"El efecto del CO2 en la luz seguirá aunque baje el gas, urge reformar el sistema"

Jonás Fernández (Oviedo, 1979) es eurodiputado desde 2014. Economista y miembro de la Comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, recibió el encargo de Pedro Sánchez para realizar la ponencia económica del 40º Congreso Nacional del PSOE que se celebrará el 15, 16 y 17 de octubre en Valencia. Socialdemócrata de manual, huye de los extremos y de las estridencias. Acaba de publicar el libro 'Volver a las raíces: una izquierda europea contra la desigualdad' (Clave Intelectual, 2021) y en esta entrevista con El Confidencial aborda cuestiones críticas sobre la recuperación económica poscovid y el futuro de la Unión Europea.

PREGUNTA. La luz en el mercado mayorista sigue estando en niveles históricamente elevados. Tanto desde el sector como en el Gobierno se habla del papel de Bruselas como una de las causas. ¿Cómo ve esta acusación?

RESPUESTA. El marco regulatorio actual surge en los años noventa, cuando se divide la actividad de producción y comercialización, de la necesidad de disponer de un ‘pool’ para fijar precios entre unos y otros. Y se hace con una capacidad instalada muy distinta a la actual, en que la naturaleza marginalista del mercado energético no era ninguna anomalía, en la medida en que todos los mercados, excluidos los monopolios, son marginalistas. El inicio de la transición ecológica, con el cierre de las centrales térmicas y el impulso de las energías renovables, hace que no funcione correctamente. Más pronto que tarde, habrá que ir pensando en instaurar un mercado de capacidad, de manera que se pueda retribuir la inversión a través de un mercado de capacidad con subastas y un mercado ‘spot’ donde dar las señales a los consumidores sobre la evolución de los precios. Los generadores cobrarían la diferencia entre el precio de la subasta y el precio ‘spot’. Las subastas que ya se están haciendo en algunos sitios, como en España, ya adelantan una naturaleza de este tipo, y si la transición va a la velocidad que la Comisión Europea espera, sin duda hay que abrir el melón sobre la reforma del modelo actual. Teniendo en cuenta el ritmo de la transición, los derechos de CO2 van a seguir aumentando y estas tensiones con el marco regulatorio actual habría que abordarlas cuanto antes.

P. ¿Ve urgencia en las instituciones europeas para abordar este asunto?

R. Ahora mismo, esta reforma no está en el paquete Fit For 25 de julio, porque la capacidad instalada en todos los países no es la misma. Aunque la percepción de los precios en toda Europa es distinta, el Gobierno español e italiano hacen bien en presionar. Si la transición avanza con el ritmo previsto, vamos a ver incrementos adicionales de los derechos de emisión y, aunque el precio del gas se suavice, el efecto del CO2 va a estar ahí y por lo tanto no se puede abandonar indefinidamente esta cuestión. Una de las cuestiones de la aplicación del Fit For 25 son los efectos regresivos, como la directiva de impuestos energéticos o incluir la vivienda en el mercado de emisiones. Es verdad que la Comisión Europea propone la creación de un fondo social climático, pero el esfuerzo que se va a tener que hacer para compensar a los hogares más humildes va a tener que ser mucho mayor.

Me ha sorprendido mucho el anuncio del deseo del cierre de las centrales nucleares. Una supuesta amenaza a la acción del Gobierno

P. Pero esto ya sería para la próxima crisis de precios. Para la de ahora, ¿se puede hacer algo más?

R. El Gobierno ha sacado una propuesta para corregir los inconvenientes del marco legal actual, para que limitando los beneficios extraordinarios se pueda suavizar el precio de la tarifa, y hemos visto un intento de aplanar los precios del gas natural. Es cierto que estas estrategias luego tienen un retorno, pero tampoco hay mucho más que se pueda hacer.

P. ¿Cómo valora las quejas de las eléctricas? ¿Se están confiscando sus ingresos?

R. Me ha sorprendido mucho el anuncio del deseo del cierre de las centrales nucleares. Una supuesta amenaza a la acción del Gobierno. Esto no tiene mucho recorrido. La propia REE controla la seguridad del suministro. Pero es cierto que el problema está ahí y hay que encontrar una solución. Al margen de las soluciones a largo plazo, a corto plazo lo que se está intentando es evitar trasladar este coste a la recuperación.

