Autónomos: radiografía de una anormalidad

La polémica está servida: ¿cuánto deben cotizar los trabajadores autónomos a la Seguridad Social? La respuesta, lógicamente, es política, y eso es lo que ha hecho el ministro Escrivá al presentar un nuevo esquema de cotizaciones. Pero también es técnica. Al fin y al cabo, todo Gobierno se enfrenta a restricciones presupuestarias, lo que explica que para conocer la respuesta haya que analizar tanto los ingresos como los gastos del régimen de autónomos (que tiene sus propias características) en aras de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Las cotizaciones, como es obvio, no son un impuesto, que por definición no son finalistas, sino que sirven para financiar las pensiones del futuro.

En este caso, el futuro de los trabajadores por cuenta propia que hoy cobran una pensión, y que, al tratarse de un sistema de reparto, reciben su prestación en función de lo que cotizan los trabajadores en activo. Es decir, un sistema idéntico al que existe en el régimen general de trabajadores asalariados, cuya pensión está determinada con criterios de contributividad, que es la palabra clave del sistema de pensiones. O dicho en términos coloquiales, se cobra en función de lo que se haya cotizado.

Lo primero, por lo tanto, es conocer cuánto ingresa la Seguridad Social por las cotizaciones que hacen los más de tres millones de trabajadores autónomos, y lo segundo es saber cuánto se gasta en pensiones. La respuesta a la primera cuestión son 11.397 millones de euros, según lo previsto en la Ley de Presupuestos para 2022. A la segunda, según el mismo texto, la respuesta son 20.637 millones de euros. Es decir, hay un desfase entre lo que ingresa la Seguridad Social en cotizaciones sociales de los trabajadores por cuenta ajena y lo que paga en pensiones equivalente a 9.240 millones que se cubren con los superávits que generan otros regímenes o con deuda, ya que el sistema público de pensiones, una vez prácticamente liquidado el Fondo de Reserva, ha acumulado un fuerte endeudamiento con el Estado en los últimos años.

La cuestión de fondo

El sistema, por lo tanto, genera un fuerte desequilibrio que explica en parte el déficit de la Seguridad Social. Básicamente, por una doble razón. Los trabajadores autónomos, por un lado, cotizan durante menos años que los asalariados, y en segundo lugar porque lo hacen con cuotas sensiblemente más bajas. De hecho, la mayoría cotiza por las bases mínimas, al contrario que los trabajadores por cuenta ajena. No puede extrañar, por eso, que mientras la pensión media del sistema de pensiones (incluyendo todas las clases) se situó en 2021 en 1.137 euros mensuales, la de autónomos fue de 714 euros. Lógicamente, porque a menor cotización, menor pensión, que es el problema de fondo de la actual polémica. No en vano, mientras que los trabajadores por cuenta propia participan en el gasto de la Seguridad Social en un 12,1%, su peso en relación con los ingresos es del 9,2%.

Un dato extraído del 'Informe económico financiero' de la Seguridad Social, que forma parte de la documentación presupuestaria que envía Hacienda al Parlamento, así lo refleja. En el régimen general, a pesar de la incorporación a partir del año 2012 de los trabajadores del régimen especial agrario y de las empleadas del hogar, que suelen tener carreras laborales con más lagunas de cotización, la proporción de las pensiones vigentes con 35 o más años cotizados asciende al 68,1%, siendo del 75,9% en las nuevas incorporaciones. En cambio, en el régimen especial de trabajadores autónomos, únicamente el 48,8% de las pensiones vigentes ha cotizado 35 años o más. Ahora bien, con una clara mejora en los últimos años. En 2020, el porcentaje de altas con más de 35 años era ya del 67,6%, lo que refleja, como dice la Seguridad Social, “el resultado de las transformaciones que está experimentando este régimen”.

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El origen del otro desequilibrio, como se ha dicho, tiene que ver con los tipos de cotización. Un número muy importante se acoge a la base mínima, lo que significa que también su pensión futura se sitúa en el suelo de las prestaciones públicas. Según las organizaciones de autónomos, son menos de la mitad los que se acogen a esta posibilidad, pero según el Gobierno son alrededor del 85%. En todo caso, lo que ha demostrado la historia es que hubo un tiempo —como también sucedió en el régimen general hasta la reforma de 1985— en que se producía lo que en el argot de la Seguridad Social se denomina compra de pensiones. Es decir, se cotizaba por bases más elevadas en los últimos años de la vida laboral para aumentar la pensión.

Esta vía de agua para la Seguridad Social se cerró hace algunos años, y desde entonces la elección de la base está limitada por una base máxima específica para quienes tengan cumplida la edad de 47 años, salvo que vinieran cotizando por una cuantía superior.

No es intrascendente cotizar por una base u otra. Todo lo contrario. Es el Estado, con impuestos, quien debe cubrir los déficits mediante los llamados complementos de mínimos. Estos complementos son, ni más ni menos, el dinero que pone el Estado para que se alcance el mínimo que fija cada año la Ley de Presupuestos.

Complemento de mínimos

¿Qué dicen los datos oficiales? Pues ni más ni menos que en el conjunto del sistema de la Seguridad Social la proporción de pensiones con garantía de mínimos (los complementos) es del 22,8%. Sin embargo, en el régimen de autónomos, que acoge a 1,97 millones de pensionistas, ese porcentaje llega al 34,1%. En total, 675.767 pensionistas procedentes del régimen por cuenta propia lo cobran, y es, de hecho, donde se concentra la mayor proporción de estas pensiones. El coste previsto para 2022 asciende a 2.152 millones de euros.

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En el régimen general, el porcentaje se ha incrementado en los últimos años, pero aun así se sitúa en el 20,3%, fundamentalmente por la integración en 2012 de los trabajadores del régimen especial agrario y de empleadas del hogar. En ambos regímenes especiales, más de la mitad de sus pensionistas generaban pensiones con complemento de mínimos al cotizar por bases fijas y a menudo con pocos años cotizados. El coste total son 4.704 millones, el doble que los autónomos, pero hay que tener en cuenta que por cada autónomo pensionista hay más de tres del régimen de asalariados.

Se trata, en todo caso, de un problema que viene de antiguo, pero que a día de hoy continúa sin resolverse. De hecho, con datos de 2021, en el régimen general el 14,4% de las nuevas altas de pensión tiene complementos por mínimos, mientras que en el régimen especial de autónomos esta proporción alcanza el 25,5%. La diferencia no es irrelevante en términos económicos. Al contrario. Hay que tener en cuenta que los pensionistas que tienen garantía de mínimos percibieron por este concepto hasta el 31 de agosto de 2021 una media de 214,6 euros al mes.

Las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de pensiones complementadas con mínimos son aquellas con una incidencia importante de regímenes especiales que cotizan por bases mínimas, mientras que en País Vasco, Madrid, Cataluña y Asturias ocurre lo contrario. Es decir, allí donde hay más empleo asalariado, el sistema es más sostenible debido al esquema de cotizaciones.