Fin de los peajes en Cataluña, muerte natural que todos quieren convertir en asesinato

Esta semana han acabado los peajes de las principales autopistas en Cataluña; el fin de una era que para unos ha sido un modelo económico —la colaboración público-privada— y para otros un agravio —se paga por autopistas en Cataluña mientras que las autovías en el resto de España son gratuitas—. Los peajes han muerto de viejos. Pura y simplemente la concesión de las autopistas ha expirado. Lo curioso de esta semana es que, pese a ser una muerte natural, muchos políticos han querido convertirlo en un asesinato del que automáticamente se declaraban culpables, en una especie de absurdo Cluedo a la inversa: no, inspector, la señora Peacock no murió por ser una anciana. Fui yo en la biblioteca y con el candelabro, que el votante catalán está sediento de sangre.

El mayor ridículo en este sentido lo ha hecho la nueva ministra de Transportes, la catalana Raquel Sánchez Jiménez. Sin más, se plantó en Cataluña como si el mérito del término de una concesión fuese suyo. "No volverán los peajes, hay que buscar un modelo que no genere agravios". La ministra vinculaba así el final de los peajes al proceso de desinflamación política. Raquel Sánchez es culpable por partida doble, pero su crimen no es el fin del pago en las vías rápidas sino el ridículo. La tutela fue estatal, 52 años, muchos de ellos con alargamientos de la concesión a cambio de terceros carriles, vías de acceso o rotondas absurdas. No había de qué sentirse orgulloso. Como no había tenido bastante, Raquel Sánchez se fue a inaugurar la conexión entre la A-2 y la AP-7, unas obras que solo han durado… 14 años. De nuevo no tocaba sacar pecho sino, tal vez, un poco de humildad.

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EFE

Ante el despliegue ministerial, la Generalitat no quiso perder comba y puso al frente del operativo a uno de sus mejores efectivos para estas cuestiones, el vicepresidente y 'conseller' de Territori, Jordi Puigneró, para que la población tuviese claro que el asesino era él, no la antigua alcaldesa de Gavá. En TV3 Puigneró definió las autopistas de peaje como "teleatraco" y en diversas declaraciones solicitó que el Gobierno central rescatase las autopistas que son de pago pero que ha concesionado la propia Generalitat, como los túneles del Garraf para unir Barcelona-Sitges; Tabasa, para ir de la capital catalana a Sant Cugat; los túneles del Cadí o Terrassa-Manresa. Por cierto, si el vicepresidente quiere ver ejemplos de atracos en vías de pago, puede entretenerse en calcular el precio por kilómetro de algunas de sus autopistas: 0,14 euros el kilómetro del túnel del Garraf o 40 céntimos por kilómetro del túnel del Cadí entre el Berguedà y la Cerdanya.

Agravios quiero

Se ha preguntado a Territori sobre las declaraciones de Puigneró para que matizase una petición de rescate por parte del Estado de las autopistas que tiene concesionadas la Generalitat y que suman 120 kilómetros. "Pedimos que sea el Estado quien rescate los peajes que quedan en Cataluña, como hizo en su día con las radiales de Madrid", siguen asegurando desde su oficina de prensa. Lo justifican porque "el Estado no ha construido autopistas y las infraestructuras en Cataluña, como correspondía por su PIB y peso población. Ni ha cumplido la adicional tercera del Estatuto en el que se obligaba al Estado a invertir. Todo incumplimientos".

"Los peajes actuales son fruto de esta falta de inversión del Estado en Cataluña. Por lo tanto, es al Estado a quien corresponde 'compensar' y rescatar a los actuales peajes", una operación cuyo coste cifran en 1.500 millones.

Como una administración no puede rescatar una autopista que no ha concesionado, lo que Puigneró está pidiendo son 1.500 millones a Madrid para que la Generalitat rescate las autopistas de la administración catalana. Se acaba un agravio pero comienza otro. Cataluña, el agravio sin fin, incluso cuando es la administración catalana la que creó esos peajes.

Contradicciones sin fin

La sobreactuación de Puigneró no acaba de encajar con lo que declaró la portavoz de la Generalitat, Patricia Platja, quien aseguró sobre las autopistas que "las concesiones de la Generalitat seguirán en vigor hasta que finalicen".

Tampoco tiene mucho sentido la referencia a la disposición adicional tercera, que sí se ha incumplido. Pero cuando nació el nuevo Estatut que la recogía, los catalanes llevaban pagando peajes en la Terrassa-Manresa desde hacía décadas, una autopista que se concesionó para pagar el fracaso de la operación Reformista, que entonces lideraban Miquel Roca y Florentino Pérez.

La Caixa y ACS han sido los principales beneficiados de los peajes en Cataluña

El presidente de ACS no solo vio las autopistas como una manera de pagar sus deudas políticas, sino como una lucrativa inversión. ACS fue socio de referencia de Abertis junto con La Caixa. Tras idas y venidas, ahí sigue el presidente del Real Madrid. El presidente de Abertis es Marcelino Fernández Verdes, antigua mano derecha de Florentino Pérez y ahora más distanciado de su mentor empresarial, según explican fuentes del sector.

Las autopistas se convirtieron en una puerta giratoria de la política catalana. Por sus consejos de administración y sus filiales desfilaron políticos de la talla de Macià Alavedra, Josep Manuel Basáñez, Francesc Homs o el propio Miquel Roca. En la práctica, Abertis era la salida natural después de haber sido 'conseller' de Economía convergente. Aquí, la vía de pago se volvía de cobro. Tras la campaña del independentismo 'No vull pagar', de 2009, eso cambió. Después, Artur Mas intentó el camino contrario, que Salvador Alemany pasase de presidente de Abertis a 'conseller' de Economía. No fue posible. El interesado lo estaba poco. Y la maniobra anunciaba la tendencia que tenía Mas a las rutas intransitables.