TRASVASES ENTRE LO PÚBLICO Y LA INDUSTRIA

Ministros, consejeros... El 'lobby' y las puertas giratorias merman los recursos para Sanidad

El auge de la colaboración entre la Sanidad pública y la industria es objeto de debate en España, pero lo que más se pone en solfa son las estrechas relaciones entre actores de ambos sectores

Foto: Ilustración de ICIJ.
Ilustración de ICIJ.

“Mi trabajo diario consistía en ejercer un labor de ‘lobby’ racional, ajustado a la ley, con los que toman decisiones en el Sistema Andaluz de Salud (SAS), pero en los últimos tiempos los directivos de mi empresa me pedían que trabajara con datos y documentos de pacientes y funcionarios conseguidos ilícitamente”. Quien así se dirige a El Confidencial es Rafael F.,ex gerente regional de relaciones institucionales en Andalucía y Extremadura de la multinacional alemana Boehringer Ingelheim.

Rafael F., empleado durante 30 años en farmacéuticas, cuenta que recibían del SAS datos de prescripción de medicamentos a los pacientes, un hecho que viola diversas legislaciones europeas y españolas en cuanto a la protección de datos de salud, tales como el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal o el artículo 18 de la Constitución Española en lo relativo al “uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos”. Según Rafael F., ese tipo de filtraciones ayuda a la industria sanitaria a producir determinados productos y a ofertar con más tino en función de las necesidades de los pacientes.

El ‘lobby’ de la multinacional alemana en Andalucía llegó a presionar para que se crease una consulta de anticoagulantes en el hospital público de Almería, una producción en la que esa Boehringer Ingelheim es puntera. Rafael F., una vez jubilado, quiere tirar de la manta. El pasado viernes presentó un escrito ante la Fiscalía Provincial de Granada para denunciar estos hechos. Además, el pasado día 4 el delegado de Protección de Datos del SAS, Juan Díaz, prometió al informante que una vez analizados los hechos actuarían en consencuencia y le sugirió que iniciara actuaciones penales.

La tarea de ‘lobby’ en las administraciones públicas estatales y autonómicas que gestionan la Sanidad la llevan a cabo los llamados directores de relaciones institucionales de las empresas que fabrican productos farmacéuticos y sanitarios. Las respectivas consejerías de Salud los adquieren principalmente a través de los hospitales y de las llamadas oficinas de farmacia.

La gran mayoría de esos contratos se adjudican directamente sin concurso ni publicidad. Así lo afirma Vicente Losada, portavoz de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), una plataforma ciudadana apolítica que analiza todos los datos de salud de la Comunidad de Madrid. Según las estadísticas elaboradas por Audita Sanidad y revisadas por este diario, en 2017 el 60% de los importes adjudicados por el Gobierno regional madrileño (387 millones de euros) se hicieron mediante contratos menores. “Hemos identificado hospitales que compran catéteres con contratos menores varias veces a lo largo de un año, lo que es ilegal, supone despilfarro del dinero público y tienen una clara incidencia negativa en el bolsillo de los contribuyentes”, asegura Losada.

En ese sentido, la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat de Cataluña, en un informe publicado en 2019 relativo a la gestión de servicios sanitarios del ejercicio de 2016, los “expedientes tramitados por procedimiento negociado sin publicidad no incluían los aspectos económicos y técnicos que debían ser objeto de negociación, en contra de lo establecido en el artículo 176” de la Ley de Contratos del Sector Público. Añade que en los expedientes de esas contrataciones tampoco había constancia del proceso de negociación con los licitadores para obtener la mejor oferta.

Un estudio de la UE subrayaba en 2013 que uno de los problemas de corrupción en España radica en la adjudicación de contratos públicos en Sanidad

La propia memoria anual de 2018 de la patronal de las farmacéuticas Farmaindustria informa que la mayoría de los grandes suministros de medicamentos (inmunodepresores, anticoagulantes, antirretrovirales, etc.) para las administraciones públicas se negociaron sin publicidad.

Diversas fuentes consultadas, no solo de Cataluña y Madrid, apuntan a que el ‘lobby’ de la industria sanitaria tiene las puertas abiertas en las instituciones gracias en gran parte al abuso por la adjudicación de contratos menores y sin publicidad.

