcción tienen que adaptarse a la inflación. De hecho, algunas de las convocatorias que han sacado a concurso las administraciones este año se han quedado desiertas por no garantizar la cobertura de la inflación. Esto significa que una parte significativa de la partida de consumo de las administraciones públicas tendrá que actualizarse en 2023 a la subida de los precios. Este capítulo del gasto supera los 70.000 millones de euros anuales, por lo que es de esperar un buen pellizco adicional de gasto público para asumir la inflación.

Todas estas partidas que ahora están congeladas o con una subida muy inferior a la inflación tendrán que actualizarse en los PGE de 2023. Ese déficit latente supera ampliamente los 20.000 millones de euros que impactarán en las cuentas del próximo año. Esto explica las dificultades adicionales que puede tener España para mantener el ajuste presupuestario si no recurre a medidas discrecionales como las subidas de impuestos o el recorte de los gastos.

En el año 2021, el déficit público sin ayudas financieras se redujo en 3,3 puntos del PIB, el mayor ajuste realizado por España en la época contemporánea. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, celebraba en rueda de prensa que “esta mejora de este saldo fiscal no ha sido consecuencia de una política de recortes, sino que es consecuencia de los estímulos y de la mejora de la actividad económica”. Se le olvidó apuntar también a la inflación como una de las claves que explica el inesperado repunte de la recaudación tributaria que está en la base de esta mejora del déficit público.

Déficit público Inflación
El redactor recomienda