P. Una de las consecuencias de estas subidas de la luz es el repunte de la inflación. ¿Está en el equipo de los que creen que esto es transitorio y el año que viene todo volverá a la normalidad o de los que están realmente preocupados?

R. De momento, confío en las previsiones del BCE y del resto de instituciones multilaterales que prevén un efecto transitorio. Es verdad que la inflación está más alta que hace dos meses, pero también es verdad que hemos estado intentando que no bajara la inflación más. En estos momentos, el nivel de precios no es sensiblemente distinto a los niveles prepandemia. Aunque la tasa de variación esté creciendo más que en los últimos años, todavía no estamos creciendo a niveles por encima de los previos a la pandemia. Todavía hay margen para que los precios puedan converger.

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P. ¿Ve algún riesgo especial para la economía española? Por una parte, está la tesis de que para las economías muy endeudadas no viene mal un poco de inflación para reducir la carga de la deuda, pero por otro estamos viendo un proceso en España en los últimos años de volver a indexar la economía a la inflación, con las pensiones, los sueldos de los funcionarios...

R. La revisión del marco del BCE está orientada a facilitar inflaciones por encima del 2% en la eurozona, y eso está bien. Que la inflación española pueda repuntar algo me preocupa en la medida en que repunte más o menos que la alemana. En definitiva, en la evolución de los costes laborales unitarios. Alemania está con tasas más altas que España. Previsiblemente, va a seguir así. Veremos qué pasa tras las elecciones. El problema no es tanto que España tenga inflaciones por encima del 2% —España y la eurozona deberían tenerlas—, sino que volvamos al diferencial de inflación de la burbuja inmobiliaria, donde esos diferenciales te acaban minando la competitividad. De momento no es así. A ver qué ocurre en Alemania, si hay un programa de inversión amplio, pero lo que hay que monitorizar son los diferenciales de inflación.

P. El miércoles pasado, Gobierno y sindicatos llegaron a un acuerdo para subir el salario mínimo a 14 pagas de 965 euros. La patronal se quedó fuera alegando que la recuperación aún no está del todo clara, que venimos ya de una subida muy fuerte y que hay pymes y autónomos que no pueden soportar ese gasto extra. ¿Qué salario mínimo se puede permitir España?

R. El acuerdo de coalición establece alcanzar ese 60% del salario medio al final del mandato. Es cierto que el 'shock' de la pandemia ha obligado a responder y creo que el Gobierno ha hecho bien esperando a calibrar el ritmo de recuperación, o incluso si había una recuperación, que era algo que en enero aún no estaba claro. Y en estos momentos las perspecitvas son más positivas y hay cierto espacio para subir el salario mínimo.

No sabemos si nos vamos a enfrentar a nuevas variantes del virus. Y hay que alcanzar los niveles de renta previos a la recesión

P. Hemos gestionado la crisis del coronavirus tirando del sector público: ayudas a empresas, ERTE, estabilizadores automáticos... Pero esto ha provocado un crecimiento notable de la deuda y del déficit estructural. ¿Ha llegado el momento de los ajustes o, como mínimo, de empezar a planificarlos para cuando haya que hacerlos?

R. Las estimaciones de déficit estructurales dependen del 'output gap' y del PIB potencial, y esto está sujeto a un reanálisis para dejar de usar este tipo de indicadores. Estamos en un debate sobre la revisión de las reglas fiscales donde uno de los propósitos es indicadores observables, en lugar de estimaciones. Es cierto que la deuda ha subido mucho, aunque el contrafactual habría sido peor. Pero, en primer lugar, no hay que dar por superada la crisis sanitaria. Hay una cierta exhuberancia en la percepcion sobre la evolución económica que habría que atemperar. Objetivamente, no sabemos si nos vamos a enfrentar a nuevas variantes del virus. Y en segundo lugar, hay que alcanzar los niveles de renta previos a la recesión. Y es ahí cuando habrá que ver el ritmo de retirada de los estímulos. El primer semestre del próximo año veremos una moderación algo mayor, el efecto de la recuperación va a llevar de forma natural a una reducción de los déficits públicos y cuando el horizonte esté más nítido habrá que empezar a acumular amortiguadores para el futuro. En ese momento, tendremos encima de la mesa unas nuevas reglas fiscales y obviamente todos los países, pero sobre todo aquellos que aspiramos a mantener con vida de forma estructural los Next Generation EU, debemos hacer un buen uso de los fondos comunitarios y respetar las reglas.