Un estudio de la Comisión Europea concluye que el sector sanitario de los países miembros continúa siendo uno de los más vulnerables a la corrupción. Uno de los problemas que identifica ese estudio, publicado en 2013 y luego actualizado en 2017, con prácticas impropias de marketing asociadas con tácticas de ‘lobby’ poco transparentes y con “pagos informales” por parte de los productores farmacéuticos. El informe de 2013 subrayaba que uno de los grandes problemas de corrupción en España radica en la adjudicación de contratos en el sistema público de Salud.

Ahí es donde desempeñan su papel los directores de relaciones institucionales o directores para la administración que representan a los empresas de productos sanitarios. El análisis de la situación se hace más diáfano cuando se indaga y se encuentran que ese tipo de puestos de la industria están ocupados por anteriores directivos y cuadros medios de instituciones públicas. Basta teclear en el navegador “site:linkedin.com”, “consejería”, “director relaciones institucionales” y el nombre de una de las multinacionales más conocidas para que los resultados de la búsquedas den resultados sorprendentes. Es lo que comúnmente se denomina como fenómeno de puertas giratorias: saltos de profesionales públicos del sector privado a la industria y viceversa.

Un ejemplo es el de David Elvira, director del Servicio Catalán de Salud (CatSalut) nombrado en enero de 2016 y que cesó a finales del verano de 2018. En una época anterior, entre 2007 y 2010, también había trabajado en la Sanidad pública catalana ocupando diversos puestos, como la dirección de Recursos Sanitarios. En un periodo intermedio entre sus responsabilidades públicas en la Generalitat, ejerció como director de relaciones institucionales de la multinacional franco-alemana Sanofi, empresa a la que volvió en septiembre de 2018.

Otro caso llamativo es el de Antonio Bañares, director de relaciones institucionales desde 2010 de Abbot Laoratorios y su ‘spin-off’ AbbVie. Desde 1997 a 2002, Bañares fue director adjunto para hospitales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y vicedirector del hospital público Clínico San Carlos.

Un portavoz de la patronal Farmaindustria sostiene que debido a la hiperregulación y las peculiaridades técnicas del sector es normal y conveniente que las empresas busquen profesionales en las administraciones, ya que conocen bien los procedimientos legislativos y así se evita incurrir en errores que pueden acarrear incluso consecuencias penales.

La pirámide demográfica en España favorece el auge del mercado de los productos sanitarios y farmacéuticos y de la sanidad privada. “Esto es como el negocio de las funerarias, al final todos acabamos necesitando asistencia sanitaria. Y los empresarios lo saben y utilizan sus mecanismos y sus contactos con los políticos para conseguir más y más beneficios”, reflexiona el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja, Javier Granda.

En nuestro país, el gasto público en productos sanitarios y farmacéuticos no para de crecer. En 2001, el gasto del Estado en oficinas de farmacia y hospitales públicos fue de poco menos de 15.000 millones de euros (ajustado a la inflación); mientras que en 2016 ascendió a más del cuádruple: 64.411 millones, según recoge en un informe reciente de la Fundación Alternativas que bebe de fuentes oficiales y de la industria.

De acuerdo con las últimas estadísticas ofrecidas por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el consumo de fármacos se ha disparado en sus 36 países miembros desde comienzos de siglo. En el caso de España, si en 2000 se tomaban 163 dosis de medicamentos al día por cada mil habitantes, en 2017 ese número ascendía a 295. En el supuesto de los fármacos para combatir el colesterol, se ha pasado de 29 dosis a 117 para los mismos años y número de ciudadanos; mientras que el consumo de antidepresivos se ha triplicado, de 28 a 77.

Al calor de esos datos, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) informa que su industria facturó en 2018 en España 7.800 millones de euros, mientras que la patronal de las farmacéuticas, Farmaindustria, generó 15.000 millones.

Una industria en apogeo actúa como imán para que las puertas giratorias estén bien engrasadas. En los currículos de ministros, consejeros, directores y cuadros medios de instituciones regionales se observan esos movimientos del sector público al privado y viceversa. La lista recopilada es larga e inabarcable en un artículo, pero aquí ofrecemos solo algunos casos llamativos sucedidos en el Gobierno central y en los ejecutivos autonómicos de Cataluña y Madrid. El fenómeno de las puertas giratorias y la actuación de los grupos de interés trasciende los territorios, las ideologías y los partidos políticos.

La Administración central

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), adscrita al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, se ocupa de garantizar la seguridad y la calidad de los fármacos. La búsqueda de este medio muestra que algunos de sus empleados se han marchado al sector privado. Ana Isabel Calonge fue durante cinco años inspectora la AEMPS. Hoy es ejecutiva de control de calidad en Ferring Pharmaceuticals.

