SUS TRASPASOS A LA PRIVADA SE BLOQUEARON

Pesadilla en la puerta giratoria: los 12 altos cargos atrapados en un conflicto de interés

Desde que se puso en marcha la Oficina de Conflictos de Interés, más de 500 altos cargos han visto la luz verde para pasar al sector privado. Solo a este pequeño grupo se le cerró el semáforo

Foto: Un hombre utiliza una puerta giratoria en el Aeropuerto del Prat (Albert Gea / Reuters)
Un hombre utiliza una puerta giratoria en el Aeropuerto del Prat (Albert Gea / Reuters)
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Desde hace 13 años, el Gobierno cuenta con un guardián de las puertas giratorias para velar por que nuestros altos cargos no sean tentados por empresas o instituciones interesadas en su capacidad de influencia o agenda de contactos. La Oficina de Conflictos de Interés, dependiente del Ministerio de Política Territorial, es supuestamente la garante de que se cumpla el punto primero del régimen de incompatibilidades:

"Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado".

La primera persona en ser atrapada en mitad de la puerta giratoria fue el señor Alfons Martinell Sempere. Cesado como alto cargo de la Agencia Española de Cooperación Internacional en enero de 2008, este profesor de la Universidad de Girona, ya jubilado, regresó a su puesto como profesor y recibió un encargo de la Fundación Carolina un año más tarde, pero la Oficina de Conflictos de Interés frenó esta colaboración.

Al año siguiente, en verano de 2010, Martinell ya estaba coordinando para dicha fundación —que promueve la colaboración España-Latinoamérica y suma a muchas de las empresas más importantes del país en su patronazgo— el volumen 'Cultura y desarrollo: un compromiso para la libertad y el bienestar', pero en este caso se respetó el plazo legal de dos años.

En otros, los límites de la incompatibilidad han sido más difusos. Estos son los 12 altos cargos a los que, desde 2006, la Oficina de Conflictos ha echado el alto y obligado a aparcar sus carreras en la cuneta, según ha podido obtener El Confidencial en una resolución de la Ley de Transparencia. En realidad, son 14, pero dos de ellos solicitaron que su resolución no fuese publicada. Son una pequeñísima parte de los 525 políticos que sí vieron la luz verde para pasar del sector público al privado, según publicó 'eldiario.es' este año.

Por cierto, la etapa de Pedro Sánchez al frente del Gobierno ya ha tenido tiempo de tener sus primeros altos cargos bloqueados en la puerta giratoria por esta oficina.

El segundo alto cargo de la era Zapatero en ver frustrado su pase al sector privado fue Rafael Mendívil. Tras su cese como embajador de Polonia, el Consejo de Ministros le confirmó en marzo de 2009 como embajador especial para Afganistán y Pakistán. Dos meses después, el bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo trató de contratarlo, pero el fichaje fue bloqueado y al año siguiente Mendívil volvió a Europa para ocupar la embajada de Bulgaria y Georgia.

De Zapatero a Rajoy

Siempre que hay cambio de Gobierno, los nuevos titulares de las carteras suelen escoger como altos cargos a personas de su confianza, por tanto, muchas piezas bailan y las puertas giratorias empiezan a dar vueltas de nuevo.

Lourdes Arana Uli, a la que Cristina Garmendia puso al frente de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, había desarrollado su carrera en el País Vasco en sitios como la Obra Social de Kutxa, por lo que no era sorprendente que la Universidad de Deusto tratara de contratarla meses después de su cese en marzo de 2012. Sin embargo, fue frenada en su intento, al igual que poco antes lo fue José Enrique Gómez Espinar.

Gómez Espinar, consejero delegado de la Empresa Nacional de Innovación hasta el 2 de marzo de 2012, es de los casos más graves de incumplimiento del régimen de incompatibilidad desde que se aprobó la ley en 2006. Aunque su cese fue durante la primera legislatura de Rajoy, el consejero había sido fichado tres años antes desde Caixa Geral, donde era director de Banca Corporativa.

En 2014, fue sancionado por incompatibilidad y no podrá ostentar ningún cargo público durante siete años, según informó Civio. Aunque la resolución del Consejo de Ministros no daba mayores detalles, en la base de datos aportada por la oficina se despacha el bloqueo de Gómez Espinar con un escueto pero intrigante "asesoramiento a empresas".

