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España se compromete con Europa a aprobar 60 leyes en pleno atasco parlamentario
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ADEMÁS, MÁS DE 100 REFORMAS ESTRUCTURALES

España se compromete con Europa a aprobar 60 leyes en pleno atasco parlamentario

La llegada de los fondos europeos supondrá una ingente actividad legislativa. El problema es que el Parlamento está atascado y el Gobierno dispone una exigua mayoría

Foto: Pedro Sánchez, junto a la presidenta de CE, Ursula von der Leyen. (EFE/Oliver Hoslet)
Pedro Sánchez, junto a la presidenta de CE, Ursula von der Leyen. (EFE/Oliver Hoslet)
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La lista es casi interminable. Y pone de manifiesto el reto que tiene el Gobierno por delante para cumplir lo pactado con Bruselas a cambio de recibir los fondos europeos. Son alrededor de 60 leyes —además de otras normas de rango inferior— que deben ver la luz, la mayoría, antes de que acabe la actual legislatura. Es decir, en apenas dos años. Y en medio, unas elecciones municipales y autonómicas (mayo de 2023) que muy probablemente condicionarán el calendario electoral de forma decisiva. Y con una candidatura ya lanzada, la de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que es, precisamente, el apoyo más sólido del Gobierno en el Parlamento.

Para hacerse una idea de lo que significa esa cifra, solo hay que tener en cuenta que en lo que va de legislatura se han presentado 73 proyectos de ley, pero la mayoría siguen sin aprobarse, solo están calificados por el Congreso, ya que continúa su tramitación parlamentaria. En la nevera del Congreso todavía esperan turno decenas de proyectos de ley que no acaban de ver la luz, como el de secretos oficiales, que preocupa especialmente al PNV, precisamente uno de los socios del Gobierno.

Foto: El diputado del PNV Aitor Esteban. (EFE)

Lo que ha comprometido el Gobierno —y eso puede condicionar la posibilidad de un adelanto electoral— son en total 102 reformas estructurales que deben salir adelante con una exigua mayoría parlamentaria sujeta a todo tipo de vaivenes políticos, y cuyo impacto en PIB, según BBVA Research, podría ser hasta cinco veces superior al de las inversiones. Pero con una particularidad. Al contrario de lo que ha sucedido en Italia, el país que captará más fondos, el Parlamento ha estado ausente de las negociaciones con Bruselas, lo que alimenta todavía más la incertidumbre. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de la reforma laboral y la de pensiones, que han sido pactadas con la Comisión Europea sin tener asegurada la mayoría parlamentaria. Ni siquiera el acuerdo con sindicatos y empresarios.

Entre ellas, se encuentran la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte (antes del 3 de junio de 2022); la ejecución de la Ley de Vivienda (a más tardar, el 30 de septiembre de 2022); la Ley de Calidad de la Arquitectura (tercer trimestre de 2022); la reforma de la ley sobre ropiedad horizontal; una modificación de la normativa reguladora de las relaciones comerciales en la cadena alimentaria; la revisión de la actual Ley de Pesca; la actualización de la Ley de Aguas (a más tardar, el 30 de junio de 2023); una nueva ley de eficiencia procesal (fecha límite, diciembre de 2022); la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (2023); la ley de eficiencia digital; la Ley de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia en aras de implantar la Oficina Judicial (diciembre de 2022), o la creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero, orientada a garantizar los derechos de los clientes financieros, junto a una reforma del Plan General de Contabilidad antes de que acabe el próximo año.

Leyes y más leyes

Hay muchas más. La mejora del marco institucional de resolución de entidades financieras mediante una ley que modifique el actual marco institucional de liquidación de entidades; la Estrategia Nacional de Contratación Pública; la entrada en vigor de la Ley de Función Pública de la Administración del Estado (cuarto trimestre de 2022); la Estrategia de Impulso Industrial 2030, que supondrá una reforma de la Ley de Industria; una nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, a más tardar, el 31 de diciembre de 2022, o la futura Ley de Datos. Además de la aprobación de la ley de creación y crecimiento empresarial o la reforma de la actual normativa sobre acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales antes de diciembre de 2022.

Lo que ha comprometido el Gobierno son 102 reformas estructurales que deben salir adelante con una exigua mayoría parlamentaria

Un asunto especialmente delicado es la reforma de la Ley de Unidad de Mercado, habida cuenta de que el Gobierno necesita el apoyo de los grupos nacionalistas, que siempre han cuestionado la existencia de esta norma, aprobada en tiempos del Gobierno de Rajoy. El objeto de la ley —avalada casi en su totalidad por el Tribunal Constitucional— es impedir que las comunidades autónomas, directa o indirectamente, obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

Se da la circunstancia que fue el Parlamento de Cataluña quien la llevó al Constitucional, por lo que el margen de maniobra para el Gobierno es estrecho. El Ejecutivo se ha comprometido ante Bruselas a que la nueva regulación esté terminada antes de que acabe el año 2022.

Foto: El comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni. (EFE/Riccardo Antimiani)

Otras leyes son la de ciencia, la de ciberseguridad 5G, además de la puesta en marcha de un nuevo Centro Estatal de Salud Pública, que se creará mediante una ley o un real decreto del Gobierno. La implementación de la medida debería estar terminada, a más tardar, el 31 de diciembre de 2023. Igualmente, se ha pactado aprobar una ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud antes del cierre de 2023.

Por esas fechas, también debería estar lista la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario o la nueva ley de protección de las familias y de reconocimiento de su diversidad. También una nueva ley de empleo o una reforma de los derechos de autor, además de una nueva ley del cine o una nueva ley del deporte. Muchas leyes y una exigua mayoría parlamentaria.

La lista es casi interminable. Y pone de manifiesto el reto que tiene el Gobierno por delante para cumplir lo pactado con Bruselas a cambio de recibir los fondos europeos. Son alrededor de 60 leyes —además de otras normas de rango inferior— que deben ver la luz, la mayoría, antes de que acabe la actual legislatura. Es decir, en apenas dos años. Y en medio, unas elecciones municipales y autonómicas (mayo de 2023) que muy probablemente condicionarán el calendario electoral de forma decisiva. Y con una candidatura ya lanzada, la de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que es, precisamente, el apoyo más sólido del Gobierno en el Parlamento.

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