Por otro lado, el actual director de relaciones institucionales de Roche Pharmaceuticals, Federico Plaza Piñol, trabajó en la Sanidad pública entre 1984 y 2003 para hacerse cargo, sin solución de continuidad, de la Fundación Abbot. Entre sus puestos de responsabilidad públicos, fue director de Farmacia y y Productos Sanitarios en el Ministerio de Sanidad enre 1997 y 2002 y luego asumió el puesto de viceconsejero de Ordenación Sanitaria en la consejería del ramo en la Comunidad de Madrid hasta que se incorporó a Abbot.

Otro caso es el de la doctora en Farmacia Regina Revilla, quien ocupara diversos puestos de gestión en varios ministerios entre 1983 y 1996. En el Ministerio de Sanidad y Consumo fue directora general de Farmacia y Productos Sanitarios entre 1991 y 1994. Seguidamente pasó a liderar las relaciones institucionales en la multinacional Merck Sharp & Dohme, empresa donde sigue su carrera. Llegó a ser la presidenta del principal grupo de interés biotecnológico en nuestro país, la Asociación Española de Bioempresas (Asebio).

Pero esos trasvases también afectan a personalidades que ha tenido altas responsabilidades. Ana Palacio, ministra de Exteriores en el segundo Ejecutivo de José María Aznar entre 2002 y 2004, es hoy consejera de Pharma Mar, sociedad formada por empresas químico-farmacéuticas y de biotecnología. También son consejeros de esa compañía los exministros Eduardo Serra, titular de Defensa entre 1996 y 2000, y Carlos Solchaga, quien ocupó las carteras de Industria y Economía y Hacienda entre 1982 y 1993 en gobiernos de Felipe González.

Cataluña: territorio para puertas giratorias

En Cataluña, el sistema sanitario es mixto público-privado. Numerosos activistas catalanes vienen denunciando en los últimos años que cada vez es más privado que público y vienen denunciando este hecho y las puertas giratorias. “Aquí en Cataluña somos pioneros para todo, para lo bueno y para lo malo. La colaboración público-privada en salud consiste básicamente en la desviación sistemática de recursos públicos al sector privado”, explica a El Confidencial Toni Barbarà, uno de los fundadores de la Marea Blanca de Cataluña.

Uno de los casos más mediáticos de puertas giratorias en Cataluña es el de Boi Ruiz i Garcia, consejero de Sanidad entre 2011 y 2016 bajo la presidencia de Artur Mas. Antes de incorporarse a ese cargo había ejercido como presidente de la Unión Catalana de Hospitales que tiene como socios a centros médicos privados. La gestión de Ruiz i Garcia recibió multitud de críticas por los recortes presupuestarios 1.000 millones de euros y por sus múltiples iniciativas de privatizaciones en los servicios públicos de Sanidad.

A comienzos de 2018 se incorporó a Ribera Salud, cuyos accionistas son la compañía estadounidense Centene Corporation al 90% y el Banco Sabadell al 10%. Ribera Salud es un grupo empresarial pionero en obtener concesiones administrativas en España para dar servicios hospitalarios costeados por instituciones públicas. A las preguntas de El Confidencial, Ribera Salud confirmó que Boi i Garcia es uno de los tres consejeros independientes del grupo. “En las grandes corporaciones internacionales, por ejemplo en nuestra matriz, la presencia de estos perfiles profesionales es habitual y se considera de gran valor”, añadieron.

Otro asunto sonado atañe a la consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña entre 2003 y 2010, a caballo entre las presidencias de Pasqual Maragall y José Montilla. Marina Geli, exconsellera y exdiputada socialista y que se pasó políticamente al independentismo al presentarse por Junts per Catalunya en 2017, asesora desde 2014 a la fundación de la multinacional farmacéutica Abbot. En su momento, la comisión de compatibilidades del Parlament no puso ningún obstáculo a esa posible incompatibilidad con su entonces cargo público como diputada del PSC. No tiene un sueldo fijo asignado, pero sí cobra dietas por su labor de asesoría.

Marina Geli, exconsejera de Sanidad de Cataluña.(EFE)
Marina Geli, exconsejera de Sanidad de Cataluña.(EFE)

Por su parte, Josep Prat Domènech, se vio obligado a dimitir en junio de 2012 como presidente del Instituto Catalán de Salud (ICS). Además de haber compatibilizado su cargo público con la vicepresidencia de USP Hospitales en un ejemplo claro de conflicto de intereses, está siendo investigado en el conocido como caso Innova que instruye el juzgado de instrucción número 3 de Reus en Tarragona. El juez estima que Josep Prat podría haber usado “información estratégica sobre la situación y evolución del sistema catalán de salud” para beneficio del grupo privado USP Hospitales.