En la base de datos, se despacha su bloqueo al sector privado con un escueto pero intrigante "asesoramiento a empresas"

El único otro alto cargo sancionado con una condena de siete años es Olga García Frey, directora del Instituto de Crédito Oficial entre 2009 y 2012, por conceder créditos a Pricewatehouse Coopers, empresa de la que fue consultora. García Frey, sin embargo, no aparece en la lista aportada a este periódico por Trasparencia.

A Isabel Martín Castella, tras ser consejera delegada de la sociedad estatal España, Expansión Exterior (hoy integrada en el ICEX) hasta mayo de 2013, no se le permitió fichar por Sacyr cinco meses más tarde, pero lo acabó haciendo como vocal de su consejo de administración exactamente dos años más tarde, en cuanto tuvo permiso.

Tampoco a Joaquín José Rodríguez Hernández, registrador de la propiedad, le permitieron pasar a formar parte del consejo de administración de Retamar, un colegio del Opus Dei situado en Pozuelo de Alarcón, al año de su cese como director general de los Registros y el Notariado del Ministerio de Justicia.

El caso de Alberto Pons Fernández, expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, es curioso. Dos meses después de su cese en agosto de 2015, pasó a trabajar como gerente de Ingenio73, a la que, según contaba 'Diario de Mallorca', se le adjudicó la gestión del aparcamiento del puerto de Ibiza. En julio del año siguiente, trató de fichar por la empresa Amarres Deportivos, pero sorprendentemente este fichaje sí fue abortado por la Oficina de Conflictos de Interés.

Segundo Gobierno Rajoy

El breve segundo mandato del Partido Popular tuvo dos casos declarados de incompatibilidad, o tres si contamos el de Jaime González Castaño, cesado en ese interregno tras la moción de censura como director general de Deportes. Tres meses antes, en abril, González Castaño había intentado fichar por Iberdrola, pero su traspaso a la compañía eléctrica fue bloqueado.

Pocos días antes de eso, Conflictos de Interés tuvo que intervenir también para anular el fichaje por parte de Airbus del exdirector del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales (INTA) Ignacio Arqueta Ortiz, que había servido hasta el año anterior.

Por su parte, María Flavia Rodríguez-Ponga Salamanca, tras pasar por el Ministerio de Economía, donde ejercía como directora general de Seguros y Fondos de Pensiones, fue tentada por la aseguradora Mutua Madrileña en mayo de 2017, lo que de nuevo hizo saltar las alarmas en la oficina, que frenó la operación.

La etapa Sánchez

El economista Salvador Marín Hernández terminó su periplo como presidente y consejero delegado de Cofides (empresa pública dependiente del ICEX y dedicada a los préstamos para proyectos de cooperación en el extranjero) a finales de julio de 2018, apenas dos meses después de la entrada en escena de Pedro Sánchez. Cinco meses más tarde, desde la universidad a distancia Udima le ofrecieron trabajar para ellos, pero le pitaron incompatibilidad.

Desde este año, Marín es presidente de la Federación Europea de Contables y Auditores para Pequeñas y Medianas Empresas, una organización con sede en Bruselas.

El último de la lista es Sixte Cambra Sánchez, presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona hasta julio de 2018. Cambra, antiguo vicepresidente del Barcelona con Núñez y senador por CiU durante varias legislaturas, llevaba siete años en el puerto. En diciembre del año pasado, volvió al sector privado de la mano del 'exconseller' Francesc Homs, que lo llevó a su consultora Ineo como socio. Cambra sumó a este otro cargo, el de vocal en el consejo de administración de Cimalsa, empresa pública catalana dedicada a la logística. Y por si fuera poco, en abril de este año fue nombrado vicepresidente de la Fundación Seeliger & Conde, consultora que ayudó a fundar en 1990.

Aun así, hay un puesto que la Oficina de Conflictos de Interés le denegó ese mismo mes: miembro del patronato de la Fundación Cares, dedicada a emplear a personas con discapacidad para labores de almacén. ¿Pero por qué? ¿Quizá porque en 2018 firmaron un contrato de cuatro años con el puerto de Barcelona para contratar personal temporal de esa fundación a cambio de 11,96 euros la hora?

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