El Gobierno presentará "en unos meses" su propuesta para cobrar peajes en las autovías

El Gobierno quiere imponer una tasa a quienes circulen por autovías. La medida, recogida en el plan de recuperación enviado a la Comisión Europea, se presentará "en unos meses", según ha asegurado este martes la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, tras el Consejo de Ministros. Las asociaciones de transportistas y conductores han mostrado su oposición.

Ya en mayo, el ministerio había deslizado esta posibilidad, pero ha sido en las últimas horas cuando ha puesto el debate sobre la mesa y, sobre todo, la urgencia del mismo. Pese a que el margen para cumplir con Bruselas no expira hasta 2024, la secretaria de Estado de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, apeló este lunes a "no aplazar más" la aprobación de la tasa. Este martes, el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, reafirmó la posición del Ejecutivo: "El modelo de que toda nuestra red viaria sea gratis no es algo que suceda en Europa", dijo en un acto en Galicia.

En ese contexto, la pregunta para la ministra era inevitable. Sánchez ha confirmado que su departamento está estudiando la cuestión y ha puesto fecha para la presentación de la medida: "En unos meses". Antes, el Gobierno quiere abrir una reflexión con los agentes sociales y el sector del transporte para, según ha dicho la ministra, idear "un sistema de tarificación que asegure el mantenimiento de la red de carreteras de alta capacidad", en línea, ha asegurado, con el que ya tienen 24 de los 27 países de la Unión Europea. "Buscaremos el consenso político", ha añadido.

Las principales asociaciones de conductores y transportistas se oponen: la medida se uniría al encarecimiento de los carburantes

Sin embargo, las principales asociaciones de conductores y transportistas se oponen, en un momento en el que la tasa supondría una carga adicional para el sector, que ya sufre un aumento de los costes provocado por el encarecimiento del combustible. El Real Automóvil Club de España (RACE), ha reiterado este martes su "oposición frontal", a la medida, que, considera, "vuelve a cargar de problemas las espaldas y bolsillos de los conductores" y supone un problema para la seguridad vial, porque obliga a los conductores a buscar vías alternativas "mucho más peligrosas".

La ministra ha reconocido la preocupación del sector, pero ha garantizado que el Gobierno presentará una propuesta "rigurosa y sostenible", que no genere "agravios" territoriales y sea "justa". Pese a que aún quedan más de dos años para cumplir con el plazo comprometido con Bruselas, ha metido prisa: "No queremos demorar su aplicación".

No pagar las carreteras con impuestos

Las declaraciones de la ministra ahondaron en la tesis expresada unas horas antes por el secretario general de Infraestructuras. Para Vázquez, el objetivo de la medida es disponer de una herramienta financiera "para no pagar con los impuestos de todas nuestras carreteras", y que a la vez sirva para "modular los usos de transportes más contaminantes y de beneficio a las alternativas de transporte más sostenible, como el ferrocarril". "Hay que hacerlo. Estamos decididos", ha indicado.

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P. M.

Vázquez ha pedido no hablar de "peaje", porque con ese término vienen a la mente tarifas similares a las autopistas, y ha incidido en la idea de que "no tiene sentido" que el mantenimiento y conservación de la infraestructura viaria "se siga sufragando con los impuestos de todos los españoles, que tienen necesidades más urgentes, como las políticas sociales". "No tiene sentido que haya este vacío", ha remarcado.

Por su parte, Pardo de Vera defendió este lunes que el modelo de "pago por uso" permitirá ofrecer una solución al "creciente déficit" en materia de conservación de carreteras.

Los conductores, en contra

Pero la medida se enfrente a la oposición de la ciudadanía. Tres de cada cuatro conductores están en contra de pagar por usar las infraestructuras viarias, según los datos de una encuesta del RACE elaborada en diciembre, y ocho de cada diez temen que el tráfico se derive a carreteras secundarias, algunas con déficit de mantenimiento y conservación, y los usuarios queden más expuestos a la posibilidad de sufrir un accidente de peores consecuencias.

"Se quiere hacer pagar de nuevo por algo que ya se paga. Entre impuestos directos, indirectos y tasas, los conductores contribuyen con 30.000 millones de euros a las arcas del Estado", recuerda el RACE. De instaurarse el pago por autovías, este agravio "se convertiría en mucho peor", debido a los altos costes energéticos, por lo que "supone un ataque insostenible al sector de la automoción y a la libre movilidad de las personas", añade la asociación.

Por último, el RACE cree que la medida podría tener un impacto en la cesta de la compra: "Cuando un transportista vea incrementados los costes por llevar su carga, acabará repercutiéndolos en el precio final del producto".