P. Medidas como crear una capacidad fiscal para la zona euro, con mayor potestad para recaudar más impuestos o posibilidad de endeudarse, suenan muy bien para un proyecto europeo y se suele culpar a los frugales de bloquearlo. ¿Pero no es esa solo una parte de la moneda? ¿No debería acompañarse de una mayor credibilidad fiscal por parte de países como España, que se han mostrado incapaces, con gobiernos de todos los colores, de enderezar el déficit estructural, incluso en años de bonanza?

R. Algunos hemos venido insistiendo en la necesidad de una capacidad fiscal anticíclica en la zona euro desde hace décadas, así como de una cesta de impuestos comunitaria que sustentara ese instrumento. Pues bueno, eso ya lo tenemos, tanto con el Next Generation EU como en el SURE. Es cierto que son dos instrumentos temporales, pero el debate sobre su posible mantenimiento de modo estructural está ya aquí.

Además, si bien la deuda emitida ahora tiene fecha de maduración, 2058, los ingresos derivados de esa cesta de impuestos serán estructurales, lo que facilita, y mucho, la posible emisión de nueva deuda en el futuro. En todo caso, para todo ello debemos, en primer lugar, hacer un buen uso de la financiación comunitaria movilizada en esta crisis y, sin duda, estar comprometidos con la estabilidad de la deuda pública nacional y las normas que emanen de la revisión de las reglas fiscales actuales, cuyo ritmo actual de reducción obligatoria anual de deuda pública (1/20 anual de la deuda superior al 60% del PIB) es irrealista.

Por cierto, no dejaré de recordar que la deuda pública española en 2007 se situaba en torno al 35% del PIB y el saldo presupuestario era superavitario en un 2% del PIB.

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P. En 'Volver a las raíces', defiende una más y mejor Europa para un mundo globalizado, pero las tendencias de fondo parecen ir por otro lado. Brexit, Hungría, Polonia, Trump, ahora Biden... ¿Hasta qué punto este mar de fondo amenaza el proyecto europeo?

R. Hay varias áreas donde las cosas van en la dirección correcta. En este último curso político, la Unión ha sido capaz de gestionar con éxito el proceso de compras centralizadas de vacunas contra el covid, aun con las dudas de los primeros meses, así como el certificado covid, las emisiones de deuda comunitaria del Next Generation EU y del programa SURE se han venido colocando muy exitosamente, y la financiación ya está llegando a los Estados miembros, mientras que los planes nacionales de recuperación y resiliencia de Polonia y Hungría se encuentran paralizados gracias a la condicionalidad democrática del reglamento del 'Recovery and Resilience Facility'.

También hay una agenda para la adopción de impuestos europeos para amortizar esa deuda acordada por Comisión, Consejo y Parlamento que tiene que ir implementándose, mientras que las negociaciones internacionales para fijar una tasa mínima a las grandes corporaciones y garantizar el pago de impuestos en las jurisdicciones donde se obtienen los beneficios avanzan bien.

Además, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no se está aplicando y ya se ha abierto la discusión sobre futuras reglas, con un informe del Parlamento aprobado en junio con el apoyo del EPP, Renew, Verdes y nosotros que condiciona la propuesta que esperamos de la Comisión.

Por último, no deberíamos olvidar tan rápido el resultado de las negociaciones con el Reino Unido para viabilizar el Brexit, que concluyeron con un buen acuerdo para la Unión, tan bueno que Boris Johnson ya está pidiendo reabrirlo. Es cierto que hay áreas donde los avances son más lentos, que nos incentivan a seguir trabajando, pero deberíamos fijarnos en el conjunto del escenario, que considero más positivo.

La zona euro se acercó más a un modelo de tipo de cambio fijo que a una unión monetaria. Parece que hemos aprendido la lección

P. Usted defiende que la globalización ha dejado anticuado el Estado nación. ¿Cree que la UE funcionaría mejor en una estructura completamente federal o sería algo ingestionable o indeseable a medio-largo plazo?

