Hacienda congela la evaluación que prometió a la UE sobre la eficacia de las ayudas a empresas

Una de las exigencias de la Comisión Europea a España para el desembolso de los fondos del plan de recuperación es realizar un profundo análisis de la eficiencia del gasto público para detectar en qué partidas se malgastan los recursos o qué políticas no cumplen el objetivo para el que fueron diseñadas. Tal es su importancia, que uno de los 30 componentes del Plan —el 29— es precisamente el de "mejora de la eficacia del gasto público". La tercera fase del ‘spending review’, que se centra en las diferentes ayudas y préstamos a empresas, debería estar en marcha desde el pasado mes de julio para cumplir los plazos comprometidos con la Comisión Europea, pero Hacienda todavía no ha aprobado el inicio del estudio.

En concreto, el Gobierno informó a Bruselas que la tercera fase estaría aprobada a lo largo del segundo trimestre del año. Si bien es cierto que el Consejo de Ministros aprobó la convocatoria del 'spending review', todavía no ha dado la autorización definitiva a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para que comience el estudio. Entre las ayudas que analizará la AIReF y que figuran en el plan de recuperación, se incluyen desde los incentivos a la inversión en I+D+i o la digitalización hasta las ayudas a la industria. Está por ver si se incluye en el análisis toda la panoplia de inversiones que ha realizado la SEPI en los últimos meses como parte del programa de rescate a empresas, entre ellas las operaciones de Plus Ultra, Air Europa, Ávoris o Duro Felguera.

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El Consejo de Ministros solicitó a la AIReF la elaboración del plan de acción para esta tercera fase del ‘spending review’ el pasado mes de junio. Así lo informó el Ministerio de Hacienda en una nota: “La AIReF tendrá un mes para proponer a Hacienda un plan de acción para los dos estudios que tendrá que abordar y 12 meses más a partir de su aprobación para comunicar sus resultados”. Sin embargo, este plan todavía no ha sido aprobado, de modo que la AIReF no ha podido poner en marcha el estudio. En cualquier caso, el compromiso final con Bruselas es que el informe esté finalizado en el segundo trimestre de 2023, de modo que el Gobierno tiene margen para cumplir este hito.

La importancia del plan de acción es que, además de la metodología que utilizará la AIReF para el estudio, incorpora el presupuesto con que contará el organismo para elaborar el estudio. Hasta que el Consejo de Ministros dé su aprobación definitiva al plan de acción, no se podrán ejecutar estos fondos y la AIReF tendrá que seguir esperando. El compromiso del Gobierno con la Comisión Europea señalaba claramente que “la AIReF debe llevar a cabo en 2021 la tercera fase del ‘spending review”.

La AIReF cuenta con 12 meses desde la aprobación del plan para hacer el estudio

Ya han pasado más de cuatro meses desde que Hacienda recibió el plan de acción propuesto por la Autoridad Fiscal y este sigue bloqueado. Hacienda asegura que pondrá en marcha el estudio próximamente, aunque todavía no hay fecha para que vaya al Consejo de Ministros.

El Gobierno reconocía en el plan de recuperación la urgencia de esta fase del análisis por centrarse en las diferentes ayudas y préstamos a empresas. Durante la crisis del covid, el Gobierno puso en marcha diversos instrumentos de apoyo que han sido “más importantes que nunca para sostener el tejido empresarial”, entre ellos, los avales del ICO o las ayudas directas a empresas. Ahora ha llegado el momento de analizar estas ayudas al tejido productivo para analizar su eficiencia. “El papel estratégico que estos instrumentos públicos juegan en la economía española hace aconsejable su evaluación para conseguir reforzarlos y situarlos en el centro de la política económica del país”, sentenciaba el Gobierno en el plan de recuperación.

Además, la tercera fase del ‘spending review’ también incluye el análisis de la gestión de los residuos urbanos, una recomendación permanente a España de los organismos internacionales. Las ayudas europeas dan una gran importancia a la transición ecológica, de modo que el análisis del gasto en la gestión de los residuos tendrá un papel clave en esta transformación.

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El retraso en la aprobación de la tercera fase del ‘spending review’ también pone en riesgo el plazo comprometido con Bruselas para el siguiente plan quinquenal 2022-2026. El Gobierno se comprometió a tener aprobado en Consejo de Ministros el proceso de revisión y evaluación del gasto público antes de finalizar este año. Sin embargo, con la fase III del primer estudio todavía bloqueada, aumenta el riesgo de que el Gobierno incumpla también este hito.

La aprobación del nuevo ciclo del ‘spending review’ es más compleja que el visto bueno a un plan de acción, ya que el ministerio tiene que determinar qué áreas del gasto público o de los ingresos se van a analizar a lo largo de las distintas fases. Además, tendrá que fijar los plazos para cada uno de los estudios del ciclo y los aspectos metodológicos más relevantes.

Las tareas se le van acumulando al Gobierno, que nota ya la sobrecarga de compromisos adquiridos con la Comisión Europea. Los esfuerzos se están centrando en las dos negociaciones económicas más importantes que tiene que cerrar antes de que acabe el año, la de pensiones y la reforma laboral. Sin embargo, el Ejecutivo tendrá que repartir sus fuerzas para abarcar todas las reformas acordadas con Bruselas para no poner en riesgo la llegada de los fondos europeos. Hacienda tendrá que concentrarse en la aprobación de los ‘spending reviews’ si no quiere empezar a incumplir ya este mismo mes de diciembre algunos de los hitos comprometidos.