CCOO relativiza el impacto real de priorizar el convenio autonómico frente al estatal

Después de conseguir lo más difícil para la reforma laboral, que los sindicatos y los empresarios se pusieran de acuerdo en un texto, el Gobierno se está encontrando con un obstáculo imprevisto en la norma: el acuerdo con sus socios de coalición. Tanto el PNV como ERC están apretando al Ejecutivo con la reforma laboral y, hoy por hoy, su voto está en duda. El Ministerio de Trabajo estudia cambios en la concurrencia de los convenios colectivos para dar más peso a la negociación autonómica y así hacer un guiño a los partidos nacionalistas e independentistas.

Para la CEOE, este cambio en la reforma laboral acordada en el diálogo social sería inaceptable. La junta directiva de la patronal votó el miércoles por unanimidad que no apoyaría ningún cambio en el articulado del real decreto-ley pactado con el Gobierno y los sindicatos. En especial, en el punto relativo a una hipotética prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales para no afectar a la unidad de mercado.

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Para Unai Sordo, secretario general de CCOO, este cambio apenas tendría efectos prácticos sobre la negociación colectiva, de modo que resta dramatismo a la negociación del Gobierno con sus socios de investidura. “La salida que le puede dar el Gobierno es relativamente inocua en términos de la negociación colectiva”, explica Sordo. “Con regulaciones diametralmente distintas en el Estatuto de los Trabajadores de 1994 y la reforma de 2010, la estructura de la negociación colectiva se ha mantenido, por lo que es de esperar que otro cambio al respecto no vaya a cambiar las cosas”, explica Sordo.

"La salida que le puede dar el Gobierno es relativamente inocua"

En concreto, la regulación puesta en marcha en el año 94 permitía a los diferentes convenios territoriales modificar cuestiones reguladas en los acuerdos estatales, sin embargo, esto no hizo que aumentase el número de convenios autonómicos. “Se mantuvo un sistema en el que la mayoría de los convenios eran provinciales y, en segundo lugar, estatales”, recuerda el secretario general de CCOO. La reforma del Estatuto del año 2010 dio la vuelta a la ley y dio prevalencia a los convenios estatales para determinar las cuestiones que no pueden modificarse a nivel territorial.

Con este cambio, “la estructura de la negociación colectiva siguió siendo la misma”, señala Sordo, “por eso creemos que el problema, en la práctica, es menor de lo que se quiere hacer ver. En general, las relaciones de concurrencia no generan conflicto [entre las distintas unidades de la negociación colectiva]”. En la mayor parte de convenios, las unidades de negociación estatales son las mismas que las autonómicas: CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, de modo que no existe conflicto. Sin embargo, sí podría surgir en el caso de las autonomías donde hay sindicatos que no tienen presencia en la negociación estatal, en especial País Vasco, Cataluña, Navarra o Galicia.

Desde 1994 hasta 2010, no hubo ninguna tensión entre la negociación estatal y la regional, de hecho, los convenios autonómicos eran minoritarios. Sin embargo, las tensiones nacionalistas han aumentado intensamente desde entonces y, si ahora se cambia el Estatuto de los Trabajadores, nada garantiza que se mantenga esta buena convivencia actual de unidades de negociación estatal y autonómica.

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Para la CEOE, sería preferible no abrir esta puerta para no romper la unidad de mercado. Sin embargo, actualmente la mayor parte de los convenios vigentes son provinciales y no autonómicos, lo que implica una mayor fragmentación del mercado. CCOO ve con buenos ojos una posible reordenación a nivel territorial por comunidades autónomas de los convenios, ya que esto daría más fuerza a los sindicatos para negociar.

En cualquier caso, este foco de conflicto está apaciguado actualmente por la legislación vigente: los convenios estatales pueden determinar qué aspectos no pueden negociarse a nivel territorial. Y también porque la política no ha entrado en esta materia de la negociación colectiva hasta ahora. Pero si los partidos nacionalistas o independentistas cogen esta bandera, los problemas pueden propagarse rápidamente por la facilidad que tienen los partidos de generar polémicas y enfrentamientos.

En definitiva, los problemas de concurrencia son inexistentes a día de hoy, pero podrían surgir a futuro. Es un riesgo que el Gobierno está valorando en el marco de las negociaciones para la reforma laboral. Este cambio puede ser inocuo, pero también puede aumentar la conflictividad. En cualquier caso, se trata de una decisión política delicada en que los sindicatos están optando, de momento, por ponerse de perfil mientras siga siendo una negociación abierta entre partidos políticos. La CEOE, por el contrario, no tiene dudas y ha votado salirse del acuerdo si se introduce este cambio.