R. El libro no entra a fondo en un debate teleológico sobre el horizonte de la Unión, sino que intenta apegarse muy al presente y realizar propuestas pragmáticas y progresistas para los problemas del momento. Sin duda, mi inclinación más federalista impregna de un modo u otro todo el libro, pero el hilo conductivo no parte de una visión holística federalista que ordena todas las recomendaciones, sino que más bien se acerca a las cuestiones del ahora (seguridad y defensa, refugiados, política fiscal, recursos propios, cambio climático, acuerdos comerciales, etc.) y plantea vías de avance para el corto y medio plazo.

P. La UE ha tenido un rol importante en la gestión de las últimas grandes crisis europeas: la de la zona euro en 2010-2015, la de los refugiados y ahora la del covid-19. ¿Qué balance hace de la gestión europea de cada una de ellas?

R. La crisis sanitaria, económica y social derivada del covid se ha venido gestionando muy positivamente desde todos los ámbitos, más allá de la desorientación de los primeros meses, en el invierno de 2020, o las dudas sobre el aprovisionamiento de vacunas a principios de este mismo año. Como le decía al inicio de esta entrevista, podemos estar razonablemente satisfechos aun cuando todavía no podemos cantar victoria, y hay que mantenerse alerta.

Por su parte, la crisis de refugiados sigue sin estar resuelta y la propuesta de la Comisión sobre el Nuevo Pacto sobre Inmigración y Asilo adolece de una aproximación suficientemente solidaria, aunque en todo casi sigue sin visos de salir adelante. La gestión de la crisis de la zona euro evitó una ruptura de la unión monetaria, pero a un coste social y político muy elevado ante la negativa de Alemania, donde Merkel gobernaba con los liberales, por cierto, o Francia, con Sarkozy en aquel entonces, de adoptar, curiosamente, las políticas que se están impulsando ahora.

En el 'Anuario del euro 2021', que publican la Fundación de Estudios Financieros y la Fundación ICO, coordinado por el economista Fernando Fernández, escribo un artículo sobre la respuesta a la crisis de entonces y ahí explico cómo, en mi opinión, la zona euro se acercó más a un modelo de tipo de cambio fijo que a una unión monetaria. En todo caso, parece que hemos aprendido la lección.

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P. También defiende en su libro que la izquierda del siglo XXI debe hacer bandera de la lucha contra la desigualdad ¿Se ha metido la izquierda europea en general, y la española en particular, en demasiadas batallas identitarias en los últimos años? ¿Cómo se sale de ahí?

R. La dilución de la soberanía económica de los Estados nación es muy evidente desde la década de los noventa del siglo pasado. Con más o menos voluntad política por parte de los gobiernos nacionales, las estadísticas de desigualdad económica recogen un incremento permanente en todo Occidente desde entonces. Hasta las últimas dos crisis, la globalización ofrecía más oportunidades de crecimiento, pero menor fortaleza en los instrumentos de redistribución. Durante un tiempo, mientras se hablaba de la 'nueva economía', en que no habría ciclos, la izquierda no solo perdió esa capacidad de intervención mediante los Estados nación, ante la globalización de los mercados, sino también en algunos casos el interés, porque el crecimiento estaba creando una notable prosperidad que, si bien no se distribuía equitativamente, permitía en todo caso reducir la pobreza.

La tercera vía, con su visión hiperoptimista, que reflejaba el espíritu de la época, prestó menos interés a la redistribución y las renovaciones en torno a las políticas de la identidad en el siglo XX, que suponen una evolución natural de la propia propuesta de los noventa, no incorpora como novedad el objetivo de una mejora material de los colectivos discriminados y excluidos, algo que ya estaba presente en la agenda socialista previa, sino el reconocimiento de sus derechos civiles e individuales.
De alguna manera, como decía, la prosperidad parecía asegurada. Esta ampliación del espectro de las políticas socialdemócratas era y sigue siendo necesaria. A la vista está lo que ocurre en Polonia, Hungría o el incremento de los delitos de odio en nuestro país.

Mi contribución al debate es que tras dos crisis económicas en este siglo debemos recuperar la capacidad redistributiva y regulatoria del poder público, y eso pasa ahora por profundizar en la Unión. Debemos acentuar el carácter materialista de nuestra promesa, que ahora incluye, por cierto, el combate contra el cambio climático, que no es un asunto estrictamente ambiental, sino lamentablemente existencial.