La Sanidad de Esperanza Aguirre

Esperanza Aguirre eligió que la acompañaran en sus gobiernos a dos consejeros de Sanidad que ‘a posteriori’ se han convertido en paradigmas de las puertas giratorias. Manuel Lamela (2003-2007) y Juan José Güemes (2007-2010), ambos investigados en la trama Púnica por supuesta financiación irregular del Partido Popular de Madrid, se han visto envueltos en acusaciones por haber incurrido en conflictos de interés en el sector sanitario.

Si bien, una causa contra Lamela y Güemes por supuesta prevaricación y malversación de fondos públicos abierta en 2013 fue sobreseída un año después por la Audiencia Provincial de Madrid porque no estaba “debidamente justificada la perpetración de los delitos”. El sindicato médico AFEM les había demandado por supuestos delitos relacionados con la privatización de la gestión de tres hospitales de Madrid: el Infanta Elena, Rey Juan Carlos y el Hospital de Torrejón.

Pero después de haber dejado su puesto como consejero de Sanidad, Manuel Lamela ha tenido y tiene diversas relaciones profesionales con empresas vinculadas a servicios médicos. La más reciente, desde julio de 2019, Lamela es presidente de la mercantil Suministros Médicos y Dentales Madrid SL. Antes, en 2010 había fundado la sociedad Madrid Medical Destination, cuyo principal negocio consistía en promocionar la capital como destino de turismo sanitario. Fue consejero y presidente de la misma hasta enero pasado.

Asimismo, la firma de abogados de Lamela, Accountax Madrid, fue contratada en 2018 por la Ambulancias Alerta SA, empresa a la que la Consejería de Sanidad que él encabezaba dio una adjudicación por valor de 11 millones de euros para la prestación del transporte no urgente de los hospitales públicos Gregorio Marañón y Princesa en 2004 y 2005.

Juan José Güemes (i) y Manuel Lamela (d), exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid.(EFE)
Juan José Güemes (i) y Manuel Lamela (d), exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid.(EFE)

También Lamela fue nombrado miembro del consejo de administración de la constructora Assignia Infraestructuras, la empresa que se adjudicó la gestión del Hospital del Tajo Aranjuez, uno de los centros sanitarios que precisamente se licitaron en época del exconsejero de la confianza de Esperanza Aguirre.

La Fundación Civio informó que Lamela fundó, a su vez, Business Assessment Projects and Plans SL (BAPP), una asesoría para la explotación de mercados y oportunidades en el sector socio sanitario. Lo hizo en 2012 y el exconsejero de Sanidad sigue siendo su presidente hasta la fecha, según refleja el Registro Mercantil. Como subrayó Civio en primicia, en noviembre de 2013, BAPP se adjudicó una licitación para definir el modelo de gestión privada del hospital público comarcal de Melilla.

Precisamente, quien fuera el director general de Farmacia y Productos Sanitarios de la Consejería de Sanidad en 2007 y 2008, Jorge Fernández Ordás, es socio de Lamela en el bufete de Accountax Madrid y en BAPP.

En el caso de Juan José Güemes, ejerció como consejero de Unilabs entre junio de 2012 y abril de 2013, una empresa suiza que junto a Ribera Salud gestionaba el Laboratorio Central de Análisis Clínicos de Madrid. Este laboratorio fue privatizado durante el mandato de Güemes al mando de la Sanidad regional de la Comunidad de Madrid. Este firme defensor de la colaboración público-privada en el sector sanitario, dimitió como consejero de Unilabs al saltar la noticia a los medios.

Finalmente, quien fuera la directora de gabinete de Güemes en la Consejería de Sanidad, María Isabel Barreiro, ahora es directora autonómica de asuntos sanitarios en la multinacional farmacéutica británica GlaxoSmithKline, según se puede leer en su perfil de LinkedIn. Es decir, ejerce el cabildeo ante las instituciones autonómicas de Madrid después de haber sido parte de las mismas. Barreiro es la esposa de José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores entre 2011 y 2016 durante dos gobiernos diferentes de Mariano Rajoy.

Si tiene información relevante en relación a ese artículo, póngase en contacto con nosotros a través de investigacion@elconfidencial.com

España

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
0 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios